La norma fue oficializada este sábado con su publicación en El Peruano y deroga la Ley N° 27600 del Gobierno de Alejandro Toledo, que retiró la firma de Alberto Fujimori en virtud de haberse declarado su «permanente incapacidad moral».

El Gobierno de la presidente Dina Boluarte promulgó la ley del Congreso que restituye la firma del delincuente Alberto Fujimori Fujimori en la  Constitución Política, promulgada en 1993, que está vigente con modificaciones.

Esta Ley N.° 32265 fue oficializada hoy a través de su publicación en el diario oficial El Peruano. Sólo tiene un artículo que establece la derogación de la Ley 27600 y, “en consecuencia, se restituye la firma de Alberto Fujimori Fujimori […] en el texto de la Constitución Política del Perú de 1993”.  Está firmada por Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros Gustavo Adrianzén.

La ley derogada fue promulgada en diciembre de 2001 por el Gobierno del entonces presidente Alejandro Toledo tras ser aprobada por el Congreso de aquel año, presidido por Carlos Ferrero Costa. En esa ley se señala que el retiro de la firma se ejecuta Een aplicación de la Resolución Legislativa N° 009-2000-CR, que declaró su permanente incapacidad moral y, en consecuencia, la vacancia de la PresidenciaE.

La resolución legislativa a la que hacía referencia data de diciembre del año 2000, cuando el Congrrdo, presidido por Valentín Paniagua, declaró la permanente incapacidad moral de Fujimori para ejercer el cargo de jefe de Estado, y la vacancia del mismo.

La vacancia se declaró después de que Fujimori huyó cobardemente del Perú tras los escándalos de corrupción que se conocieron luego de la difusión de los “vladivideos”, y envió al Congreso un fax desde Tokio, Japón, en el que renunciaba a la Presidencia.

Como se sabe, en dichos vídeos el delincuente Vladimiro Montesinos, brazo derecho del sátrapa Fujimori, se ve una serie de actos de corrupción con Montesinos repartiendo millones de dólares a personajes políticos, dueños de medios de comunicación y otros personajes que mostraron la verdadera razón de su prostitución moral al régimen depravado y asesino del dictador.

Este  6 de marzo, con 57 votos a favor, 25 en contra y 19 abstenciones, el Congreso aprobó, en segunda votación, el dictamen de la Comisión de Constitución, presidida por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), que restituye la firma de Alberto Fujimori en la Constitución de 1993.

Susentó la nueva ley el impresentable legislador Fernando Rospigliosi Capurro, quien de antifujimorista pasó a ser siervo de la hija del dictador, Keiko Fujimori, alias “señora K”.

Rospiglios afirmó  que la propuesta ·reafirma la legitimidad” de la Constitución y busca corregir un “error histórico” que con  “argumentos ideológicos” pretendió borrar el nombre y periodo presidencial en que fue promulgada la Constitución.

“Fue un intento artificial de desvincular la Constitución Política del presidente que la promulgó. Este hecho fue inédito en nuestra historia, pues siempre en nuestras constituciones se han identificado a los presidentes de las repúblicas que las promulgaron”, adujo.

“Tenemos la responsabilidad de restituir la verdad histórica que debe ser entendida como un bien colectivo que ayuda a las sociedades, a la construcción de su identidad nacional y contribuye a una convivencia más sólida”, agregó.

La Constitución de 1993 fue promulgada por un congreso constituyente elegido en elecciones convocadas por Alberto Fujimori, luego del autogolpe de Estado que dio en 1992, mediante el cual disolvió el Congreso de la República, el Poder Judicial, el Ministerio Público y las garantías constitucionales, poniendo fin a 12 años de continuidad democrática desde la dictadura militar.

Fernando Rospigliosi, como presidente de la Comisión de Constitución, sustentó el dictamen de restitución de la firma de Fujimori.

El criminal Fujimori fue sentenciado, en 2009 a 25 años de prisión por ser autor mediato de homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado en las matanzas de Barrios Altos, La Cantuta y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer Ampudia.

Dicho tribunal estableció que tras el autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos asumieron el control total de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Además de ser hallado autor mediato de homicidio calificado, Fujimori recibió sentencias condenatorias por usurpación de funciones, peculado y falsedad ideológica, delitos de corrupción y espionaje, y el caso Diarios Chicha.

