La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la legisladora María Acuña (APP), realizó la audiencia de la Denuncia Constitucional 424, interpuesta por Patricia Benavides Vargas, exfiscal de la Nación, en contra del expresidente Martín Vizcarra y la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Teresa Revilla Vergara. Ambos se negaron a responder las preguntas de los parlamentarios.
Las exautoridades fueron denunciadas por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y nombramiento ilegal; tipificado en los artículos 399 y 381 del Código Penal, respectivamente, debido al nombramiento de Daniel Soria Luján como procurador general del Estado.
En su defensa, el expresidente Martín Vizcarra dijo que no ha cometido ninguna falta o delito en la designación del procurador general Daniel Soria, ya que fue a propuesta del Ministerio de Justicia.
“Cuando tengo al frente mío la resolución suprema para firmar, constato que está visada por la jefa de la Asesoría Jurídica del Minjus, Juana Ximena Niyu Cáceres del Busto, que incluso el 2022 fue investigada por el Ministerio de Justicia que determina que no ha incumplido ningún procedimiento interno”, alegó.
Vizcarra se acogió a su derecho al silencio y no respondió las diversas preguntas que le realizó el congresista delegado de la denuncia constitucional en su contra, Víctor Flores Ruiz (FP). Esta posición la tomó luego de que el congresista Elvis Vergara (AP) planteara una cuestión previa para que la subcomisión decida si acepta o no la renuncia del antejuicio político de Martín Vizcarra.
Al respecto, con 4 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, la subcomisión decidió no aceptar su renuncia. Tras ello, el exmandatario decidió abandonar la sesión a fin de evitar responder más preguntas de los parlamentarios.
Por su parte, la exministra de Justicia aseguró que el delito que se le imputa, por el presunto nombramiento ilegal, ya se encuentra prescrito. Aseguró que la resolución suprema cumple con los requisitos legales exigidos para la designación de Daniel Soria como procurador general del Estado y que tenía ningún interés en su designación.
En la sesión, Revilla también renunció al antejuicio y se acogió al derecho al silencio para evitar responder las preguntas de los parlamentarios sobre la designación de Soria.
Según la denuncia constitucional, días previos a la emisión de la Resolución Suprema 01-2020-JUS, por la que se designó a Daniel Soria como procurador general del Estado, el secretario general del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Carlos Alberto Cavagnaro Pizarro, le hizo entrega al entonces secretario técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Martín Jim Mijichich Loli, de un file que contenía el currículum vitae documentado de Soria Luján, a fin de que revisara la documentación y elaborara un proyecto de resolución suprema.
Acerca del requisito de gozar de trayectoria en la defensa jurídica del Estado, se alegó que Soria Luján fue asesor I de la Adjuntía en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, pero no se describen funciones vinculadas a la defensa jurídica del Estado. Pese a ello, Vizcarra lo nombró en el cargo sin tomar en cuenta lo normado por el numeral 8 del artículo 15.1 del Decreto Legislativo 1326, que establece como uno de los requisitos gozar de idoneidad profesional y experiencia en gestión o políticas públicas, además de una trayectoria en la defensa jurídica del Estado.
Tras ello, el Órgano de Control Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió el Informe de Acción de Oficio Posterior 002-2022- OCl/0281-A0P, de fecha 31 de enero de 2022, el que concluyó que: «se han advertido indicios de irregularidad que afectarían el proceso de designación del Procurador General del Estado”. Asimismo, en su parte analítica, señala que “se ha determinado que el señor Daniel Soria Luján fue designado Procurador General del Estado sin cumplir con el requisito de tener trayectoria en la defensa jurídica del Estado».
En otro momento, la subcomisión decidió suspender la audiencia de la Denuncia Constitucional N.° 050 (antes 385), interpuesto por el ciudadano Víctor Jorge Pérez Arteaga en contra del denunciado Carlos Morán Soto en su actuación como ministro del Interior.
En este caso no asistió el exministro ni testigos del caso. La audiencia fue reprogramada por la ausencia de la delegada de la denuncia, Francis Paredes Castro (PP).
