Pasividad de las instituciones del estado con la corrupción

Por Mg CPCC Luis Alberto Latínez Carpio*

Si bien es cierto la corrupción está generalizada en nuestro país, la misma se sigue extendiendo. Ya he manifestado que el responsable que la corrupción se haya generalizado, fue el gobierno de Fujimori, pues una mafia nos gobernó. También son responsables los gobiernos democráticos de Toledo, García, Humala, Kucynski y Vizcarra porque en lugar de erradicar la corrupción, continuaron con las prácticas corruptas.

Lo que sentenció el maestro Manuel González Prada, que «el Perú es un enfermo que donde se le aplica el dedo brota pus», ha sido superado, porque en estos momentos «el Perú es un enfermo que por donde se le mire está brotando pus”

Frente a esta situación las instituciones del Estado permanecen impávidas y no atinan a nada. Es necesario que las instituciones del Estado accionen, para los cual, entre otras  medidas, pueden:

• La Contraloría General de la República (CGR), cuyo labor es liderar la lucha contra la corrupción, pues su atribución principal es supervisar el correcto uso de los fondos del Estado, debería programar acciones de control a todas las obras ejecutadas por Odebrecht, a todas las obras ejecutadas por las otras empresas constructoras brasileñas y a todas las obras ejecutadas por las empresas del Club de la Construcción, teniendo en cuenta que coimearon para que les asignen las Obras y sobrevaloraron las mismas a través de adendas. Estas acciones de control permitiría valorizar el daño económico ocasionado a nuestro país. De los datos que tenemos,  sólo Odebrecht nos robó sobrevalorando las obras ejecutadas por 17 mil millones de soles.
  Teniendo en cuenta que tanto el Poder Judicial como la Fiscalía de la Nación han sido y son antros de corrupción, la CGR a través de las Oficinas de Auditoría Interna y/o Inspectoría General debería programar acciones de control para determinar signos exteriores de riqueza o enriquecimiento ilícito cruzando las Declaraciones de Rentas y Bienes, que está obligado a presentar todo funcionario públicos con lo que realmente tienen. Se han dado casos de jueces y fiscales, que si bien perciben sueldos decorosos, los mismos no les alcanzan para tener innumerables propiedades tanto en el país como en el extranjero.
  Estas acciones de control también debería aplicarse a todas las dependencias de las instituciones del Estado (gobierno central, gobierno regional, gobierno municipal) encargadas de las adquisiciones de bienes y servicios y asignación de Obras. Es urgente que se aplique una acción de control al organismo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, responsable de la asignación de obras de los últimos seis (6) gobiernos, porque la coima esta institucionalizada.
  Asimismo, la CGR debe investigar de oficio el ACUERDO suscrito entre la Fiscalía de la Nación y los representantes de Odebrecht, teniendo en cuenta que existiría un significativo perjuicio económico al Estado, pues la reparación civil es insignificante (610 millones de soles)  en comparación con lo que nos robó Odebrecht (17 mil millones de soles). También debe investigar los beneficios que se le está otorgando a la mafiosa empresa Odebrecht y determinar si procede que continúe contratando con el Estado, teniendo en cuenta el daño económico ocasionado al país (sobrevaloración de Obras y arbitrajes irregulares)

• La Procuraduría Anticorrupción deberá recopilar información de todos los casos de corrupción de los gobiernos anteriores y del gobierno actual y evaluarlos para que proceda a solicitar a la Fiscalía de la Nación que proceda a investigar.
• La Fiscalía de la  Nación deberá investigar todas las obras ejecutadas por Odebrecht, todas las obras ejecutadas por  las otras empresas constructoras brasileñas y las obras ejecutadas por las empresas del Club de la Construcción, previa coordinación con la CGR.
  También debe investigar de oficio todos los nuevos casos de corrupción previa coordinación con la CGR

• El Congreso de la República deberá aprobar un Proyecto de Ley que prohíba a todas las empresas corruptas que no contraten con el Estado.
  La Comisión de Fiscalización, debe convocar al Contralor General de la República para que informe sobre su gestión y exigirle que cumpla con su labor de supervisar el correcto uso de los fondos públicos, bajo responsabilidad. De no hacerlo puede ser hasta vacado por negligencia en el cumplimiento de sus funciones.
  La Comisión de Fiscalización, también puede convocar a la Fiscal de la Nación para que proporcione información y alcance el ACUERDO entre la Fiscalía de la Nación y Odebrecht y hasta investigar para deslindar las responsabilidades del caso,  teniendo en cuenta el daño económico  ocasionado al país.   

• La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) teniendo en cuenta que existe enriquecimiento ilícito, evasión tributaria y hasta delitos tributarios, deberá:
  Fiscalizar a los jueces y fiscales por desbalance patrimonial (los egresos superan a los ingresos), porque  existen evidencias de que muchos jueces y fiscales ostentan patrimonios que superan significativamente sus ingresos.
  Esta misma fiscalización de desbalance patrimonial, puede aplicarlos  a los funcionarios públicos encargados de comprar bienes y servicios y asignar obras. También se puede aplicar a los integrantes de las  Comisiones encargadas de convocar las licitaciones para compra de bienes y servicios y asignar obras.
  Fiscalizar a las empresas integrantes del Club de la Construcción porque está demostrado que por el pago de las “coimas” les entregaban  Facturas, las mismas que las han utilizado para pagar menos IGV y pagar menos Impuesto a la Renta. Hay que tener presente que a partir del periodo tributario de 07/2012 la compra de comprobantes de pago o registrar los comprobantes de pago por  operaciones inexistentes es considerado delito tributario siendo la sanción de 5 a 8 años de cárcel. En el caso de las empresas del  Club de la Construcción la mayoría de estas facturas por operaciones inexistentes están con fecha posterior a julio del 2012.
  Fiscalizar a Odebrecht todos los años no prescritos, incluidos los periodos tributarios donde hay suspensión e interrupción de la prescripción, porque también hay evidencias que conseguía comprobantes de pago para pagar menos IGV y menos Impuesto a la Renta. Hay que investigar también si todas las sobrevaloraciones a través de las Adendas fueron facturadas y si todos los arbitrajes que ganaba sobornando fueron facturados. Para conocimiento del lector, SUNAT tenía una oficina dentro de las instalaciones de Odebrecht

*Asesor y consultor de empresas

• Especialista en Tributación
• Auditor
• Presidente del Centro de Investigaciones Contables y Tributarios
• Past-Decano del Colegio de Contadores Público de Lima (CCPL)2007-2009
• Past-Director de Defensa Profesional del CCPL 2001-2003
• Ex-Jefe SUNAT
• Ex-Presidente del Instituto de Administración Tributaria (IAT)