Jorge Manco Zaconetti
Entre el 22 al 26 de setiembre del presente año se llevará a cabo en la ciudad de Arequipa uno de los eventos mineros más importantes a escala internacional, lo cual se traduce en el reconocimiento del Perú como un gran productor minero, sobre todo de concentrados de cobre, oro, plata, hierro, zinc, plomo. Es más, en múltiples artículos he mencionado que por una serie de razones la minería que se desenvuelve en nuestro país ha contribuido en gran medida al crecimiento económico, en la fortaleza macroeconómica de la economía peruana gracias a las inversiones realizadas y el efecto multiplicador que tienen las mismas al conjunto de la economía.
Es más, la estabilidad del tipo de cambio, más del 60 % de las divisas es decir, los ingresos de exportación minera se explican por la explotación minera, la fortaleza del sol peruano igualmente, el elevado porcentaje de reservas internacionales netas en relación al valor de la producción de la economía peruana, se deben en gran parte a las fortalezas y debilidades de la actividad minera.
Sin embargo, han transcurridos más de 32 años desde que se promulgaron las normas que rigen al sector, en especial el DS 014-92-EM Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, exactamente el 2 de junio de 1992, es decir casi dos meses después del Golpe de Estado del 5 de Abril. Es decir, se necesitó violentar el régimen democrático para imponer una serie de “reformas estructurales” que han cambiado la naturaleza de la sociedad peruana, especial la relación entre el Estado con el mercado. Y que hoy se han convertido en un limitante, en una “camisa de fuerza” si se apuesta por un mayor valor agregado a las materias primas exportadas.
Entre las reformas estructurales, sin duda alguna la más importante lo constituyó el radical proceso de privatización, donde se vendieron importantes y rentables empresas públicas, yacimientos mineros, y participaciones en terceras empresas a “precios de remate”. Sin estrategia ni planeamiento estratégico, y ello marca una de las diferencias más saltantes con la minería que se desenvuelve en Chile, principal productor mundial de cobre, el recurso estratégico por excelencia para los próximos años.
A diferencia del Perú que con la dictadura fujimorista se privatizó sobre todo la minería y los yacimientos de cobre, en Chile el dictador Augusto Pinochet por razones de Estado, mantuvo la presencia de la empresa estatal Corporación Chilena del Cobre (Codelco), que produce más 1.7 millones de toneladas de cobre, la mayor parte en condición de cobre fino con siete plantas de fundición y refino, siendo de propiedad del estado cinco refinerías. ¡Es decir, los chilenos no fueron tontos ni se creyeron el cuento de que todo debe ser privatizado!
En tal sentido, se debe recordar la privatización del yacimiento minero de Quellaveco a favor de la empresa inglesa Angloamerican en 1992, que fue transferido por la módica suma de US $ 12.5 millones de dólares, pagaderos en tres armadas. Mientras en Chile, por la tercera parte del proyecto Inés de Collahuasi las transnacionales pagaban más de US $ 300 millones. Esta afirmación la realizaba en su momento el mismo ministro de energía y minas del Perú, Ing. Daniel Hokama para atraer a los inversionistas privados hacia nuestro país. Lo mismo decía Pinochet a sus empresarios: “Compren en el Perú, que está barato”.
Sin embargo el actual ministro de Energía y Minas Jorge Montero acierta al afirmar que los proyectos como Quellaveco (Moquegua) demoran más de 30 años por la responsabilidad y falta de capitales de sus accionistas.
En verdad, el problema de realización del proyecto Quellaveco viene de más atrás. Era un proyecto que le pertenecía a la norteamericana Southern Perú Copper Corp. (SPCC), que hacia los sesenta del siglo pasado ya explotaba el yacimiento de Toquepala (Tacna). Y, hacia 1974 llega a un acuerdo con el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, presidido por el general Juan Velasco Alvarado, para explotar los yacimientos de Cuajone (Moquegua), el mismo que entra en operaciones hacia 1976.
En tal sentido, el proyecto de Quellaveco era un proyecto natural de Southern Perú Copper que lo mantenía en la práctica como reserva, pues geográficamente está entre Cuajone y Toquepala, y toda la infraestructura era para la propia explotación de SPCC.
