La Fiscalía Suprema de Familia ha iniciado diligencias preliminares contra el congresista José Jerí Oré, del partido Somos Perú, y Marco Cardoza, tras una denuncia de violación sexual contra una persona cuya identidad no se ha dado a conocer.

El Ministerio Público (MP) señaló que están realizando acciones como la recepción de declaraciones de las partes involucradas y la ejecución de pericias forenses especializadas. Hasta el momento el caso tiene carácter reservado, con el objetivo de garantizar la protección de la víctima, indica el MP en un comunicado.

En tanto, el MP aseguró que el Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos está brindando apoyo integral a la persona denunciante, en el marco de sus competencias. Dicho programa tiene como objetivo salvaguardar los derechos de las víctimas y ofrecerles acompañamiento durante todo el proceso judicial.

Ante el escándalo, Jerí negó las acusaciones alegando inocencia y dijo que colaborará con las investigaciones correspondientes sobre el caso y sobre la reciente separación del cargo por parte de Somos Perú hasta que se esclarezcan la investigaciones.

“Recibí con sorpresa y pesar la noticia de que esta persona ha mencionado mi nombre en la denuncia, no he tenido ningún tipo de participación en los hechos denunciados por esta razón a través de mi abogado ya me apersoné a la investigación el 30 de diciembre, reitero mi rechazo”, indicó en un comunicado.

Sobre el caso, dijo que aunque suele rehuir de la prensa, hoy declara, según dice, para demostrar “que no tengo nada que ver en los hechos no tengo ningún problemas y es por eso que pedí el documento para que se inicien las indagaciones preliminares en la comisión de ética, soy inocente”.

El mal uso del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) es un mecanismo para dar legitimidad al dinero de la minería ilegal, así lo advirtió Homar Lozano, director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), en una reciente entrevista con Radio Nacional. Lozano expresó su profunda preocupación por la proliferación de la minería ilegal en el país y su vinculación con el narcotráfico. Enfatizó que este «mal social» debe ser erradicado de raíz.

“Es un mal social que hay que erradicar de todas maneras y de raíz, porque el dinero del narcotráfico no tiene ningún mecanismo para que en algún momento eso pueda ser formal. Y, lamentablemente, el crimen organizado y este dinero de la minería ilegal, a través del Reinfo, ha encontrado una vía para que esa ilegalidad pueda ser formal”, señaló.

En su intervención, el director del IIMP también hizo mención de las rutas clandestinas que facilitan el tráfico de minerales provenientes de actividades ilegales. “Casualmente hay ciertas redes fronterizas, se habla de que, por ejemplo, mucha de esta ilegalidad está saliendo a través de Bolivia, a través de las fronteras con Ecuador y Colombia”, explicó.

IIMP participará del debate

Lozano también manifestó su preocupación por el respaldo de algunos sectores del Congreso al continuismo del Reinfo. “Nos da mucha preocupación que el Congreso y las autoridades, esta minería ilegal ha encontrado inclusive hasta bancadas que vienen soportando y alentando el continuismo del Reinfo”

Finalmente, dio a conocer que el IIMP ha sido convocado por la comisión de Energía y Minas del Parlamento para participar de la mesa técnica con el objetivo de discutir la nueva ley MAPE.

IIMP

Con 14 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, la Comisión Permanente aprobó en segunda votación el texto sustitutorio del dictamen que restituye el financiamiento privado a las organizaciones políticas. La propuesta, modifica la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas.

El presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Fernando Rospigliosi Capurro (FP) señaló que esta norma forma parte del paquete electoral que se necesita para llevar a cabo con transparencia y pluralismo las próximas elecciones del año 2026. El dictamen integra los proyectos de ley 3153, 4597 y otros.

Asimismo, durante la sustentación de la iniciativa legislativa, Rospigliosi Capurro explicó sus principales ventajas:

-Garantiza el pluralismo y la competencia democrática, pues permite que las diversas fuerzas políticas accedan a mayores recursos que, en muchos casos, no podrían obtener exclusivamente a través del financiamiento público.

-Diversifica las fuentes de ingreso reduciendo riesgo de que los partidos dependan exclusivamente del Estado, lo que podría limitar su independencia, capacidad y representación de los intereses genuinos de la ciudadanía.

-Fomenta la participación activa de la sociedad civil y el sector privado en la ida política promoviendo un vínculo más estrecho entre los actores sociales y los proyectos partidarios que consideran relevantes para el desarrollo del país.

En ese sentido, el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento recalcó la necesidad de que la inclusión de financiamiento privado sea acompañada con estrictos mecanismos de transparencia y rendición de cuenta para evitar la influencia indebida de interés particulares sobre la agenda pública.

“Medidas que contribuirán a reforzar la confianza ciudadana en las instituciones y garantizar que los recursos privados no se conviertan en instrumentos de corrupción o clientelismo político”, expresó Rospigliosi.

Con relación a la ampliación del financiamiento público, la propuesta contempla apreciaciones importantes para que sea utilizada de manera responsable, solo para fines partidarios, y en el caso de los servicios de asesoría se ha establecido la obligación de devolver dicho monto en caso de dictarse sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada.

Finalmente, otro aspecto importante es el otorgamiento de un plazo perentorio de 30 días calendario a los órganos del sistema electoral para que estos emitan los reglamentos respectivos a fin de llevar a cabo las elecciones primarias.

