Por Rocío Ferrel
El pleno del Gabinete Ministerial, en sesión encabezada por el presidente Ollanta Humala, aprobó el proyecto de ley que incorpora la pena de multas para los delitos más graves de corrupción, adicionalmente a la prisión o inhabilitación, lo cual no será un arma efectiva contra estos delitos.
El proyecto responde al Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016 y debe ser debatido y aprobado por el Congreso en concordancia con la CAN Anticorrupción.
El planteamiento espera modificar 15 artículos del Código Penal para agregar las sanciones pecuniarias que van desde el pago de 180 hasta 730 días-multa para diversos tipos de delitos que atentan contra la administración pública.
El monto de la multa se fijará de acuerdo con la remuneración que perciba el funcionario responsable del delito.
La multa se aplicaría en los casos más graves, como concusión, peculado doloso, colusión desleal, malversación de fondos, cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Además se valorará la reincidencia.
Con ello se recoge el planteamiento de diversos instrumentos internacionales como de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción y la Convención Contra el
Soborno en las transacciones Comerciales Internacionales, habiéndose tomado de referencia legislaciones penales de países como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, México y España.
¿Por qué esa costumbre de los peruanos que trabajan con la legislación, de tomar modelos de leyes de países latinos? ¿Carecen de personal capaz de analizar legislación en idiomas alemán, inglés, francés o ruso? Además, tratándose de corrupción, este mal está siendo combatido sin buenos resultados en América Latina, por lo cual debería analizarse legislación de los países más exitosos en la lucha contra la corrupción en el mundo. ¿Por qué pierden el tiempo en analizar leyes de países subdesarrollados como Chile, que exporta corrupción al Perú, o México, que se ahoga en corrupción?
Sin duda, es una muestra más de la mediocridad de este y los anteriores gobiernos, así como de los legisladores peruanos, lo cual evidencia no sólo estrechez intelectual, sino tal vez deseos de querer proteger a corruptos, pues hasta ahora los legisladores se resisten a alentar la cultura de denuncia de corrupción por parte de ciudadanos y trabajadores estatales, que deberían contar con todas las garantías y hasta deberían recibir una retribución económica que guarde relación con los casos que ayuden a descubrir. Así se desalienta a cientos, tal vez miles de peruanos que conocen casos de corrupción y no los denuncian por temor y porque no recibirán ningún beneficio económico por ello, sino problemas.
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