Por Alfredo Palacios Dongo
El pasado 28 de julio, el presidente Humala en su mensaje a la Nación, reconoció el crecimiento de acciones delictivas en el país, explicando que además de falta de presencia policial y equipamiento, el hacinamiento de la población penitenciaria facilita la organización de un conjunto de delitos desde su interior, por lo que, dijo, se prevé la construcción de 8 nuevos establecimientos penitenciarios y la remodelación de 11. Es todo lo que planteó sobre el sistema penitenciario єcomponente importante de la política de seguridad interna—, cuando lo que se requiere urgentemente es su reforma integral.
El hacinamiento en el penal de Lurigancho es realmente dramático
Solo una semana antes del mensaje presidencial, en el penal de Piedras Gordas, la Policía Antisecuestros incautó agendas con listas de nombres, teléfonos y direcciones de unos 100 empresarios a los que pretendían extorsionar o secuestrar, incautándose además celulares, chips, cargadores, reproductores, antenas y recibos de depósitos y números de cuentas bancarias. Paradójicamente a este penal se le cataloga como de “máxima seguridad” cuando realmente se trata de un “centro del delito”.
En nuestro país no se cumple el mandato constitucional (artículo 139 inciso 22) sobre el objetivo fundamental del régimen penitenciario: la reeducación y rehabilitación del interno a la sociedad. Lamentablemente en nuestros penales predomina una grave corrupción y discrecionalidad, donde se promueven excesos y abusos, se fortalecen las bandas de secuestradores y narcotraficantes y las escuelas del crimen, motivo por el cual las posibilidades de resocialización son muy limitadas o casi nulas.
Bajo este panorama, la solución del sistema penitenciario no consiste solo en construir penales al ritmo de crecimiento de la población penal, lo cual es imposible, ya que en los últimos 10 años se incrementó 124% (de 28,800 a 64,600) y todos los penales del actual sistema penitenciario del país solo pueden albergar unos 27,000 internos, lo cual obliga a contar con sistemas de penas en libertad para perfiles menos complejos (uso de brazaletes electrónicos) y mejorar el sistema de justicia (casi el 60% están sin sentencia).
Pero sobre todo se requiere una reforma integral con objetivos, metas e indicadores que incremente la seguridad e institucionalidad penitenciaria para erradicar la corrupción, implementando la supervisión judicial y mejorando la gestión penitenciaria y el tratamiento de los internos en los aspectos laborales, legales, educativos, de salud y psicológicos para lograr su reinserción social.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 10 de agosto de 2013
