El presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Julio Pérez Alván, pidió aprobar con la mayor celeridad posible la nueva Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal (Ley MAPE), pues representa una oportunidad crucial para ordenar el sector y combatir la minería ilegal; no obstante, consideró crucial el trabajo del Estado a fin de garantizar su efectividad.

Fue durante el foro ‘Transitando hacia la formalización minera: Rompiendo barreras y creando un futuro sólido’, que contó con la presencia del ministro de Economía y Finanzas, José Salardi Rodríguez; el presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana Cavides; el viceministro de Minas, Henry Luna Córdova; el viceministro de Orden Interno, César Guardia Vásquez, entre otras autoridades.

Añadió que, si bien la Ley MAPE es importante, no es suficiente para reducir la minería informal, tal y como ocurre con el Reinfo. “Se requieren 4 elementos: 1, un financiamiento adecuado destinado a la supervisión y control; 2, incentivos concretos que fomenten la formalización; 3, fortalecimiento técnico de los gobiernos regionales y; 4, regulación clara de los contratos entre concesionarios y mineros artesanales. Sin estos requisitos, cualquier intento será en vano», advirtió.

Estado fuerte

Si la norma es rechazada o mal ejecutada (Ley MAPE) –prosiguió–, la minería ilegal seguirá siendo un flagelo que corrompe la economía, la política y la sociedad en su conjunto. Resulta fundamental tomar acciones inmediatas con el propósito de que esta ley sea sostenible en el tiempo.

«La mayoría de mineros artesanales no son delincuentes, pero hay muchos que no desean formalizarse, y es ahí donde los verdaderos delincuentes se esconden bajo el manto de impunidad. Por ello, necesitamos un Estado fuerte que supervise, fiscalice y, sobre todo, coordine y ponga en marcha políticas que apuntalen a mejorar el sector. La voluntad y decisión política son claves», enfatizó.

Pérez Alván indicó que la minería es un pilar de la economía peruana, pues en los últimos 10 años representó el 20.8% de los impuestos recaudados por el fisco. Asimismo, las inversiones mineras superaron los US$ 4 mil 960 en el 2024, experimentando apenas un alza de 0.5% respecto al 2023.

En el 2024 las exportaciones del sector ascendieron a US$ 46 mil 369 millones, representando el 62.1% de los envíos totales (cerca de US$ 75 mil millones) y generaron más de un 1 millón 032 mil empleos entre directos, indirectos e inducidos en todo el país.

“Sin embargo, esta actividad enfrenta otros retos significativos, como la alta complejidad normativa, los retrasos en la obtención de permisos y la falta de coordinación entre entidades públicas. Además, el uso ineficiente de los recursos provenientes de la minería impide cerrar las brechas sociales que condenan a la pobreza a millones de ciudadanos y generan enfrentamientos y polarizaciones”, dijo.

Rentabilidad

Durante su participación en el foro ‘Transitando hacia la formalización minera: Rompiendo barreras y creando un futuro sólido’ de ADEX, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), José Salardi Rodríguez, sostuvo que se debe concientizar a los pequeños productores sobre la rentabilidad y seguridad que ofrecen la formalidad y legalidad.

“Es tarea del Estado difundir y demostrar los diferentes programas que generan valor y son atractivos para todos. Se debe erradicar esa idea de que la formalidad solo significa pagar más impuestos o ser fiscalizados por la Sunat. Es una percepción errónea”, declaró.

En ese sentido –continuó–, la ruta complementaria será ayudar a las microempresas a ser pequeñas, medianas y luego grandes y salir a los mercados internacionales. “Tenemos suficientes iniciativas para encaminarlas”, expresó.

Finalmente, anunció que su cartera trabajará junto al sector empresarial con el objetivo de viabilizar los proyectos mineros que llevan mucho tiempo dormidos o estancados. Superan los US$ 50 mil millones.

Datos

-El proyecto de la Ley MAPE fue aprobado por el Ejecutivo en noviembre pasado y enviado al Legislativo para su debate.

-El año pasado, casi el 50% del oro producido en el Perú provino de pequeños mineros, pero solo el 20% operaba formalmente.

-De los 87 mil 111 mineros inscritos en el Reinfo, apenas el 2.4% logró su formalización, mientras que el 79% tenía su inscripción suspendida y el 18.6% continuaba en proceso.

