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La noticia remeció el ambiente jurídico. En el caso de Humberto Abanto (abogado de Jaime Yoshiyama), el juez Chávez Tamariz afirmó que recibió un soborno de $ 106,000 y que se concretó el trato que hizo con Álvarez Pedroza de conformar un tribunal arbitral. Además, recibió otro monto de S/ 135,000.
También que se ha demostrado que Randol Campo recibió sobornos por $ 40,000, $ 20,000 y otros montos. De la misma manera en el caso de Luis Pebe Romero por $ 30,000 y de EmilioCassina Rivas con más de $ 100,000.
A Emilio Cassina Rivas, por tener más de 80 años, se le otorgó cinco días de plazo para que comunique la dirección exacta donde cumplirá esta orden de detención domiciliaria. Tiene prohibido comunicarse con sus co-investigados, sin incluir a su hijo. Y, en el caso de Emilio Cassina Ramón, no se le impuso medida cautelar porque el juez consideró que “no hay elementos de convicción”.
En este suceso, que demuestra la putrefacción del sistema jurídico, los fiscales German Juárez y su adjunto Hamilton Montoro, del Equipo Especial del caso Lava Jato, solicitaron que la prisión preventiva sea por un plazo de 36 meses, tiempo permitido para casos de delito de organización criminal, que fue descartado.
RECIBIRÍAN 4 AÑOS DE PRISIÓN
Jorge Chávez Tamariz impuso prisión preventiva por 18 meses contra 14 árbitros: Humberto Abanto, Randol Campos Flores, Luis Pardo Narváez, Richard Martín Tirado, Weyden García Roja, Luis Pebe Romero, Alejandro Álvarez Pedroza, Ramiro Rivera Reyes, Franz Kundmuller, Fernando Cantuarias Salaverry, Mario Castillo Freyre, Marcos Espinoza Rimachi, Alfredo Zapata Velasco y Daniel Linares Prado.
Al respecto, el abogado Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal (IDL), saludó que al juez José Chávez Tamariz no le haya temblado la mano a la hora de dictar los 18 meses de prisión preventiva a los rfeferidos jueces que favorecieron a Odebrecht en diversos arbitrajes.
“Se trata -afirmó- de uno de los dictámenes más gravosos impuesto a 14 abogados y que demuestra cuán podrido está el sistema jurídico en el país. El juez ha tenido en cuenta la sospecha grave de la comisión del delito y aplicó esa medida concordada con el acuerdo plenario de la Corte Suprema de la República”.
Seguidamente refirió que recibirían 4 años de prisión y en el caso de Humberto Abanto Verástegui manifestó que existía el peligro procesal de fuga y entorpecimiento de la investigación en su contra.
“El juez ha establecido que el trabajo, la profesión de abogado, no puede ser considerada un argumento de arraigo, porque ellos se han servido para cometer los ilícitos”, precisó.
Luego recordó que Abanto, so pretexto de visitar a César Álvarez, aprovechó para buscar al exjuez Walter Ríos para coaccionarlo, para que presuntamente cambie sus afirmaciones respecto a todo lo que sabe. Por ello se dice que su accionar puede ser obstruccionista.
“Esa resolución del juez marca un hito en la administración de justicia. En un primer momento fue el juez Concepción Carhuancho y lo es el juez Chávez Tamariz, que elevan la valla en el Poder Judicial, sobre el peligro procesal que se ha indicado”, subrayó.
“Esperemos que sus apelaciones no lleguen a la sala Sahuanay, por ejemplo, porque podrían ser liberados”, advirtió Quispe.
SOMOS IGUALES ANTE LA LEY
El analista político Miguel Jugo expresó que “todos somos iguales ante la ley y si la Fiscalía y el Poder Judicial consideran que esas personas van a perturbar el proceso, que van a generar situaciones que van a perjudicar una situación que nos interesa a todos, en el caso de cómo obró Odebrecht en nuestro país, creo que es importante que así se dé y hay que respaldar la decisión del juez y los fiscales”.
Continuando con su razonamiento, argumentó que “en el tema de la perturbación de la justicia es más importante porque allí hay serios cuestionamientos en toda la forma como han actuado”.
“Una cosa es utilizar una estrategia de forma, pero otra es utilizar las mañas para perturbar a la justicia. Creo que un abogado no necesariamente tiene que burlar a la justicia o utilizarla negativamente. Por ello es que hay códigos de ética”, remarcó.
A CONSTRUCTORA ODEBRECHT
Horacio Cánepa hizo ganar S/ 300 millones
De acuerdo con los cálculos del Equipo Especial del caso Lava Jato, las resoluciones arbitrales en las que intervino Horacio Cánepa contribuyeron a que la constructora brasileña le ganara al Estado cerca de 300 millones de soles.
Para acreditar que abonó los sobornos a los árbitros, Cánepa añadió, además de los documentos de Jure Et De Jure Abogados, grabaciones de sus conversaciones con los implicados, en las que estos supuestamente aceptan haber recibido los montos de manos del exoperador legal de Odebrecht.
ALGO MÁS
Finalmente, comentó que “la Cámara de Comercio de Lima, la Universidad Católica y otras instituciones existen para garantizar la imparcialidad de estos árbitros, sin embargo, lo que ha hecho Odebrecht es perjudicar gravemente a esas instituciones y por ello los arbitrajes han entrado en cuestión y creo que la JNJ debe ver estos casos para mejorar los arbitrajes”, concluyó Miguel Jugo.
FÉLIX GRIJALBA SATO
Diario Uno, 05.11.2019
