¿Alcanzan los emolumentos de legiferante para vivir la rutina con que sueña la inmensa masa holgazana que urge de fecha fija de pago, pelotones de asesores, brigadas de secretarias, y manadas de adulones que les dicen doctor, en la mañana, en la tarde y en las noches?

Pocas veces, casi nunca, se formula la pregunta: ¿viven los congresistas del sueldo que les paga el pueblo? Si la política se aprecia por los resultados, los desmadres, ridículos, mediocridades de que son autores los legiferantes, en lugar de ser honrados mensualmente, lo apropiado debiera ser que ellos paguen por serlo.

La teoría ramplona dice que se debe pagar bien. Con algo de crítica se debe preguntar: ¿pagar bien a quienes tienen por naturaleza torpe y ramplona, hacer las cosas al revés, mal y contra los elementales principios de lo correcto? ¿El mundo al revés?

En Perú llueve para arriba y esta humilde tesis NO ha sido rebatida hasta hoy.

En el caso contemporáneo, de la masa congresal y sus desmanes, atropellos y barbaridades en que ha incurrido, no requiere de mayor probanza. Todos los días hay noticias de líos gordos en que las estrellas del espectáculo son los parlamentarios.

Desde hace muchas décadas, por no decir casi siempre, ha existido una patota legisladora –de abuelos a nietos-, capaz de recibir un emolumento pero vivir con los signos exteriores de riqueza de cuatro o cinco sueldos. ¿Por qué?, es la interrogante.

Si los congresistas, ganan sin merecerlo, un monto aproximado de US$ 10 mil mensuales que pagan por yerros vergonzosos, ridículos diarios, incongruencias nefastas y de pasados aberrantes, entonces hasta un sueldo mínimo resultaría excesivo para premiar la estulticia congénita de muchos de los que hemos conocido como congresistas.

¿Por qué un pequeño número de legisladores vive bien en una burbuja cuando millones de peruanos y peruanas, lo hace mal y al borde de la desesperación?

Los únicos que parecen no darse cuenta de la antipatía que les guarda la sociedad civil, son los legisladores. Para el habitante común y corriente el archiconocido tráfico de influencias es el deporte preferido que practican o han hecho, decenas o cientos de legiferantes.

Citas con ministros, presión a titulares de entidades públicas, gestiones diversas y variopintas a todo nivel y de cobertura nacional, son parte del menú cotidiano en que se zambullen no pocos parlamentarios. ¿Las leyes, sus proyectos, el respeto a electores, acaso importan un bledo?

Este Congreso reputado como de los malos entre los peores de las últimas dos décadas, tiene entre sus miembros a varios “mochasueldos”.

Ciertos congresistas obtuvieron, de las partidas para representación o del sueldo de asesores y secretarias, el reparto de los peces y los panes, aunque éste no fuera un acto de bondad en la materia que nos ocupa, sino de delito puro. ¡Con un sueldo “ganaban” tres o cuatro ujieres! Y la inclusión de queridas, queridos, amantes, primos y primas, tampoco ha resultado maña ajena a la magia de estos individuos.

Aunque esta mala “tradición” no sea nueva u original, sí es una fea mácula que se nota a leguas en un Congreso que, para buena parte de la población, debía ser disuelto a latigazo limpio.

En lugar de producir con sus haberes mensuales, más forados en el bolsillo popular, los legisladores debían pagar por serlo. Dirá alguien que con eso se desalienta la participación política de postulantes. O que es un disparate.

Parece ocioso pagar a quienes hacen mal su trabajo y ¡encima! ostentan honorabilidad cero y sí lucen desverguenza a raudales.

¿Es la empresa o institución pública, refugio de ganapanes, fracasados o aventureros especializados en mamar de la cansada ubre del Estado? Recuérdese: todo cuesta al pueblo en Plaza Bolívar, los legisladores, secretarias, asesores, choferes, alimentación, protocolos, libros a imprimir de ellos mismos. ¿A cambio de qué? La pregunta se responde sola: ¡de nada y de deleznable calidad la mínima!

¿Por causa de qué las múltiples críticas, todas con razón y peso demoledor, no hacen mella en los integrantes del Congreso? No hay peor ciego que el que no quiere ver, reza el aforismo popular.

Algunos llegaron al Parlamento entendiéndolo como plataforma para toda clase de negocios. Viven de la lotería que muchas veces son las obras públicas y del lobby –cabildeo- que hacen y que les proporciona varias veces el sueldo que mal ganan.

Muchas personas también piensan que hay que exigir a los candidatos a parlamentarios diplomas, grados académicos y especializaciones profesionales. Interesante idea.

No obstante tampoco hay que dejar de mencionar que muchos hombres y mujeres atiborrados de esos lauros, figuran entre los principales fautores de crímenes contra el Estado. Lo cierto es que ningún diploma garantiza honestidad, maldad o ineficiencia.

El periodismo tiene el deber de informar y señalar defectos y virtudes. Está en los integrantes de las instituciones del Estado, el hacer las correcciones que garanticen que el dinero de los contribuyentes sea empleado en organismos fieles a su mandato de servicio eficiente.

A modo de una reprimenda simbólica, los congresistas debían pagar por serlo, con rendición de cuentas y juicio de residencia para quienes, ganando una cantidad, ostenten propiedades, signos exteriores de riqueza, por mucho más.