Por ello, el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada estatiza el yacimiento que pasa a formar parte de una empresa minera estatal como Minero Perú que llegó a tener un área de comercialización minera con sede en New York, de reconocido prestigio, donde se formaron varios traders que ahora son paladines del libre mercado.
LAS CUPRÍFERAS
Durante el primer semestre de 2025 la producción de concentrados se ha incrementado en un 3.5 %, con fuertes disminuciones en la producción de la Mra. Antamina (Ancash) que por los rendimientos decrecientes su producción bajó a menos -26 %, de igual forma Mra. Antapaccay (Cusco) disminuyó su producción en -31%, en menor medida también redujó su producción la Mra. Cerro Verde (Arequipa) en menos -9 %. Sin embargo, las mineras de capitales chinos que recién empezaron a operar en 2015, como Mra. Las Bambas (Apurímac) incrementó su producción en 69 %, y Mra. Chinalco (Junín) aumentó su producción en 47%. Sin embargo, los ingresos de exportación de las empresas productoras de cobre en el primer semestre del 2024 en relación al I semestre del del 2025, gracias al efecto precio, aumentaron de US $ 11,142 millones a US $ 12,283 millones. Es decir, una modesta variación del 10 %, gracias a que el precio promedio de la libra de cobre subió de US $ 3.80 a US $ 4.39 es decir, experimentó una variación positiva del 15.5 %.
En tal sentido, gracias al incremento de la producción y de los precios la Mra. Las Bambas en el primer semestre de 2024, en relación con el primer semestre de 2025, ha aumentado sus ingresos de manera significativa, pasando estos de los US $ 1,256 millones de dólares a valores de US $ 2,006 millones de dólares; incrementando también sus utilidades operativas en el mismo período pasando de US $ 1,189 millones a US $ 1,302 millones.
La Mra. Cerro Verde, a pesar que de ha disminuido su producción de concentrados de cobre en un poco más de 9 %, sus ingresos varían a la baja pasando de US $ 2,169 millones en el primer semestre del 2024 a US $ 2,116 millones en el primer semestre del 2025. Es más, sus utilidades operativas como empresa se mantienen, transitando para el mismo período de los US $ 783.4 millones a US $ 783.6 millones.
En cambio, Southern Perú Copper Corp. Suc. del Perú bate todos los récords incrementando sus ingresos de US $ 2,275 millones a US $ 2,444 millones en el mismo período, prácticamente con la misma producción de cobre 210,264 toneladas finas en el primer semestre de 2024 y 2025. Sin embargo, sus utilidades operativas volaron de US $ 1,189 millones a US $ 1,302 millones de dólares en el primer semestre de 2025.
Y, pensar que el Proyecto Tía María en las alturas del valle del Tambo (Islay) involucra inversiones no mayores que US $ 1,400 millones de dólares. Por ello, se podría afirmar que, con las utilidades netas de menos de un año, se financia este proyecto, que debería tener las mayores garantías de responsabilidad social, ambiental y tributaria.
En verdad, con las transnacionales norteamericanas, canadienses, suizas, mexicanas, brasileñas, inglesas, australianas, chilenas, japonesas, chinas y peruanas que operan en la minería peruana, aprovechando la oportunidad del PERUMIN 37.º, nos debemos plantear ¿cómo convertir a la minería en la locomotora de la economía peruana en un círculo virtuoso? ¿Cómo apostar por un mayor valor agregado en las materias primas exportadas? ¿Cómo contribuir más con el desarrollo social de los pueblos del entorno? Y sobre todo cómo convocar a los trabajadores y a los sindicatos, en una negociación donde todos ganen.
En tal sentido los responsables de la administración de la Minera Cerro Verde no constituyen un ejemplo de responsabilidad social al despedir a 150 trabajadores contratados con más de 5 años de tiempo de servicios, y a más de 40 trabajadores estables por el “pecado capital” de afiliarse a un sindicato combativo que defiende los intereses de sus afiliados.
Diario Uno, 13.09.2025
