Jorge Manco Zaconetti
Si se trata de hacer un balance económico político del año que termina, ¿cuáles podrán ser los hechos relevantes que han caracterizado la producción y reproducción de la economía peruana? Si nos llevamos de los titulares de la prensa concentrada expresión de la Derecha Bruta y Achorada (DBA), sería la “muerte lenta” de Petroperú, que al IV trimestre debe acumular los mayores pasivos y pérdidas económicas que serán de público conocimiento recién en abril de 2026, con la publicación de los estados financieros auditados por Price Waterhouse, cuya contratación fuera uno de los hechos positivos en la gestión del expresidente del directorio Alejandro Narváez, defenestrado del cargo luego de la censura de la presidente Dina Boluarte por el Congreso de la República, controlando por los partidos mafiosos, que aspiran a perpetuarse en el poder en las próximas elecciones.
En la práctica, todas las semanas ha sido una campaña sistemática, demoledora, feroz, de descrédito para difundir la incapacidad de la petrolera estatal de revertir los resultados económicos negativos que se han generado desde el cierre en 2020 de la vieja refinería de Talara, que hasta 2019 obtenía utilidades operativas de US$265 millones, y utilidades netas positivas de más de US$171 millones.
Es más, el responsable de esta desatinada decisión ha sido el economista Carlos Paredes Lanatta, presidente del directorio en ese entonces, que ahora es uno de sus más críticos severos. ¿Cuánta responsabilidad tiene este señor en la presente crisis económica financiera de PetroPerú?
En verdad, la necesidad de una “auditoría forense” ha quedado en el olvido ante los recurrentes y repentinos cambios de los directorios de PetroPerú. Es más, si se hiciera un balance del número de los presidentes de directorio desde 2011, con el gobierno de la pareja presidencial Humala & Heredia, al presente diciembre de 2025, prácticamente el período de vigencia de duración de los mismos ha sido de poco más de un año. En tal sentido, qué empresa moderna puede sobrevivir ante tantos cambios de sus máximos funcionarios. Por el contrario, está la fortaleza de PetroPerú, que a pesar de todas las dificultades, problemas, trabas, contribuciones especiales que ninguna empresa privada estaría dispuesta a asumir, como el abastecimiento de combustibles en la Amazonía, y otras partidas que le imponen por su carácter de empresa del estado, como el mantenimiento a pérdida del Oleoducto Norperuano.
Debiera ser evidente que si al primer semestre de 2026 los resultados económicos financieros no resultan positivos, el próximo gobierno si fuera adscrito a la derecha económica procederá a la privatización, entiéndase “descuartizamiento” de la petrolera estatal, empezando por la Moderna Refinería de Talara, que debiera estar generando excedentes económicos positivos para pagar los intereses y amortizar el capital de los préstamos asumidos en su construcción. Por ello, es de interés público que dicha unidad opera al 100% de su capacidad, generando utilidades.
Es más, si se trata de pérdidas económicas, nadie cuestiona la gestión del Banco Central de Reserva del Perú durante la presidencia de Julio Velarde Flores, que mantiene caprichosamente como parte de las Reservas Internacionales Netas (RIN) la cantidad fija de 34.6 toneladas de oro físico. Nadie osa interrogar al longevo presidente del banco central sobre las razones por las cuales el BCRP no ha comprado más volúmenes de oro, cuyos precios están volando a la estratósfera.
En 2020, la onza de oro se cotizaba en US$1,801 dólares; en 2023 el promedio fue de US$1,943 dólares la onza; esa misma onza elevó su precio a US$2,388 en 2024. Y, el promedio en el período enero-octubre de 2025 del precio de la onza ha sido de US$3,285 dólares, y a fines de diciembre alcanzó los US$4,500 dólares la onza, un precio inédito con tendencia la subida, pues por diversas razones, sobre todo geopolíticas, el precio a diciembre de 2026 se proyecta sobre los US$6,000 dólares la onza.
Nadie le pregunta al mandarín del BCRP cuál ha sido el “costo de oportunidad” dejado de percibir por el Estado peruano si hubiese duplicado sus reservas de oro. Si se tiene presente que una onza trooy equivale a 31.035 gramos, ¿cuántos millones de dólares ha dejado de percibir el Estado peruano si desde 2022 se hubiese incrementado las reservas internacionales en oro físico? En cambio, más del 95% de nuestras reservas están directa e indirectamente atadas al valor del dólar, que se deprecia, es decir, pierde valor en el mercado internacional; y en la mayoría de países los bancos están comprando y adquiriendo oro físico pues ya no confían en el valor del dólar ni como moneda de reserva de valor, atesoramiento y medio de pago.
