El perro del hortelano y el trabajo

   El trabajo informal que es mayoritario, es un trabajo no incorporado a la economía ni a la legalidad; no tiene seguridad social porque no cotiza, no tiene pensión porque no aporta a ningún sistema, para darle valor a ese trabajo en beneficio a la persona, lo lógico sería un avance progresivo para que los empleados de la microempresa, que son millones, tengan en primer lugar los derechos fundamentales mínimos, seguro de salud, pensión y 8 horas. Es más de lo que hoy tienen. Así se fortalecen la caja de pensiones y el fondo del seguro médico.

Si el trabajo informal es mayoritario es por culpa del gobierno, que no ejerce su función de control. Las empresas pueden incumplir los beneficios laborales, realizar mil y un abusos y hasta causar la muerte a un trabajador sin que la legislación considere el cierre por una falta grave. Con suerte se detectan casos de violación de la legislación laboral, pero en su mayoría se trabaja a partir de las denuncias recibidas.

A pesar de que García habló de las malditas services en sus promesas electorales, no ha realizado los cambios debidos en la legislación, pues sólo habla de obligar a inscribir en planillas a los trabajadores que realizan la actividad principal, por ejemplo, en un supermercado, las vendedoras, pero no trabajadores como vigilantes, trabajadores de limpieza, contadores y sus auxiliares, etc. Por esta razón en especial los trabajadores de limpieza y vigilantes sufren un trabajo en pésimas condiciones. Además, aquí hay un agravante, porque la puerta está abierta para el ingreso al país de compañias que prestan estos servicios, en las cuales emplean mercenarios.

Por otro lado, pese a las modificaciones parciales, el estado sigue siendo el gran explotador y violador de los derechos laborales, pues es uno de los que tiene la mayor cantidad de personal contratado por “servicios no personales”, con lo cual burlan el pago de beneficios sociales. Nadie quiere atreverse a hablar de poner a los vigilantes y personal de limpieza en planilla, porque los lobbistas saltan a defender lo suyo: vivir de la explotación de los más débiles. Sí, los más débiles, porque un contador o médico contratado por “servicios no personales”, no obstante ser abusado al no pagársele beneficios sociales, por lo menos es un profesional que tiene más recursos y gana más, pero los trabajadores de limpieza y vigilancia reciben un pago ínfimo de las services o empresas de intermediación laboral, que son quienes se llevan la parte del león. ¿Por qué García no comienza con predicar por casa, es decir, en el mismo gobierno e incluye en planilla a todos los trabajadores estatales? 

Otra de las razones para no incluir en planilla a los trabajadores es evitar que aumente la cantidad de trabajadores en sindicato, esa es la clase de trabajadores que quiere el gobierno: que nunca tengan derecho a reclamar nada organizadamente.

No obstante, el número y capacitación de inspectores es insuficiente y será mucho peor si progresa la iniciativa de transferir la responsabilidad de inspección a las municipalidades. No se puede atomizar una función elemental del estado y cargar la responsabilidad a las municipalidades, sabiendo además que los casos de corrupción en los gobiernos locales se multiplican.

Con el fraccionamiento de las funciones se perderá esfuerzos, porque los trabajos de inspección necesitan de una supervisión y coordinación central, además, es el ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el organismo mejor capacitado para realizar la selección de personal para inspecciones.

Si el gobierno considera a la persona más importante que los impuestos, entonces debe dar su lugar al MTPE y a sus inspectores. ¿Acaso alguien pensaría correcto transferir las funciones de inspección de la SUNAT a los municipios? La propuesta del presidente no hace sino mostrar que el trabajador vale menos que los impuestos para él. En su lógica, cualquier alcalde puede disponer a su gusto de los inspectores, sabiendo que la legislación laboral es algo complejo (¡además, con la sugerencia de Alan García, la lenidad de autoridades ediles ante los abusos contra los trabajadores ya no sería achacable al gobierno central!, ¡allí está la papa caliente!, ¡allí está el detalle!). Es claro, el trabajador no vale para García como valen los tributos, por más que use gaseosas frases como “puesta en valor”. Vemos una vez más que el presidente tiene un discurso en la forma, pero es otro el fondo, va de un polo a otro, podríamos decir que es una propuesta bipolar…

Sobre la intención de dar progresivamente beneficios sociales a los trabajadores de pequeñas empresas, García habla como si no supiese que las consideraciones otorgadas a estas empresas en la legislación (que favorecen al empleador) han devenido en un vicio, pues muchas medianas —y hasta grandes— empresas han comenzado a desdoblarse en varias pequeñas empresas, para burlar así los beneficios a los trabajadores. Esas concesiones ya deberían eliminarse; son los medianos y grandes empresarios quienes han abusado de ellas.

Además, las concesiones dadas a las pequeñas empresas son un estímulo para que se queden pequeñas y no crezcan, pensando siempre en acogerse al tratamiento especial del gobierno.

Un trabajador no debería tener menos beneficios sociales por el sólo hecho de trabajar en una pequeña empresa, ¡el trabajo tiene el mismo valor intrínseco acá o allá! Son muchos los casos de pequeñas empresas que obtienen ingresos suficientes para pagar beneficios sociales completos, pero optan por explotar al trabajador. Al estado le corresponde cumplir su rol de control y protección de la parte más débil en la relación laboral, esto es, el trabajador. Al fin y al cabo, los beneficios sociales siempre se calculan en forma porcentual, por lo tanto, una pequeña empresa podrá pagar un sueldo menor, pero nunca menos beneficios sociales.

Sobre el fortalecimiento de la caja de pensiones, García debería tener más vergüenza y pagar a la ley 19990 lo que le deben, porque en ningún gobierno se despilfarró tanto el fondo de pensiones como en su gobierno de 1985 a 1990. Por tanto, no tiene sólido sustento lo que García añade:

Pero a este acceso progresivo se opone la demagogia que dice: "Hay que dar de inmediato todos los derechos a los trabajadores de la microempresa familiar o informal". Pero no saben (o tal vez sí) que lo único que conseguirán es que el microempresario, incapaz de pagar esos costos, cierre la empresa y despida a muchos trabajadores, con lo cual el remedio será peor que la enfermedad.

La atención a los trabajadores que brinda el MTPS necesita mejorar. Lo que en realidad hace falta es un ministro o ministra de Trabajo que se comprometa con las funciones que le corresponden, proponga correcciones equitativas a la legislación y agilice y capacite al personal del MTPS. El MTPS debería tener un poder coercitivo por lo menos igual al de la SUNAT, es decir, la facultad de sancionar los incumplimientos graves con sanciones mayores, como el cierre, pero para eso se necesita un gobierno que entienda que el trabajador es superior al tributo y no uno que se agite como una rama al viento que soplan los caprichos de los empresarios, que de una vez por todas deberían aprender a ser buenos empresarios, que sepan respetar los derechos de los trabajadores y que sean exitosos. No se puede promover al empresario fracasado, que realiza malos negocios y quiere sobrevivir gracias a la explotación del trabajador o que hace buenos negocios, pero quiere enriquecerse a costa de la pobreza del trabajador, sino al empresario exitoso que sabe respetar los derechos del trabajador y le paga bien, como sucede en Europa o Estados Unidos.