Profesor Ólger Melgarejo Rodríguez
Se creía que a partir del 1 de enero, mediante la aplicación de la ley universitaria N.o 30220, iba a cambiar en las universidades la pésima situación de los estamentos donde imperan los rectores rebeldes.
Con anterioridad, la Sunedu, el Ministerio de Educación y Contraloría habían anticipado por todos los medios de comunicación las severas sanciones que caerían sobre las autoridades en caso no eligieran a sus sucesoras (rector, vicerrectores y decanos) hasta el 31 de diciembre, plazo de gracia otorgado por esta entidad rectora.
Indecisión de la Sunedu
Iniciado ya 2016, las autoridades del ramo aún se limitan a solo invocar a las autoridades rebeldes a cumplir con lo establecido por la ley universitaria; de negarse —dicen—, la Sunedu coordinaría con el MEF para cortarles el presupuesto, etc.; y también invalidaría en grados y títulos toda firma del rector, vicerrector o secretario general que incumplan la ley. Pero además se insinúa que la ejecución de tales medidas correctivas perjudicaría más a quienes se encuentran tramitando sus grados y títulos; por ejemplo. Incluso, el presidente Humala se sumó al grupo de los imploradores: en el interior del país, frente a sus oyentes, hizo un llamado a los rectores rebeldes a acatar la ley para no perjudicar a los estudiantes, a la institución y a sí mismos.
Esta realidad permite especular, sin temor a equivocarnos, que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley —la Sunedu en este caso— creyeron que su retahíla de amenazas y ultimátums doblegaría a las autoridades que desafían la ley, doblegamiento que no ocurrió. Evidentemente eso demuestra que la Sunedu no hizo reconocimiento del campo donde imperaban sus retadores; da la impresión de que prestaron más atención a los chicheñó u otros agentes de la mafia que, en casos similares a este, recurren a los contactos con que cuentan y ejercitan su habilidad rastrera para confundir y persuadir a gente no apta para estas lides.
Creemos que las autoridades de la Sunedu son las que deben actuar con decisión para posibilitar el cambio, dejando atrás sus contradicciones, marchas y contramarchas, indecisiones, que solo favorecen la permanencia de los grupos continuistas, veteranos de mil batallas en la defensa de sus intereses corruptos. Más de un observador ha percibido la renuencia o temor de la Sunedu para tomar el toro por las astas, conducta timorata quizá explicable si sabemos que esas autoridades rebeldes con mucha facilidad llevan sus casos al Tribunal Constitucional y están en su elemento entablando y respondiendo demandas judiciales.
Y esto con mayor razón cuando sabemos que los grupos corruptos tuercen la información para presentarse ellos como defensores de la autonomía universitaria, lo cual crearía un clima político favorable para ellos. Creemos que por falta de contacto con la realidad social, cultural y política del Perú, quienes dirigen la Sunedu temen caer en un enfrentamiento que, al menos parcialmente, pueda desarrollarse en el plano político, lo cual es un temor infundado, puesto que en lo político el gasto ya lo han hecho los ministros de Educación y Economía y Finanzas, que exhortan públicamente a la Sunedu para que haga cumplir la ley universitaria.
La Sunedu debe entender que hay que romper huevos para freírlos
La Sunedu no entró en combate franco en el territorio en el cual la retaban; antes bien, desde la distancia, desde la tranquilidad de un escritorio, ha seguido los acontecimientos pero sin dejar sentir su autoridad ni ejercer su función tuitiva, que expresada oportunamente podía —y aún puede— dirigirse a las universidades en falta no con invocaciones genéricas para cumplir la ley —inútiles entre quienes no quieren acatarla— sino con lineamientos precisos y plazos claros y con requerimientos de información (planillas para ver profesores que tienen requisitos de ley). De esa manera nadie podría alegar ignorancia de la ley y otras normas, ni salir con interpretaciones antojadizas e interesadas de la ley o estatutos.
Hay que decirlo: la Sunedu está poniendo en riesgo la ejecución de la ley por sus marchas y contramarchas. Si unos diez rectores con sus grupitos se hubieran alzado contra la ley, hoy 8 de enero, las autoridades de la Sunedu ya habrían renunciado por voluntad propia para júbilo de los enemigos —corruptos de toda laya— de la ley universitaria.
Plazos y tiempos
Si las autoridades de la Sunedu subrayaron con la preposición hasta el plazo (31 de diciembre) que tenían los rectores rebeldes, llegado enero, la Sunedu, por estar ya en el tiempo suyo, solamente debió ejecutar lo previsto.
Bajo responsabilidad, la Sunedu debió requerir a las direcciones de las oficinas de personal de cada universidad para que escalafón remita la planilla de docentes a más tardar el 20 de diciembre a fin de que personal de la Sunedu vaya determinando en qué docentes recaería la función de integrar el comité electoral que convoque a elecciones universales para los cargos de rector, vicerrectores y decanos.
Cuanto ocurre en esta primera semana de enero es de lamentar por la inepcia de las autoridades de la Sunedu, cuya plana directiva tiene que entender que el tiempo de las autoridades universitarias, asamblea universitaria o llámese como quiera, acabó el 31 de diciembre. Después de esta fecha, toda encargatura hecha por los rectores rebeldes en la función de rector, vicerrectores, etc., carece de valor por extemporánea, aunque las personas seleccionadas cumplan los requisitos; de manera que toda resolución rectoral o de la instancia que lleve la firma de estas personas encargadas debe carecer de valor para la Sunedu.
Concluyendo, la Sunedu —si no lo ha hecho— debe revisar las nóminas enviadas por escalafón de cada universidad y designar a quien corresponda en los cargos de rector y vicerrector, con directivas claras que normen su actuación, pues debe tenerse en cuenta que en nuestra sociedad —y por ende en las universidades— existe el gran vicio de interpretar las leyes como mejor nos parece.
Por todo lo que viene ocurriendo, sabemos que fácilmente se transgreden leyes y estatutos en cualquier aspecto. Por ejemplo, en estos días en una de las triadas que alegaban gobernar la Universidad de San Marcos figuraba una persona con más de 70 años de edad, lo que va contra el artículo 84.o de la ley 30220 y demuestra que desde el mismo comienzo son capaces de viciar un proceso de regularización.
El día de hoy 8 se sabe que la Sunedu, abandonando sus indecisiones, ha reconocido a Antonia Castro como rectora en la Universidad de San Marcos, institución que nunca debió pasar por la amarga experiencia de una institución controlada por un grupo continuista y corrupto que hacía de las suyas sin que la Sunedu reaccione oportuna y decisivamente.
Pero la Sunedu tiene más trabajo por delante, porque son varias más las universidades con autoridades reacias a respetar la ley. Esperemos que actúe de una manera más efectiva, más desinhibida, que sea más entradora (no más entrometida).
La Sunedu no debe dejar que la comunidad universitaria y la sociedad sigan perdiendo más tiempo al dejar que camarillas curtidas en el arte de torcer la legalidad hagan en las universidades lo que les viene en gana para satisfacer sus intereses de grupo y personales. Y para esto la Sunedu debe ejercer de manera hábil sus funciones, no reprimiendo sino informando y notificando oportunamente para que nadie interprete las leyes y estatutos como se le antoje.
Eso no es violación de la autonomía universitaria; es simplemente hacer lo que los rectores mafiosos se negaron a cumplir.
La Cantuta, 8 de enero de 2016