Latam Summit 2025, evento de negocios organizado por el Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima, reunirá a más de 100 empresarios peruanos de distintos sectores, interesados en conocer las oportunidades de comercio, inversión, negocio, turismo de los países de Ecuador, Uruguay, Argentina y Colombia.

El encuentro, se llevará a cabo el martes 25 de febrero en la sede del gremio empresarial en Jesús María.

“Latam Summit es una excelente oportunidad para poder dar a conocer y promover todas las bondades, beneficios y oportunidades que ofrecen los países de la región al empresariado peruano, permitiéndoles a la vez promover y posicionar su país de manera estratégica”, manifestó Mónica Chávez, gerente de CCEX.

Este encuentro contará de dos componentes de acercamiento e interacción. En el primer componente, el representante de cada país realizará una exposición sobre las oportunidades de negocio e inversión en su mercado.

El segundo componente consiste en el desarrollo de reuniones “uno a uno” sostenidas entre el representante de cada país y empresarios peruanos, para atender y canalizar de mejor manera acciones comerciales o de inversión específicas.

Es importante destacar, que en este evento se tendrá la presencia de empresarios ecuatorianos, interesados en hacer negocios con empresas peruanas.

Jorge Manco Zaconetti

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), bajo la presidencia de Julio Velarde Flores desde el 2006 a la fecha le debe más de una explicación al país. No solamente se trata del funcionario público más longevo en la historia económica del país, que se ha mantenido en el cargo desde el segundo mandato de Alan G rcía, pasando por el inefable Humala, el lobista PPK, Vizcarra, Sagasti, Castillo y la actual presidenta Sra. Dina Boluarte. Ello se explica en gran parte por la autonomía relativa del BCRP en relación con el poder ejecutivo y legislativo, consagrada en la Constitución fujimorista de 1993.

Si en el 2020 saludé el “Programa de Reactiva Perú” una iniciativa de ingeniería financiera entre el BCRP, MEF, COFIDE y la banca privada en plena crisis del “corona virus”, con una transferencia de 60 mil millones de soles, más de US $17 mil millones de dólares, para financiar a las empresas privadas en una dura cuarentena que significó un derrumbe del valor de la producción (PBI) de más del 11.1%.

Dicha transferencia de riqueza tuvo la finalidad de evitar que se rompa la cadena de pagos, y otorgarle la liquidez necesarias a las empresas privadas por la dura recesión económica, al margen que casi el 50 % de los créditos otorgados a bajas tasas de interés fueron negociadas por el Banco de Crédito del Perú del grupo Romero, y que según el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) más del 15 % de los créditos efectuados tienen el carácter de incobrables y el Estado, es decir el bolsillo de todos los peruanos pagarán la cuenta. ¡Allí no se dice nada como en la campaña infame contra PetroPerú!

Ahora la presidencia del BCRP debe explicar los volúmenes de oro exportado entre el 2023 y el 2024 que han pasado de 5’624,000 de onzas troy a 6’448,000 onzas, y que según la nota respectiva del cuadro de “Perú: Exportaciones de Productos Mineros Tradicionales”,  textualmente afirma que “incluye una estimación de oro no registradas por Aduanas”. Es decir, los volúmenes estimados de oro exportado por contrabando apenas serían de 824 mil onzas. En verdad, a pesar de tener una Gerencia de Estudios Económicos bien remunerada, tales  estimaciones están fuera de la realidad.

Solamente el oro que fuga a Bolivia según mis estimaciones con base en la producción histórica de dicho país, según el propio “Instituto Nacional de Estadística de Bolivia” en el 2011 se producían 217 mil onzas y en el 2022 la producción aurífera sumó los 1’680,000 onzas, y dicho país no tiene minas de oro conocidas para sostener tal producción. Por tanto, podemos inferir que ante las campañas punitivas y de persecución a la minería informal e ilegal en el gobierno de la pareja presidencial corrupta Humala& Heredia, más de 1.5 millones de onzas extraídas en el Perú fugan al país altiplánico.

Es más, no estamos considerando los concentrados de oro que se extraen en las regiones del norte del país tales como Piura, Amazonas y que fugan al Ecuador en volúmenes importantes, que también  debieran ser estimados. Ello en parte explicaría en parte que un país como Bolivia que tiene un PBI de un poco más de US $ 50 mil millones de dólares, sin crédito internacional, y un bajísimo nivel de reservas internacionales que no superan los US $ 5,000 millones de dólares, tenga a marzo del 2024 un nivel de 34.790 toneladas de oro como reservas internacionales; y el Ecuador declare 26.280 toneladas, según la fuente Trading Economics.

