Jorge Manco Zaconetti

Nunca en la historia de nuestro país se ha mostrado la extrema vulnerabilidad energética basado en el modelo extractivista de Camisea, impuesto por las empresas transnacionales desde el año 2000 hasta ahora con la deflagración en el gasoducto troncal de gas natural, sucedido el domingo 1 de marzo pasado cerca al Campo Malvinas, en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención (Cusco). Es tal la incapacidad del gobierno con un improvisado ministro de Eenrgía y Minas, que repite como loro la información de la empresa TGP (Transportadora de Gas del Perú), que los volúmenes de gas natural existentes como remanentes en el gasoducto que se alimenta del lote 88 es de 80 millones de pies cúbicos diarios. ¡Un absurdo!

Algún asesor debiera decirle al despistado ministro que el consumo residencial promedio en enero del 2026 ha sido de 30.5 millones de pies cúbicos diarios que sumado al consumo del parque automotor que utiliza GNV ha sido de 91 millones de pies cúbicos por día. Ello explica la desesperación de miles de automovilistas, en especial de taxistas, por encontrar dicho  combustible (GNV), mucho más barato que las gasolinas que se han disparado en sus precios.

Si antes de la crisis un galón de gasolina regular se conseguía por S/ 13 o S/ 14 soles, hoy el precio del mismo galón no baja de S/ 22 o S/ 23 soles e incluso es mayor en provincias. Y la tendencia es al incremento al menos que el propio Estado dote de recursos a la petrolera estatal PetroPerú de recursos económicos para que pueda importar gasolinas y en especial el gas licuado de petróleo (GLP) donde PetroPerú es un protagonista marginal. El más importante productor de GLP es Pluspetrol, que juega en pared con Repsol La Pampilla, también son importadores de GLP las empresas chilenas Solgás, Lima Gas y la mexicana Z-Gas.

Este modelo extractivista en la explotación del gas natural y sobre todo de los líquidos de gas natural (LGN) los mismos que se constituyen en el “lomo fino” pues al contrario del gas natural que tiene precios regulados, entiéndase baratos, los LGN tienen precios asociados al petróleo. Por tanto, si el precio del crudo se dispara a nivel internacional en razón del conflicto no convencional entre Estados Unidos, e Israel contra la República Islámica de Irán, también se incrementan los precios de los líquidos de gas natural que son tratados en la Planta de Fraccionamiento de Pisco, bajo responsabilidad de Pluspetrol Perú Corporation (PPC) de donde se obtienen un promedio de 40 mil barriles diarios de GLP que resultan insuficientes para  satisfacer una demanda que promedia los 75 mil barriles diarios. Por ello, la importación de los Estados Unidos de GLP en su forma de propano y butano se impone, pero ahora serán a mayores precios por la guerra del Oriente Medio.

En tal sentido, los problemas energéticos para nuestro país no se han de solucionar con el reemplazo de los tubos dañados, ni el cambio de válvulas posiblemente defectuosas que una investigación imparcial y técnica por parte del Estado y del organismo regulador como Osinergmin debe realizar. Sería inaceptable que la empresa TGP califique el accidente de “fuerza mayor” y con ello evitaría las reparaciones económicas que estaría obligada si se demuestra que ha sido una falla técnica previsible en las propias actividades de mantenimiento por una contratista. ¿Cuántos millones de dólares estarían en juego?

El modelo extractivista en laexplotación y transporte del gas natural y líquidos de gas natural expone las limitaciones, debilidades y entreguismo de los gobiernos de turno desde 2001 a presente, carentes de una visión estratégica, de largo plazo para la integración energética y regional del Perú, por medio del Gasoducto Andino del Sur, con el desarrollo de una industrialización de las reservas del gas natural que yacen en el subsuelo de los lotes 88, 56, 57 en explotación con rendimientos decrecientes en especial desde que se inició la explotación comercial del lote 88 en junio del 2004, cuyo contrato vence en 2040.

Es más, fue durante el gobierno del dipsómano de Alejandro Toledo, que tenía como presidentes del Consejo de Ministros a dos grandes lobistas como Roberto Dañino Zapata y Pedro Pablo Kuczynski (PPK) que se hizo posible el proyecto de exportación del gas natural del lote a precios lesivos al Estado peruano por la determinación de los precios de exportación.

En especial la venta del gas licuefactado hacia México, donde la transnacional Repsol antes de 2014 revendía el gas natural a mayores precios reexportando el gas hacia el Asia, donde se pagaban mayores precios.

En este modelo extractivista contra viento y marea se impuso la exportación del gas natural del lote 56, al cual se opuso en un principio la empresa operadora de los lotes 88 y 56, la  transnacional argentina/holandesa Pluspetrol Perú Corporation. Es tal la “historia negra” del lote 56 que las reservas existentes descubiertas en el pasado por la Mobil, más de 2 trillones de pies cúbicos (2 TFC) y más de 200 millones de barriles de condensados fueron entregados al Consorcio Camisea, que luego conformarían el Consorcio exportador Perú LNG, sin licitación ni concurso internacional alguno. Es decir, las reservas probadas, aunque los abogados de las empresas afirmen jurídicamente que no tenían esa calidad de reservas probadas. ¡En cristiano dichas reservas gasíferas fueron asignadas a dedo!