Ya en prisión, el cobarde japonés Fujimori como niña llorosa consantemente pedía su liberación hasta que salió en libertad en diciembre de 2023, luego de que el Tribunal Constitucional dispusiera su “inmediata libertad”, tras declarar fundado un recurso de reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo de 2022, en la que se falló a favor de su liberación, como consecuencia de un polémico indulto presidencial otorgado por Pedro Pablo Kuczynski en 2017.

Otros criminales políticos, como los altos jerarcas nazis o Rafael Videla, murieron en la cárcel como hombres sin lloriquear por su suerte como Fujimori.

El presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Roberto De La Tore, consideró que la censura del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, no es suficiente para que el país pueda enfrentar y derrotar a la criminalidad, ya que hace falta establecer una mayor articulación entre las diferentes instituciones del Estado involucradas en esta tarea.

En tal sentido, demandó que, a partir de la designación del nuevo ministro del Interior, se establezca una mayor coordinación entre el Poder Ejecutivo, el Congreso de la República, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario, para diseñar una estrategia conjunta contra el crimen y el procesamiento de los delincuentes

De La Tore exhortó a la presidenta de la República, Dina Boluarte, a nombrar un nuevo ministro del Interior que posea liderazgo, experiencia en seguridad e inteligencia, así como capacidad de gestión y concertación.

Manifestó su conformidad con la decisión del Congreso de la República de censurar al ahora exministro Santiváñez, debido a su «incapacidad» para abordar la ola de inseguridad que enfrenta el país.

«El Congreso ha tomado una decisión correcta que responde a las demandas de la ciudadanía y de los micro y pequeños empresarios y organizaciones sociales, quienes son los más afectados por la delincuencia y criminalidad», afirmó el líder empresarial.

“Es positiva la salida de Santiváñez, pero no es suficiente para enfrentar a la criminalidad. Lo que se requiere ahora es un titular del Ministerio del Interior que tenga solvencia moral, integridad, credibilidad y que articule con todos los sectores y genere consensos para luchar contra la criminalidad”, recalcó el representante de la CCL.

Asimismo, la Coalición por la Seguridad Ciudadana, que agrupa a más de medio millón de pequeñas y micro empresas, de diferentes sectores, también saludó la salida del ministro del Interior, debido a que no cumplió con el compromiso de presentar los dos planes de acción urgentes para reducir la criminalidad y proteger a las empresas que son víctimas de las extorsiones.

Herbert Mujica Rojas

No cabe duda que se cumple el dicho a río revuelto, ganancia de pescadores. Mientras el gobierno de doña Dina nos tiene atentos a su inoperancia y resultados ante la exponencial arremetida de los niveles de inseguridad ciudadana, en el MTC, siguen haciendo su agosto.

¡Como si fuera un Estado dentro de otro Estado, el MTC, sus ineficiencias y mediocridades hacen ganar las buena pro de varias obras a….. ¡firmas investigadas por diversos motivos bastante preocupantes!

El 17 de marzo del presente año, Provías Nacional, a través del comité de selección de la Licitación Pública N° 0007-2024-MTC/20 cuyo objeto fue el proceso de selección para la Rehabilitación y mejoramiento de la Carretera EMP Ruta 18ª (Pte. Rancho) – Chaglla-Rumichaca, Tramo I, otorgó la Buena Pro.

Esta información no tendría nada de extraño, hasta que descubrimos el nombre de la empresa a la que se ha dado la buena pro, lo que nos lleva a concluir que Provías Nacional sigue favoreciendo a empresas que desde hace muchos años vienen siendo observadas.

¡Y pese a ello, estas firmas siguen siendo contratadas por el Estado a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

En esta oportunidad, en la licitación pública antes señalada, el postor ganador de la buena pro fue el Consorcio Vial Huánuco, ¿y se imaginan con qué empresas se conforma ese Consorcio?, pues sí, no se equivocan, está conformado por TABLEROS Y PUENTES S.A. (TAPUSA) SUCURSAL PERÚ y CONSTRUCTORA ARX S.A.C., con un monto adjudicado de S/579,849,085.85, y el colmo, monto superior en casi 60 millones que la propuesta de los otros dos postores.

No cabe duda que no hay peor ciego que aquél que no quiere ver, y en Provías Nacional del MTC “se da cuenta” que empresas que son investigadas, siguen participando y, lo que es peor, ganando procesos de licitación.

Esta práctica de “escoger” a las investigadas para la buena pro es otra forma de violencia que atenta contra la solidez de las estructuras y los buenos materiales de las obras. ¿Quién verifica al centímetro esto?

