César Lévano
En el Perú, el Poder Judicial debería tener como símbolo, no una balanza, sino una cabeza de búfalo. Sería el justo reconocimiento al hecho de que esa institución ha sido transformada en instrumento del Apra.
El escándalo que ha surgido porque el Tribunal Constitucional nombró fiscal supremo, sin tener atribuciones para hacerlo, a Mateo Castañeda Segovia.
Esa resolución viola el artículo 150 de la Constitución, el cual establece que es el Consejo Nacional de la Magistratura el que se encarga “de la selección y el nombramiento de los jueces y fiscales”.
A esa sinrazón se suma la elección de Carlos Ramos Heredia como fiscal de la Nación. Ocurre que sobre el doctor Ramos pesan antecedentes muy graves, tanto por su actuación frente a la actividad delictiva en la región Áncash –donde sancionó a fiscales que investigaban a César Álvarez, presidente de la región– como sus sospechosos vínculos con la mafia del caso Business Track. Se le vinculó con la pérdida del USB que involucraba a Jorge del Castillo con ese “faenón”. En las investigaciones se halló un audio en el que Alberto Químper explicaba que Ramos ya había sido conversado.
En muchos otros casos, incluido el de la universidad Garcilaso de la Vega, cuyo rector es de filiación aprista, se puede ver que la justicia está en manos de un partido cuyos líderes tienen una firme vocación por el dinero, no por la justicia.
En el fondo de la coyuntura actual, el desenfreno inconstitucional de la cúpula aprista se debe a que su dirigente máximo, el expresidente Alan García, teme, con justa razón, que la justicia lo castigue por un hecho imborrable: el haber favorecido a narcotraficantes y otros delincuentes con conmutaciones de penas e indultos.
El doctor García ha afirmado, como es público, que cada una de las acciones a favor de los forajidos fue consultada por él directamente a Dios.
Por los efectos perniciosos de esas medidas, cabe sospechar que García cometió un error: lo más probable es que quien le respondió fue el mismísimo demonio. Calumnia vil resulta atribuir al Ser Supremo una inclinación benigna respecto a los culpables del sucio negocio de la droga.
La manipulación del Poder Judicial por un partido político tiene alcances funestos más allá de la política. La propiedad, los conflictos familiares y sociales, la moral pública, el crimen organizado, todo queda en manos de una red partidaria.
Hace un siglo, Manuel González Prada fustigó los vicios y los crímenes de la magistratura. Resulta una ironía histórica que el partido que colocó en sus banderas iniciales el nombre y la efigie de don Manuel sea hoy culpable de una crisis ética y legal que parece no tener remedio.
La Primera, 04.05.2014
