Ana Muñoz Álvarez (*)
“Haga lo que haga siempre seré un ex presidiario. Los muros de la cárcel separan familias, destrozan futuro y te separan para siempre de lo que antes era tu vida”, explicaba unos meses un ex recluso a la televisión pública española. Un testimonio que pone de manifiesto la dificultad que las personas recluidas se encuentran cuando salen a la calle tras haber cumplido su pena.
“Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”, dice el artículo 25.2 de la Constitución española. Sin embargo, pasar de la teoría a la práctica es difícil. El sistema español no entiende la pena como un castigo, sino como un camino para la reeducación y la reinserción de la persona que comete un delito. Para poder cumplir con ese “mandato” constitucional, el centro penitenciario debería contar con los recursos suficientes para poder llevarlo a cabo. Y ahí es donde vienen los problemas. Tanto los reclusos como el personal de prisiones echan en falta una mayor inversión en los centros. Los funcionarios de prisiones en Cataluña, por ejemplo, lamentan que la política del Gobierno catalán lleve a “recuperar un modelo penitenciario en el que primará sólo la custodia y la vigilancia en detrimento de la reinserción y la rehabilitación”. Para muchos expertos, el número de funcionarios y educadores en las prisiones españolas es insuficiente y, así, es difícil que las personas reclusas cuenten con una atención individualizada.
La reforma del Código Penal del ministro Gallardón, según algunos expertos, tampoco va a ayudar a mejorar estos aspectos. “Las reformas recientes han ido subiendo el número de años que deben cumplirse en prisión y es un error, porque no tiene ningún efecto en la reinserción”, explica Jacobo Dopico, profesor de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. El encierro y el aislamiento de las personas en prisión, sobre todo de aquellas que cumplen largas penas, llevan a la persona a situaciones psicológicas y emocionales difíciles que hay que tratar para que no derive a enfermedades psicológicas o graves cuadros de ansiedad.
El número de delitos en España se ha ido reduciendo paulatinamente. España tiene la menor tasa de criminalidad de la Unión Europea. Sin embargo, el número de personas en prisión no deja de aumentar y somos uno de los países europeos con un índice de encarcelamientos más alto.
El sistema penitenciario cuenta con herramientas para mejorar la reinserción de los internos, como el tercer grado o la libertad condicional. Sin embargo, las penas cada vez son mayores y una parte de la sociedad pide penas íntegras. Para Jueces contra la Democracia, esta no es una buena solución. Habría que invertir más y mejor en programas de reinserción, “pero son caros y no se apuesta por ello”, explican. Las personas reclusas, en muchos casos, sin formación necesitan apoyo para cuando salgan de la cárcel poder contar con herramientas para defenderse: encontrar un trabajo, sentirse miembros del grupo… Y esto es lo más difícil. La Fundación Atenea destaca que sólo el 5% de la población reclusa cuenta con estudios superiores.
Pero no sólo los centros penitenciarios tienen que mejorar para que las personas internas puedan reinsertarse, la sociedad también ha de cambiar y sensibilizarse con ellos. Pocas empresas tienen programas de reinserción para reclusos y muchos empresarios no contratan a estas personas o las despiden si llegan a descubrir su pasado. Las personas que salen de prisión ya han pagado su deuda ante la sociedad. Tienen derecho a tener una nueva vida y dejar atrás la anterior. El sistema ya les juzgó y les castigó. Abramos el camino para una segunda oportunidad.
(*) Periodista
Twitter: @anaismunoz
