La Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) del Ministerio Público (MP) obtuvo del Poder Judicial (PJ) la orden de incautación de 117 inmuebles de 12 personas, entre quienes se encuentran los excongresistas fujimoristas Joaquín y Osías Ramírez Gamarra, y el exsecretario de organización de Fuerza Popular Pier Figari Mendoza.
A cargo del caso está el juez Víctor Zúñiga Urday, cuya orden comprende además a Nancy Gallegos Vela, la viuda del exrector de la Universidad Alas Peruanas (UAP) Fidel Ramírez Prado y a sus hijas, Maribel y Nancy Ramírez Gallegos. Los hermanos Joaquín y Osías Ramírez son sobrinos de Fidel Ramírez.
Fidel Ramírez compraba o alquilaba inmuebles a Joaquín y Osías Ramírez para el funcionamiento de locales de la Universidad Alas Peruanas (UAP), mediante contratos leoninos, indica la Fiscalía de Lavado de Activos.
La familia de Ramírez facilitó a Keiko Fujimori, conocida en el hampa judicial como “señora K”, la transacción de un predio de 1.035 metros cuadrados en una zona exclusiva de Cieneguilla y simuló la contratación como asesor de Pier Figari.
Dicha fiscalía plantea que Keiko Fujimori, los hermanos Joaquín y Osías Ramírez, la viuda Nancy Gallegos y sus hijas Maribel y Nancy Ramírez, y con ellos Pier Figari, son parte de una organización criminal que se benefició con la expoliación de los recursos de la UAP.
Como Keiko Fujimori se ha protegido al no registrar ninguna propiedad a su nombre en los Registros Públicos, en la orden judicial de incautación ella no figura.
Otros involucrados en el caso de lavado son Rosa Castañeda Cubas, Marco Urteaga Cabrera, Yohny Ramírez Núñez, Harold Morales Rojas, Marcos Aponte Andrade y Edmond Jordan Montes. Justamente, Edmond Jordan, a quien se atribuye el papel de operador de Joaquín Ramírez, fue quien negoció con Keiko Fujimori la venta de inmueble de Cieneguilla.
La defensa de la UAP estima en S/500 millones el monto que el clan Ramírez y sus cómplices desfalcaron a la universidad.
El referido juez, en abril de 2023, autorizó la incautación de inmuebles de las 12 personas mencionadas, y también 41 inmuebles de la UAP, pero la defensa de la universidad apeló, por lo que una sala superior impuso al magistrado individualizar las incautaciones, cosa que se cumple con la nueva medida.
El exsecretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez, quien comenzó su trabajo siendo cobrador de combi, habia acumulado 53 inmuebles,inscritos a su nombre y de 8 de sus empresas, entre ellas, Lima Ingeniería y Construcción.
En la campaña presidencial de 2016, Keiko Fujimori estableció su centro de operaciones en una residencia de la calle Bucaré, La Molina, quepertenecía a Lima Ingeniería y Construcción, que era parte de la red de lavado de Joaquín Ramírez, según la Fiscalía.
La incautación comprende a 54 inmuebles inscritos a nombre de las empresas Capricornio Import, Promotora Inmobiliaria Primavera, Promotora Juan Pablo II, Lima Ingeniería Construcción, Imporgraf, Mondreu, Norgrifo y Constructora Inmobiliaria Habitaria.
La viuda de Fidel Ramírez, Nancy Gallegos, y sus hijas Maribel y Nancy Ramírez, tenían 30 inmuebles.
En cuanto al excongresista Osías Ramírez Gamarra, hermano de Joaquín Ramírez Gamarra, tenía 4 propiedades, que corrieron la misma suerte.
El juez admitió la acusación de la Fiscalía de Lavado de Activos, que señala que la organización criminal creada presuntamente por Joaquín Ramírez, contaba con el respaldo de un “brazo político” para consumar actos ilícitos, integrado por la cabecilla de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el exsecretario general del partido Pier Figari Mendoza.
Dicho “brazo político” habría estado constituido por Keiko Fujimori Higuchi y Pier Figari Mendoza, quienes habrían otorgado un blindaje político a través del impedimento de propuestas legislativas para crear instituciones que supervisen a las cooperativas y las universidades, de forma que la organización criminal pueda seguir subsistiendo como tal”, señala la resolución judicial.
Joaquín Ramírez además financió la campaña presidencial de Keiko Fujimori con fondos obtenidos del desfalco a la UAP.
“La organización criminal contaba con un blindaje político por parte del partido político Fuerza Popular a cargo de Keiko Fujimori Higuchi, quien a través de Joaquín Ramírez Gamarra (aportes provenientes de sus empresas de fachada) y Pier Figari Mendoza (aportes provenientes de pagos de las empresas de fachada de Joaquín Ramírez Gamarra por irregulares consultorías) obtenía los activos necesarios para su campaña, la cual aceptaba a cambio de blindar a la casa de estudios de ser fiscalizada por el Congreso”, se indica en la resolución judicial.
También se señala un acto de lavado de activos en la forma de simulación de compra de un predio de Keiko Fujimori en Cieneguilla. “El inmueble que fue adquirido por Keiko Fujimori Higuchi por el monto de US$144.946. Y fue obtenido por Edmon Jordan Montes al precio de US$201.010. La imputada (Keiko Fujimori) ha reconocido que obtuvo una ganancia de US$80.000 proveniente de los actos fraudulentos [atribuidos a Joaquín Ramírez]”, se explica en los fundamentos de la orden de incautación, citada por La República.