Por ello, escribía en un artículo anterior que constituye una cruel paradoja que siendo nuestro país un importante productor aurífero con más de siete de millones de onzas anuales, entre la producción formal, informal e ilegal, en la composición de las Reservas Internacionales del Perú solamente se declare 34.6 toneladas de oro las cuales constituyen el 4 % de nuestras reservas internacionales, según el Resumen Informativo del mes de febrero del 2025 del BCRP las cuales estaban valorizadas en US $ 3,334 millones de dólares.

En verdad, no es una casualidad histórica que las potencias económicas y políticas tengan importantes volúmenes de oro como reservas internacionales en sus bancos centrales. Así, el primer lugar lo tiene la potencia decadente de Estados Unidos con 8,133 toneladas, le sigue en importancia Alemania con 3,352 toneladas y en el país teutón no tienen producción propia de oro; el tercer lugar lo ocupa el FMI con 2,814 toneladas; seguida de Italia, que no produce una onza propia de oro con 2,451toneladas; luego Francia que se abastece del oro africano tiene 2,436 toneladas; seguida por la Rusia de Putin que es el tercer productor mundial de oro con 2,332 toneladas; continúa la República China Popular que es el más importante productor mundial aurífero con 2,264 toneladas, donde el gigante asiático, no solamente produce el metal amarillo sino también compra en el mercado mundial; y por último aparece Suiza, que no produce una onza de oro pero tiene como reservas más de 1,040 toneladas.

En tal sentido, no cree el señor Julio Velarde que sería positivo para el Estado peruano incrementar la participación del oro en las reservas internacionales que apenas representan el 4 % con 34.670 toneladas, del total de Reservas Internacionales Netas valorizadas en US $ 83,349 millones, según la Nota Semanal del 6 de febrero, ante la escalada de precios del oro en el mercado internacional donde en el 2025 fácilmente debe superar la barrera de los US $ 3,000 la onza.

UNA SALIDA DE MERCADO

Ante la creciente minería informal e ilegal de oro en nuestro con todo lo que ello representa en evasión fiscal, contaminación ambiental, explotación laboral, violencia desatada con bandas criminales que corroen las instituciones del Estado, se debe recrear salidas de mercado antes que la persecución o las reiteradas postergaciones en la formalización minera.

Por ello recuerdo que en la campaña presidencial del 2016 PPK un financista y lobista por excelencia ante los mineros de Puno y Madre de Dios con toda la frescura decía que “un poquito de contrabando no estaba mal”, pero que en el caso del oro que fugaba a Bolivia tenía una  interesante propuesta que no deja de tener actualidad, por su heterodoxia frente al libreto liberal.

Como no se podía recrear la banca de fomento que había sido liquidada por el régimen fujimorista, cerrando el Banco Agrario, Banco Industrial, Banco Hipotecario y el Banco Minero; y la Constitución de 1993 que se impuso mediante el golpe de Estado del 5 de Abril de 1992, prácticamente prohibía la creación de nuevas empresas públicas, sugería dotar al Banco de la Nación que cubre todo el territorio nacional, de nuevas atribuciones.

Estas nuevas funciones hacían que el Banco de la Nación compre a los mineros artesanales, informales e ilegales el oro extraído básicamente en las concesiones de terceros, pagando un precio mayor al precio internacional, una prima como incentivo para la formalización de miles de mineros artesanales e ilegales que hoy con cifras conservadoras deben superar los 400 mil trabajadores mineros, que se reproducen en condiciones propias del siglo XIX. Así, como el BCRP con el MEF transfirieron S/ 60,000 millones de soles en el Plan de Reactiva Perú en el 2020, se deben destinar recursos para comprar el oro informal e ilegal para así formalizar la producción que pagaría impuestos y regalías, y sobre todo se enfrentaría con responsabilidad la perversa contaminación ambiental. También sería una forma inteligente de incrementar las reservas internacionales netas expresadas en el metal amarillo, cuyos precios a nivel internacional seguirán subiendo gracias a la incertidumbre de los mercados, y la disputa por la hegemonía entre Estados Unidos y la República Popular China.

Por último, aprovecho la oportunidad para saludar a todos los apristas de bien por el Día de la Fraternidad, este 22 de febrero.

Ver también: La maldición del oro en el siglo XXI

Diario Uno, 22.02.2025