El Poder Judicial (PJ) dispuso la inmediata excarcelación del expresidente Martín Vizcarra, tras declarar infundado el requerimiento fiscal de variación de prisión preventiva, mediante el cual se le internó en el penal de Ancón II en criticada decisión del INPe y el Ejecutivo, que desconoció su condición de exmandatario, por lo cual le correspondía el penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, a donde finalmente lo trasladaron.

El caso está a cargo de la Tercera Sala Penal Nacional de la Corte Superior, que declaró infundado el pedidofiscal de prisión preventiva contra el expresidente, procesado por el presunto delito de cohecho pasivo propio, en agravio del Estado.

El expediente se relaciona con las investigaciones por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio en los casos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital Regional de Moquegua’, en agravio del Estado, hechos supuestamente ocurridos durante su gestión en el cargo de Goberbador Regional de Moquegua.

Los jueces de la referida sala, Enríquez Sumerinde, Magallanes Rodríguez y Javiel Valverde, declararon fundado en parte el recurso de apelación presentado por la defensa de Vizcarra contra la Resolución N.° 11 del 13 de agosto de 2025, que había impuesto cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente.

Al revocarse dicha resolución se ordenó la liberación inmediata del exmandatario, argumentando que esta medida aplica “siempre y cuando no medie en su contra otro mandato de prisión preventiva vigente, dictado por autoridad competente”.

El PJ dispuso se cursen los oficios correspondientes para ejecutar la excarcelación de Vizcarra y devolvió el cuaderno al juzgado de procedencia para los trámites administrativos.

Vizcarra presentó su apelación el 29 de agosto y en la audiencia sustentó su arraigo familiar y laboral, asegurando que no representa riesgo de fuga. “No me voy a fugar, no me voy a asilar, no me voy a autoeliminar. Voy a afrontar siempre la justicia y no voy a traicionar ni a la justicia peruana ni a los millones de peruanos que creen en mí”, manifestó.

Indicó que ha cumplido con todas las reglas de conducta impuestas durante el proceso y negó haber obstaculizado la justicia. Aseguró que no existen pruebas nuevas que justifiquen la prisión preventiva, medida que calificó como desproporcionada.

El caso está a cargo de la Tercera Sala Penal Nacional de la Corte Superior, que declaró infundado el pedidofiscal de prisión preventiva contra el expresidente, procesado por el presunto delito de cohecho pasivo propio, en agravio del Estado.

El expediente se relaciona con las investigaciones por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio en los casos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital Regional de Moquegua’, en agravio del Estado, hechos supuestamente ocurridos durante su gestión en el cargo de Goberbador Regional de Moquegua.

Los jueces de la referida sala, Enríquez Sumerinde, Magallanes Rodríguez y Javiel Valverde, declararon fundado en parte el recurso de apelación presentado por la defensa de Vizcarra contra la Resolución N.° 11 del 13 de agosto de 2025, que había impuesto cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente.

Al revocarse dicha resolución se ordenó la liberación inmediata del exmandatario, argumentando que esta medida aplica “siempre y cuando no medie en su contra otro mandato de prisión preventiva vigente, dictado por autoridad competente”.

El PJ dispuso se cursen los oficios correspondientes para ejecutar la excarcelación de Vizcarra y devolvió el cuaderno al juzgado de procedencia para los trámites administrativos.

Vizcarra presentó su apelación el 29 de agosto y en la audiencia sustentó su arraigo familiar y laboral, asegurando que no representa riesgo de fuga. “No me voy a fugar, no me voy a asilar, no me voy a autoeliminar. Voy a afrontar siempre la justicia y no voy a traicionar ni a la justicia peruana ni a los millones de peruanos que creen en mí”, manifestó.

Indicó que ha cumplido con todas las reglas de conducta impuestas durante el proceso y negó haber obstaculizado la justicia. Aseguró que no existen pruebas nuevas que justifiquen la prisión preventiva, medida que calificó como desproporcionada.

En una sesión de emergencia del Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC), presidida por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, se aprobó por unanimidad la viabilidad de la construcción del nuevo establecimiento penitenciario en la isla El Frontón, destinado a albergar a internos de alta peligrosidad, específicamente jefes y cabecillas de organizaciones criminales violentas.

“Lo importante es que, después de una exposición bastante larga, de las explicaciones técnicas, de la viabilidad y de las cuestiones financieras, por unanimidad todas las instituciones han respaldado esta decisión histórica que permitirá al país enfrentar con firmeza la criminalidad organizada”, informó el ministro.

El establecimiento penitenciario será construido bajo estándares modernos, con infraestructura modular prefabricada, similar a la utilizada en otros países de la región, lo que permitirá culminar la obra en un plazo estimado de 8 a 10 meses, una vez habilitado el terreno. La inversión asciende a 174 millones de dólares y será financiada por el sector privado a través de la modalidad de obras por impuestos.

Esta decisión cuenta con el respaldo de la presidente de la República, Dina Boluarte, quien ha dispuesto que este miércoles 3 de setiembre se suscriba un convenio entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio de Defensa. A través de este acuerdo, el Ejército Peruano (EP), mediante sus unidades de ingenieros y maquinaria especializada, se encargarán de la limpieza y demolición de las instalaciones actuales, así como de la preparación del terreno.

Durante la sesión XXVIII, participaron también los congresistas Flavio Cruz, Alejandro Soto, Juan Carlos Lizarzaburu, José Arriola e Isabel Cortez, quienes plantearon consultas sobre servicios básicos en la zona. El ministro Santiváñez señaló que se han previsto las soluciones necesarias para garantizar agua, energía eléctrica y otras facilidades para los internos y sus custodios.

Explicó además que los legisladores fueron invitados a la sesión por haber presentado proyectos de ley vinculados al tema del Frontón, con el fin de recoger sus aportes.

Finalmente, el ministro destacó que, bajo liderazgo de la presidente Dina Boluarte, se ha dispuesto un presupuesto inicial de 476 millones de soles para avanzar en la construcción de nuevos penales, con el fin de descongestionar los actuales establecimientos y fortalecer la seguridad ciudadana.

La reunión contó con la participación del ministro del Interior, Carlos Malaver, representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Congreso de la República, Defensoría del Pueblo, universidades nacionales y privadas, gobiernos regionales y locales, así como de la Policía Nacional y otros sectores del Ejecutivo.

El CONAPOC es el órgano multisectorial encargado de planificar, articular, supervisar y dar seguimiento a la política criminal del Estado, así como de analizar el fenómeno social del delito y aprobar las medidas para combatirlo, contribuyendo a reducir los índices de delincuencia.

Forman parte de este importante órgano de lucha contra el delito, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Interior, el Congreso de la República, la Defensoría del Pueblo, la Municipalidad de Lima, la Policía Nacional del Perú (PNP), el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, la Asociación de Municipalidades del Perú, y Asociación de Universidades del Perú.