Medio Ambiente: la cuestión es que no te creo
Por Humberto Campodónico
Uno de los principales problemas, sino el principal, que tiene el Estado en el cumplimiento de sus roles y tareas con la preservación del medio ambiente es su absoluta falta de credibilidad. Los pobladores de las zonas donde se realizan actividades extractivas, no cree en los funcionarios del gobierno, ni en los estudios de impacto ambiental (EIA) que se realizan. Hasta cuando va a visitarlos el Primer Ministro (como hace poco sucedió en Majaz), la gente tampoco les cree.
Esta falta de credibilidad es fácil de explicar: desde principios de los 90 los gobiernos se han parcializado con los inversionistas. Han adoptado la regla Nº 1 del comerciante: el cliente (el inversionista) siempre tiene la razón.
Revertir la falta de credibilidad no es fácil. Va a requerir de buenas políticas, de consulta con los ciudadanos y, también, de mucha paciencia. Un primer punto clave es que las auditorías ambientales sean creíbles, es decir, que los pobladores tengan confianza que las autoridades les están diciendo la verdad.
Para lograrlo, se tiene que cambiar la legislación actual, sobre todo la que dispone que el Ministerio de Energía y Minas aprueba los EIA y, a la vez, tiene el mandato de promover la inversión en su sector. Aquí hay un evidente conflicto de intereses y, como ya se ha dicho, las autoridades favorecen a los inversionistas.
Pero el problema va más allá. La legislación tiene un modelo transectorial, donde coexisten, a nivel nacional, la Autoridad Ambiental Nacional (el Consejo Nacional del Ambiente, CONAM, que depende de la PCM), las autoridades sectoriales (como el Ministerio de Energía y Minas), además de los gobiernos regionales y de las municipalidades.
Este "modelo" transectorial, como lo dice Iván Lanegra de la CONAM, tiene problemas de "conflicto de competencia, pues hay dos o más entidades encargadas de la misma función o atribución (explícita o implícitamente). También tiene vacío de competencia, o sea ninguna entidad encargada de la función. Y hay funciones vinculadas cruzadas, es decir que existen dos o más entidades encargadas de funciones enlazadas (que necesitan o deben ser coordinadas) o que hay interacción entre funciones sectoriales y transversales" ("Evolución de la gestión pública ambiental en el Perú, 1990-2005", www.conam.gob.pe).
Por eso, como dice la Defensoría del Pueblo, surgen conflictos entre instituciones del Estado, como el que implicó a Perupetro con Inrena y la propia Defensoría en el caso de los lotes para exploración petrolera asignados hace pocos meses.
No hay, entonces, autoridad ambiental autónoma (AAA), pues el CONAM es un organismo público descentralizado que depende de la PCM y que no tiene mandato sobre los EIA relacionados con los recursos naturales mineros y de petróleo y gas. Esa AAA debe ser, a nuestro juicio, un Ministerio del Ambiente, como ya existe en Bolivia, Colombia, Ecuador y Chile.
Pero el problema no es solo legal. Es también político. Incluso si se crea un Ministerio del Medio Ambiente, como lo ha propuesto hace poco el Presidente García (se afirma que el BID se lo ha pedido para aprobar el préstamo de US$ 400 millones para la exportación de gas por Perú LNG), Fernando Eguren de CEPES nos dice que:
"Tampoco resolvería gran cosa pues dependería políticamente del presidente. Lo que se requiere es un organismo autónomo que tenga la libertad de discrepar con el Ejecutivo cuando sea necesario, y que tenga la fuerza y autoridad de normar, fiscalizar y sancionar a quienes atentan contra el medio ambiente –aún si los responsables son empresas poderosas–" (Editorial de Revista Agraria, diciembre 2007, www.cepes.org.pe). Si se quiere recuperar la credibilidad y sentar bases claras de gobernabilidad, ese es el camino.
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