En enero 2022 a través de un medio de comunicación, se informó que la Contraloría General de la República, en su informe de junio de 2019, detectó irregularidades que implicaron a funcionarios en acciones indebidas en tres obras públicas, a cargo de consorcios relacionados a la lobista Karelim López, según reveló un informe que publicó el diario el Comercio.

Los tres contratos ascendían a S/ 313,1 millones, y fueron otorgados por Provías Nacional (entre febrero del 2016 y agosto de 2018, al Consorcio T&T Chacanto, Consorcio Vial Pro y Consorcio Vial 67, y ¡oh sorpresa!, ambos consorcios tenían como integrante común a la famosa TAPUSA, empresa que también ha sido vinculada a Karelim López.

Otra perlita más, dentro de las miles existentes, la constructora española TAPUSA está envuelta en el escándalo del Puente Tarata en San Martín, sólo hace falta recordar que en muchos medios, tras investigaciones periodísticas, se informó que por declaraciones del empresario Zamir Villaverde, confesó que TAPUSA entregó “cien grandes” al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas.

La transcripción de un audio en poder de la Fiscalía sacudió al Gobierno la última semana. El registro, que data del 4 de noviembre de 2021, revela una presunta coima entregada por el empresario Zamir Villaverde a Juan Silva, entonces titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). El diálogo fue aportado por un colaborador eficaz y es explícito. Entre las páginas transcritas, se lee cómo el propio Villaverde desembolsa «cien grandes» para el alto funcionario del Ejecutivo, pago que, según dijo, provenía de la empresa española Tableros y Puentes SA (TAPUSA) como «un presente de buena señal».

El empresario, que hoy está detenido en el penal Ancón I, aseguraba que el monto estaba vinculado a la obra Puente Tarata, que el otro organismo adscrito al MTC, Provías Descentralizado había adjudicado días antes, el 19 de octubre de 2021, a favor del Consorcio Puente Tarata III. El consorcio estaba conformado por la española TAPUSA, la colombiana H. B. Estructuras Metálicas y la peruana Termirex.

No es la primera vez que la española contrata con el Estado, esta empresa, ya tiene varios años facturando millones del tesoro público desde que constituyó su filial en Lima en enero de 2014. Convoca.pe comprobó en los registros del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Osce) que TAPUSA ha participado hasta el momento en más de 30 obras públicas, todas a través de consorcios, que acumulan un monto contratado superior a los de 2,000 millones de soles.

Pero hay más, sólo basta con investigar y descubrir que existen informes periodísticos de enero del 2024 donde se revela una grave denuncia que involucra a TAPUSA en actos de corrupción en que interviene el muy conocido personaje Cesar Almeyda Tasayco (ex asesor del expresidente Alejandro Toledo Manrique), en la construcción del Puente de Carrasquillo en la región Piura, con un costo superior a los 400 millones de soles.

Se denunció en esa oportunidad que César Almeyda fue contratado por TAPUSA como su abogado, así como el muy conocido Luis Pasapera. Cabe señalar que TAPUSA no fue denunciada por corrupción en el caso del Puente Tarata, pero sí fue investigada por lavado de activos en el marco de esta misma obra.

Desbrozando la maleza de TAPUSA concluimos que es la empresa a la que el MTC adjudicó un proyecto por más de 282 millones de soles en el 2023 y ahora en un proyecto de casi 580 millones de soles.

¿Acaso los funcionarios de Provías Nacional, muchos de ellos miembros de comités de procesos de selección, no están informados del oscuro pasado de muchas empresas que se presentan a sus procesos? ¿Más aún cuando se le otorga la buena pro, siendo su monto propuesto, 60 millones superior a la de los otros postores?

Después no se diga que esto o lo otro es responsabilidad de los “anteriores ministros”, aquí ya hay una responsabilidad que le toca a usted.

Basta ya de favorecer a empresas que tienen una historia oscura en los procesos no adjudicados y peor, en los procesos adjudicados.

Paren ya de favorecer a firmas que han sido cuestionadas por años, y siguen siendo investigadas, porque todo ello nos hace concluir, que tanto los anteriores ministros, como usted refiere, han cometido y cometen los mismos errores y por lo tanto, son responsables que el dinero de todos los peruanos se entregue a empresas que no compiten éticamente en los procesos.

21.03.2025

hcmujica@gmail.com