La Ley contra el crimen organizado promulgada hoy por el Congreso de la República, que cambia artículos del Código Penal y otras normas, debe ser corregida pues pone en riesgo la seguridad ciudadana del país, exigió la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
La Ley N.° 2108, que no fue observada por el Ejecutivo, genera graves trabas a la justicia en su lucha contra las organizaciones criminales y “desalienta la iniciativa de los emprendedores y empresarios para iniciar sus negocios y esto tiene un impacto negativo en el crecimiento económico. No podemos retroceder en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado”.
Por ejemplo, la ley estipula como requisito que las organizaciones criminales controlen “la cadena de valor de un mercado o economía ilegal”, con lo cual quedarían fuera quienes cometan delitos de extorsión, secuestro y asalto, que tienen en zozobra a la población.
La norma promulgada deja fuera a 59 de los 91 delitos penales considerados graves, entre las que se encuentran el enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo y el soborno internacional pasivo, tráfico ilícito de migrantes, tráfico de órganos, tala ilegal, etc.
La CCL cuestiona que se considere como organización criminal solo a quienes cometen delitos con penas que superan los 6 años de prisión efectiva, dejando fuera a organizaciones involucradas en actos de corrupción.
La norma publicada carece de sustento técnico al extremo de haber modificado una ley derogada (Ley n.° 27379) referida al allanamiento de viviendas e inmuebles.
La Cámara de Comercio de Lima considera que, si una norma anterior podía generar algún abuso, esto se puede corregir, pero no se debe ir al extremo, debilitando la lucha contra el crimen organizado.
En tanto no se corrija la norma publicada hoy, los jueces tendrían la atribución constitucional de aplicar el control difuso, esto es que, durante un proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces optarán por la primera, inaplicando según sea el caso la norma promulgada.
Para la Cámara de Comercio de Lima, la referida norma abre un camino a la impunidad donde la delincuencia organizada, al ser una problemática trasnacional, atenta contra el crecimiento económico del país.
