Un audio difundido por el programa Panorama con las supuesta voces de los actuales ministros de Justicia Juan José Santiváñez y Eduardo Arana, presidente del Consejo de Ministros, cuando en septiembre de 2024 ocupaban los cargos de ministro del Interior y ministro de Justicia, muestra que Santiváñez pidió mejorar condiciones carcelarias de preso relacionado con “los Pulpos”, temible organización criminal responsable de numerosos asesinatos.

En la grabación Santiváñez habría solicitado a Arana interceder en el sistema penitenciario a favor de Miguel Marcelo Salirrosas, alias “el Diablo”, un expolicía condenado por integrar la peligrosa organización criminal “los Pulpos”.

Se escucha que Santiváñez pediría que Salirrosas sea trasladado a un pabellón más cómodo en el penal El Milagro de Trujillo.

“Han venido al ministerio de la familia de los policías. Te acuerdas que te hablé de Marcelo Salirrosas, el que está en Trujillo… todavía no lo cambian, hermano, sigue ahí”, se le escucha decir. Arana responde: “Ya. Lo veo ahorita”.

Panorama indica que la conversación habría sido registrada en el espacho de Santiváñez y hasta habría sido reproducida en altavoz para su entorno cercano.

Ambos ministros guardan silencio hasta el momento.

Esta grabación mostraría un hecho gravísimo, pues Santiváñez, ministro de Justicia, por su cargo con injerencia en las decisiones del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) descaradamente estaría interfiriendo en favor de ciertos presos, lo cual podría ser un indicio de favores que vayan más allá, como sucedió con el ministro de Justicia del régimen aprista de Alan García, Aurelio Pastor, quien iba a las cárceles buscando narcotraficantes que se beneficiarían con los famosos narcoindultos firmados por García.

Pero congresistas torcieron la ley para que ellos sí puedan postular a cargos de elección sin renunciar a sus cargos y para realizar proselitismo con el dinero de los peruanos.

El Jurado Nacional de Elecciones recordó que las autoridades de alto nivel que deseen participar de las Elecciones Generales 2026 como candidatos, pueden renunciar hasta el 13 de octubre.

A menos de ocho meses para las Elecciones Generales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que las autoridades interesadas en postularse tienen una fecha clave para cumplir con la norma electoral y renunciar hasta el 13 de octubre.
¿Cuál es la norma?

El JNJ dispuso que las renuncias de autoridades que deseen participar como candidatos en las elecciones generales del 2026 puedan presentarse hasta el 13 de octubre, mientras que las licencias de altos funcionarios que persigan esos mismos fines, a partir del 11 de febrero del siguiente año.

La medida fue anunciada mediante la Resolución N.° 0110-2025-JNE, publicada en marzo en el boletín de Normas legales en El Peruano, en la que el pleno de la JNE precisó sobre los plazos referidos a renuncias de autoridades y altos funcionarios, así como respecto de las licencias sin goce de haber de los funcionarios y trabajadores del Estado que pretendan postular a los próximos comicios.

La disposición busca informar de manera oportuna a las organizaciones políticas para que observen debidamente las reglas al presentar sus fórmulas y listas de candidatos.

La norma dispone que los altos funcionarios que decidan ser candidatos señalados en el artículo 91 de la Constitución Política, así como en los artículos 107 y 113 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), deben renunciar seis meses antes del día de las elecciones. A continuación las autoridades a las que alcanza la norma:

Presidente de la República, vicepresidentes, Ministros, Viceministros
Contralor General de la República, miembros del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Jurado Nacional de Elecciones
Defensor del Pueblo, presidente del Banco Central de Reservas, superintendente de Banca y Seguros, superintendente de Administración Tributaria, superintendente nacional de Aduanas y el superintendente de Administradoras de Fondos Privados de Pensiones
Gobernadores Regionales, vicegobernadores regionales, alcaldes, altos funcionarios
Miembros de las Fuerzas Armadas deben haber solicitado su pase al retiro

La normativa indica que quienes ocupan cargo público de alta responsabilidad deben dejar su puesto al menos seis meses antes de los comicios, para evitar el uso indebido de recursos público y garantizar la equidad en la contienda.

