El Pleno del Congreso aprobó el dictamen que propone fortalecer el trabajo de la APCI y contribuir con la transparencia y la supervisión de la ejecución de los recursos recibidos por las entidades que la gestionan la Cooperación Técnica Internacional No Reembolsable.
El dictamen corresponde a los proyectos de ley 6162/2023-CR, 6252/2023-CR, 7140/2023-CR, 7354/2023-CR, 7367/2023-CR y 7505/ 2023-CR, que modifica la Ley 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Sumó 82 votos favor, 16 en contra y 4 abstenciones.
La propuesta tiene por finalidad fortalecer el trabajo de la APCI y contribuir con la transparencia y la supervisión de la ejecución de los recursos recibidos por las entidades que la gestionan la Cooperación Técnica Internacional No Reembolsable.
La iniciativa fue exonerada de una segunda votación con el respaldo de 82 congresistas, 15 en contra y 4 abstenciones.
La propuesta modifica los artículos 3, 4, 21 y 22 de la Ley 27692, donde se plantea que la APCI tiene responsabilidad de ejecutar, organizar, programar y supervisar la Cooperación Internacional No Reembolsable, que se gestiona a través del Estado y que proviene de fuentes del exterior de carácter público y/o privado.
También se indica que la APCI está a cargo de ejecutar la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional (PNCTI), componente de la política exterior del Estado, orientada a captar (en el exterior) recursos para el desarrollo nacional, así como proyectar la oferta peruana de cooperación técnica internacional.
“Las entidades (ONG) señaladas en el párrafo precedente tienen la obligación de inscribir en un registro que conduce la APCI, de carácter público e informativo, los planes, proyectos, programas o actividades, así como la ejecución del gasto que realizan con recursos de la cooperación técnica internacional”, se indica.
En las disposiciones complementarias, se plantea que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) evalúa la necesidad de crear una unidad de organización dentro de su organización interna con el fin de efectivizar las disposiciones establecidas en la propuesta dentro del marco de sus competencias.
Otra propuesta es que los contratos, actos jurídicos o administrativos que celebre el Estado con las organizaciones que gestionen la cooperación técnica internacional, también requieren conformidad previa de la APCI, conforme a la normativa vigente.
La propuesta fue sustentada por la presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Auristela Obando (FP), quien indicó que el dictamen se analizó en cinco sesiones ordinarias, donde se escuchó las posiciones técnicas del Ministerio de Relaciones Exteriores, Sunat, Unidad de Inteligencia Financiera, el Ministerio Público, la APCI y la Contraloría General de la República.
Asimismo, dijo que, tras el estudio de las iniciativas legislativas, se advirtió que existen vacíos en la normativa de la Ley 27692, que permite a muchas organizaciones no ser transparentes.
A su turno, el legislador José Cueto (HyD) señaló que varias ONG, de supuesta defensa de los derechos humanos, se han dedicado defender a delincuentes terroristas y persiguen a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
En tanto, el parlamentario Alejandro Aguinaga (FP) dijo que la propuesta legislativa va a cortar el modus operandi de quienes se aprovechan de la cooperación internacional y se llenan los bolsillos a costa de los más pobres del Perú.
Su colega Alejandro Muñante (RP) sostuvo que hay muchas entidades que no rinden cuentas, no pagan impuestos y muchas veces ponen la agenda política en el país; sin embargo, consideró esa situación se acabó con la propuesta presentada por el Congreso.
