Jans Cavero
La hipótesis que formulamos a inicios del año 2018, y que nos valió una entrevista en radio Capital de Lima, se confirma ahora. Y es que a través de acuerdos colusorios el “Club de la Construcción” ha participado en varias regiones del país, ganando licitaciones de obra a cambio de jugosas coimas. En el caso de Ayacucho, durante la gestión de Wilfredo Oscorima, se han licitado proyectos emblemáticos por un valor estimado de mil millones de soles, sin contar con la construcción de la Carretera Quinua – San Francisco, cuya ejecutora fue Provias Nacional y sobre la que Graña y Montero ha confirmado el pago de 12 millones en coimas.
Precisamente, un aspirante a colaborador eficaz —cuya identidad sería Elard Tejeda Moscoso, uno de los dueños de OBRAINSA—, ha declarado ante el fiscal del caso “El Club de la Construcción” que se desembolsaron pagos ilícitos al ex gobernador regional de Ayacucho Wilfredo Oscorima, en el proyecto de inversión “construcción de la carretera Toccto-Condorccocha – Vilcashuamán”, licitado en el 2014 por el monto de 138,7 millones de soles. La obra inició el 2015 y debió concluir a los 720 días. Sin embargo, a la fecha no está liquidada, y el monto de la misma se ha disparado a 195 millones de soles.
Bajo este escenario de corruptelas, el Ministerio Público debería abrir las investigaciones correspondientes a los ex gobernadores regionales, ex ministros y demás altos funcionarios que faenaron con dinero público, pues solo denunciar y perseguir penalmente al otrora Presidente Regional de Moquegua, Martín Vizcarra, supondría garantizar la impunidad de otros gobernadores regionales que también recibieron coimas, utilizando similar modus operandi.
Haciendo memoria, conviene recordar que la intervención de la mencionada carretera se remonta al año 2012, cuando fue aprobado el estudio de factibilidad del proyecto “Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Abra Toccto – Vilcashuamán, Tramo: Condorccocha – Vilcashuamán” (CUI 2160200). La OPI del Ministerio de Transportes declaró la viabilidad del PIP formulado por Provias Descentralizado, con un monto de inversión de S/. 83,5 millones. En el año 2014, Provias Descentralizado aprobó el expediente técnico del proyecto, cuyo presupuesto de obra ascendía a S/ 134.12 millones de soles. Sólo faltaba la convocatoria de la licitación.
Aquí viene la primera interrogante: ¿Porqué el MTC, a través de Provias Descentralizado, declinó de ejecutar la obra, transfiriendo su ejecución al Gobierno Regional de Ayacucho?; ¿el traslado de unidad ejecutora fue a iniciativa del MTC o fue pedido por el GRA?; ¿cuáles fueron las razones que sustentaron el cambio de unidad de ejecutora del MTC al GRA?; ¿fue Oscorima u otro funcionario del GRA el encargado de gestionar el cambio de unidad ejecutora?; ¿algunos altos funcionarios del Estado acompañaron a Oscorima o gestionaron la reunión de los comisionados del GRA con directivos de Provías y del MTC?; ¿el GRA tenía mayor capacidad técnica y mejor organización que el MTC como para hacerse cargo de la ejecución de obra?
Desde mi perspectiva, este cambio de unidad ejecutora, así como las razones que motivaron el mismo, debería ser un tema de investigación fiscal, pues técnicamente considero que el MTC debió mantenerse como ejecutora, tomando en cuenta que teóricamente, a través de sus dos proyectos especiales, el citado ministerio tiene el know how en infraestructura vial.
Teniendo la calidad de unidad ejecutora, el GRA tenía expedito el camino para la licitación de obra. Para ello, la gestión de Wilfredo Oscorima convocó a la OIM a efectos de que se encargue del proceso de selección. Como era de esperarse, el proceso licitatorio fue ganado por OBRAINSA, adjudicándose el contrato por 138 millones de soles. Cabe señalar que estos organismos internacionales cobran entre 1 y 3% del valor de la obra por realizar procesos de selección, y la experiencia peruana ha demostrado que la OIM, UNOPS, OEI, no han garantizado, por un lado, buenas empresas contratistas; y, por otro lado, han estado inmersas en permanentes cuestionamientos, dado su escasa transparencia.
Aquí viene la segunda interrogante: ¿La selección fue direccionada para que OBRAINSA gane la buena pro?, ¿OBRAINSA ganó la licitación en un procedimiento competitivo?, ¿Oscorima, según la declaración del aspirante a colaborador eficaz, recibió alguna coima de la empresa contratista?, ¿de cuánto habría sido la coima?, ¿qué otros funcionarios del GRA habrían participado del presunto acuerdo colusorio?
Por cierto, casi todas las obras licitadas por la OIM en Ayacucho han presentado cuestionamientos: La construcción del Hospital Miguel Ángel Llerena (categoría III-1), un contrato llave en mano que se adjudicó al consorcio ICCGSA – INCOT por 363 millones de soles; construcción del colegio emblemático Mariscal Cáceres por casi 50 millones, a cargo de la empresa ALTESA. La construcción de los centros educativos San Ramón y Nuestra Señora de las Mercedes también experimentaron deficiencias durante la ejecución.
Sin embargo, pese a la presencia de varios socios del Club de la Construcción en diversos contratos celebrados por la gestión de Oscorima, no hay denuncia penal alguna, y menos proceso judicial, por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, salvo el caso del Hospital Regional de Ayacucho, el cual está judicializado, pero lamentablemente duerme el sueño de los justos. Por tal razón, considero importante que el fiscal Germán Juárez Atoche, teniendo como premisa la declaración del aspirante a colaborador eficaz, continúe y formalice el procedimiento de colaboración eficaz, de modo tal que se abra investigación preliminar contra Wilfredo Oscorima y otros responsables.
No perdamos de vista que la construcción de la carretera Toccto-Condorccocha – Vilcashuamán, Tramo: Condorccocha – Vilcashuamán comprometió significativos recursos del erario. Si bien la obra se licitó en 138 millones, posteriormente experimentó 02 variaciones en su monto debido a la aprobación de adicionales y pago de mayores gastos generales derivados de ampliaciones de plazo: La primera modificación se hizo en el 2016, registrándose un presupuesto equivalente a S/. 160 millones; la segunda, en el año 2019, supuso un incremento de S/ 195,7 millones. Según INFOOBRAS, al 21/11/2019, la obra tenía un avance físico de 74,2%.
Pero lo más importante es que a los casi 10 mil beneficiarios del proyecto se les ha negado una intervención pública de calidad, afectándose seriamente la prestación del servicio público de transitabilidad vial. No está demás que la Contraloría General realice el control posterior de la ejecución de obra, con el propósito de determinar si en esta fase se cometieron irregularidades, incumplimientos normativos y perjuicios económicos al Estado.
Por si fuera poco, OBRAINSA tiene un laudo arbitral a su favor por S/. 1,171,383.6, sin embargo, se ha declarado insolvente ante INDECOPI y está incluida como tercero civilmente responsable en el proceso judicial a cargo del Equipo Especial del Caso Lava Jato.