Esta medida permitirá que las organizaciones políticas y ciudadanas tengan claro las reglas de juego a aplicarse en las elecciones venideras lo que redundará en la seguridad jurídica del proceso electoral.

El articulo 30 de la propuesta legal, respecto al financiamiento privado, señala lo siguiente:

“Las organizaciones políticas pueden recibir aportes o ingresos procedentes de la financiación privada, mediante:

1. a) Las cuotas y contribuciones en efectivo o en especie de cada aportante como persona natural y persona jurídica nacional, incluido el uso de inmuebles, a título gratuito, no superen en un año calendario el equivalente a 200 unidades impositivas tributarias por aportante para cada organización política. En ningún caso un aportante puede aportar más de 500 unidades impositivas tributarias al año, sin importar el número de organizaciones políticas a las que aporte.

Una tercera disposición complementaria final está referida a los medios alternativos para la realización de aportes:

“La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en coordinación con la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), dentro de los sesenta días calendario contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, aprueba la resolución que regule el procedimiento para que las organizaciones políticas puedan recibir aportes dinerarios realizados mediante aplicativos de billetera electrónica u otros homólogos, garantizando la transparencia, trazabilidad y supervisión de dichas transacciones”.

Posteriormente, la parlamentaria Ruth Luque Ibarra (BDP) presentó una reconsideración a esta segunda votación. Sin embargo, esta fue rechazada con 17 votos en contra. Hubo 5 votos a favor y 3 abstenciones.

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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la legisladora María Acuña (APP), realizó la audiencia de la Denuncia Constitucional 424, interpuesta por Patricia Benavides Vargas, exfiscal de la Nación, en contra del expresidente Martín Vizcarra y la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Teresa Revilla Vergara. Ambos se negaron a responder las preguntas de los parlamentarios.

Las exautoridades fueron denunciadas por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y nombramiento ilegal; tipificado en los artículos 399 y 381 del Código Penal, respectivamente, debido al nombramiento de Daniel Soria Luján como procurador general del Estado.

En su defensa, el expresidente Martín Vizcarra dijo que no ha cometido ninguna falta o delito en la designación del procurador general Daniel Soria, ya que fue a propuesta del Ministerio de Justicia.

“Cuando tengo al frente mío la resolución suprema para firmar, constato que está visada por la jefa de la Asesoría Jurídica del Minjus, Juana Ximena Niyu Cáceres del Busto, que incluso el 2022 fue investigada por el Ministerio de Justicia que determina que no ha incumplido ningún procedimiento interno”, alegó.

Vizcarra se acogió a su derecho al silencio y no respondió las diversas preguntas que le realizó el congresista delegado de la denuncia constitucional en su contra, Víctor Flores Ruiz (FP). Esta posición la tomó luego de que el congresista Elvis Vergara (AP) planteara una cuestión previa para que la subcomisión decida si acepta o no la renuncia del antejuicio político de Martín Vizcarra.

Al respecto, con 4 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, la subcomisión decidió no aceptar su renuncia. Tras ello, el exmandatario decidió abandonar la sesión a fin de evitar responder más preguntas de los parlamentarios.

Por su parte, la exministra de Justicia aseguró que el delito que se le imputa, por el presunto nombramiento ilegal, ya se encuentra prescrito. Aseguró que la resolución suprema cumple con los requisitos legales exigidos para la designación de Daniel Soria como procurador general del Estado y que tenía ningún interés en su designación.

En la sesión, Revilla también renunció al antejuicio y se acogió al derecho al silencio para evitar responder las preguntas de los parlamentarios sobre la designación de Soria.

Según la denuncia constitucional, días previos a la emisión de la Resolución Suprema 01-2020-JUS, por la que se designó a Daniel Soria como procurador general del Estado, el secretario general del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Carlos Alberto Cavagnaro Pizarro, le hizo entrega al entonces secretario técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Martín Jim Mijichich Loli, de un file que contenía el currículum vitae documentado de Soria Luján, a fin de que revisara la documentación y elaborara un proyecto de resolución suprema.

Acerca del requisito de gozar de trayectoria en la defensa jurídica del Estado, se alegó que Soria Luján fue asesor I de la Adjuntía en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, pero no se describen funciones vinculadas a la defensa jurídica del Estado. Pese a ello, Vizcarra lo nombró en el cargo sin tomar en cuenta lo normado por el numeral 8 del artículo 15.1 del Decreto Legislativo 1326, que establece como uno de los requisitos gozar de idoneidad profesional y experiencia en gestión o políticas públicas, además de una trayectoria en la defensa jurídica del Estado.

Tras ello, el Órgano de Control Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió el Informe de Acción de Oficio Posterior 002-2022- OCl/0281-A0P, de fecha 31 de enero de 2022, el que concluyó que: «se han advertido indicios de irregularidad que afectarían el proceso de designación del Procurador General del Estado”. Asimismo, en su parte analítica, señala que “se ha determinado que el señor Daniel Soria Luján fue designado Procurador General del Estado sin cumplir con el requisito de tener trayectoria en la defensa jurídica del Estado».

En otro momento, la subcomisión decidió suspender la audiencia de la Denuncia Constitucional N.° 050 (antes 385), interpuesto por el ciudadano Víctor Jorge Pérez Arteaga en contra del denunciado Carlos Morán Soto en su actuación como ministro del Interior.

En este caso no asistió el exministro ni testigos del caso. La audiencia fue reprogramada por la ausencia de la delegada de la denuncia, Francis Paredes Castro (PP).