¿QUIÉNES SON DE TGP?

En verdad, el gasoducto que viene de Pampa Melchorita (Megantoni/Cusco) a Lurín/Lima fue financiado por los millones de consumidores regulados de la electricidad con un cargo adicional en nuestras tarifas eléctricas por más de US $ 800 millones de dólares, pues el gasoducto que en un principio tenía una capacidad de transporte de 450 millones de pies cúbicos diarios, no tenía consumidores asegurados pues eran pocas las empresas las que se conectaban a la cultura del gas natural. Es más, el Estado obligó a que la empresa estatal hidroeléctrica ElectroPerú asegure la compra de 65 millones de pies cúbicos diarios, se consuma o no el gas natural favoreciendo en ese entonces a la empresa española Endesa, con la unidad eléctrica de Ventanilla, la misma que años más tarde fue absorbida por la transnacional Enel de Italia.

Lo mismo ha sucedido con TGP (Transportadora de Gas del Perú) que ha cambiado varias veces de accionistas. Al principio las mismas empresas que eran accionistas de los lotes 88 y 56 también eran accionistas de TGP, tales como Pluspetrol, Hunt Oil, Sk de Corea, Sonatrach empresa estatal de Argelia, Tecpetrol de Argentina entre otros. Luego fueron vendiendo sus participaciones en una concesión que tiene una vigencia de 30 años, de allí el interés de los actuales accionistas de pretender una ampliación adicional de 10 años más.

Actualmente los accionistas de TGP están conformados por la empresa EIG Global Energy Partners de los Estados Unidos, con una participación de 49.86 por ciento, empresa que a fines del 2025 compró las acciones que controlaba el fondo Canadá Pension Plan Investment; en el mismo sentido la empresa estatal de Argelia Sonatrach participa con el 21.18 % y por último participa la española Enagás con un 28 %.

Se debe tener presente que Enagás denunció al Estado peruano ante el CIADI de París,  organismo que resuelve las controversias sobre las inversiones realizadas en nuestro país, en este caso por su participación frustrada en el denominado Gasoducto Andino del Sur. La denuncia ha sido aceptada y obligaría al Estado peruano al abono de US $ 302 millones de dólares.

En verdad, lo que se viene en un futuro próximo es una “crisis energética” en especial por nuestra dependencia del crudo importado y la compra que hacemos de diésel 2 limpio, el  principal combustible en nuestro pequeño pero rentable mercado de combustibles que se satisface con 300 mil barriles diarios. A ello se suman las importaciones de GLP y gasolinas.

De allí la urgente necesidad de masificar el mercado del gas natural apostando por el Gasoducto del Sur y fortaleciendo a la petrolera estatal PetroPerú dotándola de recursos financieros para que pueda importar derivados y comprar crudo para que la Refinería de Talara opere al 100% de su capacidad. A menos que el gobierno de transición opte por el agravamiento de la crisis energética con todas las secuelas políticas que ello significa con las elecciones del 12 de abril próximo.

Diario Uno, 14.03.2026

La situación de los lotes petroleros en el Perú continúa agravándose y varios especialistas advierten que las decisiones adoptadas desde el Ejecutivo, a través de Perupetro, han profundizado el problema en lugar de solucionarlo.

La agencia estatal encargada de negociar y administrar los contratos de hidrocarburos viene tomando decisiones que dejan fuera a la petrolera estatal o retrasan la explotación de importantes

yacimientos, lo que termina debilitando la producción nacional de petróleo.

Uno de los casos más recientes es la adjudicación de los lotes I y VI de Talara a la empresa privada La Ponderosa Energy, decisión anunciada por Perupetro tras un proceso de licitación.

Con esta medida, Petroperú quedó fuera de la operación de esos campos petroleros, pese a que inicialmente se había planteado fortalecer el rol de la empresa estatal en la explotación de hidrocarburos en el país.

Diversos analistas señalan que este tipo de decisiones agravan la crisis del sector, ya que el Perú produce apenas entre 25.000 y 40.000 barriles diarios de petróleo, mientras que el consumo interno supera los 290.000 barriles diarios, lo que obliga al país a depender de grandes olúmenes de importación de combustibles.

En ese contexto, crecen las críticas hacia la conducción política del sector energético, pues se acusa al Gobierno —y particularmente a la hoy premier— de impulsar políticas que debilitan a Petroperú y favorecen la entrega de lotes a operadores privados. Para varios sectores, esta estrategia no solo compromete la soberanía energética del país, sino que también profundiza la dependencia de combustibles importados en un momento de creciente volatilidad en el mercado

internacional.

Mientras tanto, la incertidumbre continúa en varios lotes petroleros del país, con contratos en discusión, procesos cuestionados y campos que podrían quedar paralizados. Para expertos del sector, si no se redefine la política energética y el rol de Perupetro, el Perú seguirá perdiendo

producción petrolera y capacidad de controlar el preciode los combustibles.

DECISIONES DEL GOBIERNO y de la hoy premier profundizan el problema energético del país.

Diario Uno, 14.03.2026