Esta subida del precio internacional del oro constituye un estímulo perverso que explica la producción de oro informal e ilegal que en 2025 deberá ser superior a la producción formal del metal amarillo. Lo cierto y evidente es que las exportaciones de oro para el período enero-octubre de 2025 suman valores de US$17,971 millones de dólares, superando de lejos el valor de exportación para un período similar de 2024, que fueron de US$12,548 millones. El efecto precio cuya variación supera el 43%, ha sido el factor explicativo en el incremento del valor de las exportaciones, pues en términos de volúmenes apenas se ha incrementado de 5’348 miles de onzas a 5’470 miles (léase cinco millones cuatrocientos setenta mil onzas). Todo ello es información oficial del BCRP.
Esto significa que en términos físicos la producción para la exportación de oro apenas se ha incrementado en 2.28%, lo cual resulta un contrasentido, pues no se contabiliza la producción aurífera que se transfiera a Bolivia, Ecuador, Colombia y Brasil, en una “economía negra” que combina lo informal con lo ilegal con redes criminales que superan la capacidad del propio Estado.
En términos políticos, ello se expresa en el problema del registro temporal REINFO, que de temporal solamente tiene el nombre, pues data de 2016, durante el gobierno del gran lobista Pedro Pablo Kuczynsku (PPK). También expone el gran poder de los “encomenderos” de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, donde no más de 15 grandes empresas retienen la titularidad sobre la mayoría de las concesiones que en realidad tienen un tiempo indefinido de retención, por las cifras ridículas que se pagan al Estado por concepto de derechos de vigencia, apenas US$ 3 dólares por hectárea para la gran y mediana minería, y un dólar para la pequeña minería.
GLOBALIZACIÓN Y DESNACIONALIZACIÓN
Desde mi punto de vista, la noticia más relevante ha sido la compraventa de la emblemática empresa “Cementos Pacasmayo” del Grupo Hochschild, una empresa nacional con más de 67 años en el mercado, que tiene una capacidad de producción de 5 millones de toneladas de cemento al año, con 28 plantas de hormigón premezclado distribuidas a nivel nacional.
El gigante suizo HOLCIM se ha comprometido a pagar US$ 1,500 millones de dólares por la empresa “Cementos Pacasmayo”, una empresa rentable que en 2024 tuvo un margen operativo de 24.5% (Utilidad Operativa entre ingresos). El 16 de diciembre de 2025 ha desembolsado más de US$500 millones de dólares por el 50.1%, con el compromiso en firme de finiquitar la compra en el primer semestre de 2026. Con esta adquisición el gigante suizo controlaría el 25% del mercado cementero del Perú con una marca reconocida.
La presencia agresiva de HOLCIM en la economía peruana se inicia en agosto de 2024, con la compra de Comacsa SA Compañía Minera Agregados Calcáreos SA. En el mismo mes de agosto adquiere la empresa Mexicorm SA, empresa líder en el sector industrial en la comercialización, producció y distribución de concreto y cemento. Se estima que por ambas empresas habría pagado US$100 millones de dólares.
En marzo de 2025 la transnacional suiza también compra el 100% de la Compañía Minera Luren, que produce cal y ladrillos, empresa de capitales nacionales relacionados con la familia Garland Stromsdorfer.
En realidad, la presencia de capitales suizos en franca competencia con capitales chinos en el sector minero metálico y no metálico se acrecienta con el gigante suizo HOLCIM y con la transnacional Glencore, principal accionesta de Mra. Antapaccay, con el 33.75% de participación en Mra. Antamina; con el 99.9% en Perubar Sa, la única planta de almacenamiento y mezcla de concentrados de Glencore en América, entre las principales inversiones.
Lo cierto y evidente es que el proceso de globalización explica la presencia de grandes empresas transnacionales que compran empresas locales con propuestas millonarias e irresistibles, con lo cual se refuerza el control de las empresas transnacionales en la economía peruana. Volveremos sobre el tema, deseando un prósperao Año Nuevo, a pesar de las circunastancias de la política.
Diario Uno, 17.12.2025