Los funcionarios y servidores públicos que no ocupen posiciones de alto rango no están obligados a renunciar, pero si debe solicitar su licencia sin goce de haber hasta el 12 de febrero del 2026.

Tomando en cuenta que nos acercamos al mes de octubre, el Jurado Nacional de Elecciones aprovechó para recordar a los interesados las fechas clave para renunciar de ser necesario y cumplir con la normativa vigente.

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La Policía Nacional del Perú (PNP) ha capturado a la exfiscal provincial Flor de María Maita Luna, quien permeneció en calidad de prófuga por más de 20 años. Se le acusa de haber formado parte de la organización criminal dirigida por el delincuente Alberto Fujimori y su exasesor Vladimiro Montesinos.

Maita Luna, siendo fiscal superior provisional de tráfico ilícito de drogas, se integró a la asociación ilícita de Fujimori y Montesinos, cuyo objetivo era controlar el Poder Judicial y el Ministerio Público, según la Fiscalía.

A cargo del caso se encuentra la fiscal adjunta suprema Alejandra Cárdenas, quien señala que Maita recibía mensualmente 2.500 soles del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para “torcer la voluntad de las actuaciones funcionales que le correspondía”.  Con la inflación esa cantidad de la década de 1990 sería de unos 15 mil soles.

A Maita  se le imputa los delitos de asociación ilícita (hoy organización criminal) y cohecho pasivo específico (sobornos). Entre las evidencias se cuenta con un fax que envió la exfiscal al SIN solicitando el pago pactado con Vladimiro Montesinos. Dicho documento, dijo, pasó por un peritaje que determinó que corresponde al puño y letra de Maita Luna.

La afirmación de que se entregaba dinero a fiscales para que sirvieran a la dictadura fue corroborada con las declaraciones de las exsecretarias personales del ‘Doc’, Matilde Pinchi Pinchi y María Angélica Arce, y del exasesor legal del SIN Pedro Huertas Caballero.

Además existen otros elementos probatorios, como testimonios de choferes del SIN que afirman que entregaban sobres de dinero en el domicilio de la exfiscal Flor de María Maita Luna. La fiscal Alejandra Cárdenas indicó que el nombre de la exfiscal está escrito a puño y letra en la agenda de Vladimiro Montesinos.

Como se recuerda, Vladimiro Montesinos fue el asesor en la sombra del régimen del delincuente Fujimori, líder del SIN y responsable de graves delitos de corrupción y violaciones graves a derechos humanos.

El Poder Judicial ordenó contra Maita en 2002 mandato de detención, que entonces era equivalente la prisión preventiva. En 2003 fue declarada reo contumaz, por lo que son 23 años los que burló a la justicia.

La detención dictada en 2002 no fijó un plazo, por lo que la fiscal  pidió al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria fijar el plazo en 9 meses, tiempo en el que se espera se lleve a cabo el juicio oral contra la exfiscal.

Su abogado defensor, Pavel Alvarado, aduce que los delitos de asociación ilícita y cohecho han sido modificados, por lo cual ya no se puede sostener una detención. Además, pese a la fuga de la exfiscal, negó peligro de fuga y obstrucción.

Cárdenas rechaza los argumentos de la defensa y sostiene que no se debate los presupuestos de la detención porque es una decisión firme que debe cumplirse, sino se debate el plazo a fijarse.

Con todo desparpajo, Maita Luna negó que haber escapado de la justicia. Interrogada por el juez Edhin Campos, reconoció que sabía que había una orden de detención, pero que usó su “derecho a la resistencia”.

Maita aduce que su abogado apeló la detención ordenara en 2002 y que éste le comunicó que habría sido favorable, pero que nunca fue notificada de ello y alega que no acudióal Poder Judicial a averiguar porque había una “persecución” contra ella. “En mi entender, nadie me buscaba en mi casa ni nada, entonces dije: ‘Ah no, seguro efectivamente habrá variado a comparecencia’”, manifestó.

Durante la dictadura del delincuente Fujimori era común que fiscales estén al servicio de la organización criminal fujimontesinista, como fue el caso de la ex fiscal de la Nación Blanca Nélida Colán. Los fiscales y jueces que no se vendían muchas veces eran objeto de hostigamiento o persecución.