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Por siete días, ante posible peligro de fuga y obstaculización del proceso
El Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima dirigió un operativo de allanamiento, incautación y detención preliminar por siete días de diez investigados por presuntos delitos de corrupción, cometidos en la contratación del proveedor Richard Javier Cisneros Carballido en el Ministerio de Cultura, entre los años 2018 y 2020.
Edificio donde se ubica la vivienda de Richard Cisneros
La medida judicial fue otorgada a solicitud de la fiscal provincial Janny Sánchez Porturas, en el marco de la investigación preliminar por los principales delitos de colusión agravada y alternativamente negociación incompatible y comprende a los exfuncionarios de Palacio de Gobierno, como la ex secretaria general, Mirian Maribel Morales Córdova; el excoordinador de prensa y comunicaciones, Óscar Manuel Vásquez; y a la exsecretaria, Karem Alexandra Roca Luque.
Asimismo, a los funcionarios del Ministerio de Cultura: las ex secretarias generales, Patricia Aída Dávila Tasaico y Diana Angélica Tamashiro Oshiro; al director general de la Oficina General de Administración, Lincoln Martin Matos Parodi; las exdirectoras Generales de Recursos Humanos, Aura Elisa Quiñones Li y Liliana Margot Chaname Castillo; y al coordinador y programador del Gran Teatro Municipal, Mauricio Manuel Salas Torreblanca.
También a Richard Javier Cisneros Carballido, como proveedor de los servicios contratados por la entidad, durante el año 2018 al 2020.
En el operativo participaron un total de diez fiscales anticorrupción, igual número de peritos del Ministerio Público y 60 efectivos policiales de la División de Alta Complejidad.
Peligro de obstaculización y fuga
La medida de detención se sustenta en el peligro de obstaculización y fuga de los investigados, quienes estarían vinculados y tendrían contactos de alto nivel que podrían inferir y entorpecer la investigación preliminar en su contra, más aún, si están involucrados funcionarios de gobierno y poder político.
Según el documento fiscal, como es de público conocimiento, se estarían contactando a los investigados y testigos para poder dificultar la presente investigación, incluso borrando material probatorio e influyendo para que los testigos declaren falsamente.
Cabe precisar que, en el caso de Mirian Morales y Óscar Vásquez, se le investiga también por los delitos conexos de obstrucción a la justicia. A ella y a Karem Roca, por el delito de ocultamiento real, sumándose el de falsedad genérica para esta última.
Como parte de la intervención, se levantó del secreto de las comunicaciones y telecomunicaciones con la finalidad de visualizar y extraer información, data digital y redes sociales a las que se encuentren vinculadas todas aquellas especies que se logren incautar en los inmuebles materia de allanamiento y registro.
La investigación basada en diversos elementos de convicción como documentos, correos electrónicos, informes periciales, declaración de un testigo en reserva, de un aspirante a colaborador eficaz; entre otros, atribuye que el proveedor Richard Cisneros habría sido favorecido con contrataciones directas innecesarias durante los años 2018 al 2020, como resultado de sus contactos y tratativas previas desde Palacio de Gobierno hacia el Ministerio de Cultura.
Un total de nueve órdenes de servicio emitidas a su favor y valorizadas en S/ 175 400 habrían sido procesadas, otorgadas y ejecutadas con una serie de irregularidades, como servicios que no se encontrarían justificados, serían innecesarios, con un perfil direccionando, sin experiencia en contrataciones con el Estado; y con montos contractuales que habrían sido sobrevalorados.
