Por Herbert Mujica Rojas
Que nuestro país es original en múltiples formas y cosas, no hay duda posible. Aquí se producen robos y estafas que sí concitan el foco de los miedos de prensa, el hablar de políticos deslenguados y la tasación del escándalo depende del peso de quiénes estén involucrados. No olvidemos que en Perú llueve para arriba.
En estos últimos 2 ó 3 meses los insalvables reparos de la Contraloría a la firma de la adenda al contrato del aeropuerto de Chinchero por parte del Poder Ejecutivo han permitido conocer que el ex ministro de Economía hizo fuerte presión al Contralor. Más aún, éste ha revelado que una troika no tan insólita: Thorne, Vizcarra y Zavala, le acorralaron con el mismo fin concesivo. Nótese que Thorne y Vizcarra ya tienen lápida en el cementerio político local.
Las respuestas furiosas han hecho del Contralor Alarcón un pararrayos propicio para todo tipo de acusaciones. ¿Se malogró un negociote en que ya algunos acariciaban y pulían las uñas por más de US$ 125 millones de adelanto con una empresa chilena?
Algo tiene que haber ocurrido. Además hay cuchipandas que tienen bajo perfil aunque sean los referidos a la recompra de la deuda pública del Perú y la emisión de bonos por US$ 13 mil millones de dólares que generaron una comisión de casi US$ 400 millones. Sobre este tema los miedos no dicen ni chis ni mus. Es de “bajo perfil” el asunto. ¡Cómo no, si en Perú los robos y su clasificación bursátil depende de quién o quiénes los hagan!
Conozco un caso muy de cerca porque lo denuncié ante la Contraloría General de la República, bastante antes que el actual titular –Alarcón- se hiciera del cargo, y también en la Fiscalía Anticorrupción: el tema de los pasaportes electrónicos en que se ha producido en Cancillería un sobreprecio –léase ROBO- de casi US$ 16 millones de dólares, la buena pro con nombre y apellido a un monopolio francés: Imprimerie Nationale-Gemalto y ha sido tan grave el asunto que la carpeta 023 de la Contraloría ya está ante la II Fiscalía Corporativa en Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos, es decir es un asunto penal.
Pero, aunque el lector no lo crea, los miedos de comunicación que otorgan una bulla ensordecedora a otros robos noticiosos, NO se interesan en dar cuenta de la estafa habida en el Ministerio de Relaciones Exteriores por casi US$ 16 millones de dólares.
Hay una evidente discriminación porque el sobreprecio es robo y los forajidos, aunque tengan saco y corbata, le siguen robando al Estado y éste lo integramos todos los peruanos. ¿En qué quedamos?, ¿o somos tontos de capirote o hay interés en ver, oír y callar? ¡Vergüenza debería dar toda esta aberración con el dinero público!
Seguiremos denunciando los robos de unos y la mudez de otros.
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28.06.2017
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