El mega proyecto Hidrovía Amazónica que pretende integrar la Amazonía peruana mediante una red fluvial, está siendo cuestionado por las comunidades indígenas de las zonas de influencia directa de la obra, debido a la falta de información en el proceso de consulta previa.
Los integrantes de las 14 comunidades indígenas de Loreto y Ucayali, quienes serían directamente afectados por el proyecto de Hidrovía Amazónica, que comprende los tramos de los ríos: Marañón, Huallaga, Ucayali y Amazonas- a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), demandan mayor transparencia e información en cuanto a los impactos ambientales y sociales de la mega obra de Hidrovía Amazónica, y cuestionan el proceso de consulta previa alrededor de este proyecto.
El proyecto que demanda una inversión de 69 millones de dólares para su construcción y 350 millones de dólares de mantenimiento, facilitaría el transporte de casi un millón de personas en la Amazonía, pero debido al dragado (operación de limpieza de sedimentos en cursos de agua) que se realizaría en los ríos se producirían impactos que preocupan a los integrantes de las comunidades indígenas, por lo que vienen solicitando al MTC que la consulta previa regrese a la etapa informativa, debido a que la información brindada por el Estado fue insuficiente y no dio cuenta sobre el impacto ambiental que generaría el proyecto en las comunidades, en la biodiversidad y en la pesca. Asociado a ello, denuncian la ausencia de un Estudio de Impacto Ambiental.
“En ningún momento nos han presentado un estudio técnico que nos muestre realmente la situación en la que quedarían nuestras comunidades, los niveles de afectación que generará este proyecto para la biodiversidad, para los peces, el cambio de curso del río”, dice Alfonso López, presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT).
Añade que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), es una institución del Estado que no ha participado en el proceso, “estamos pidiendo que se retroceda o se amplíe el proceso de consulta, nosotros queremos que nos den la información que corresponde sobre el impacto ambiental para que realmente podamos evaluar si nos beneficia o no. ¿Qué cosa podemos evaluar sin información?”, enfatiza.
Henry Carhuatocto, presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible comenta: “Lo que llama poderosamente la atención es que el SENACE siendo el órgano competente que ve el tema de la elaboración y aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, no haya sido incorporado en el proceso de consulta, también llama la atención que la Dirección de Hidrografía de la Marina de Guerra del Perú tampoco haya sido incluida, y por último el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) también brilla por su ausencia”.
Etapa de diálogo
La etapa de diálogo, que culmina hoy en Pucallpa, es la penúltima fase del proceso de consulta. Hasta la fecha se realizaron diversas reuniones que han correspondido, algunas, a la etapa de información (del 22 de mayo al 21 de junio) y otras a la etapa de evaluación (del 22 de junio al 21 de julio). Sin embargo, los nativos señalaron que durante la etapa de evaluación se dieron cuenta de que la información era insuficiente, por lo que han exigido volver a la etapa informativa.
Otras de las organizaciones que cuestiona el proceso es ORPIO (Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente). “El MTC ha reconocido que no ha brindado la información pertinente y en ese marco vamos a trabajar, por eso la fase de diálogo se va a posponer mientras que regresemos a la fase informativa, esos puntos son los que vamos a tratar en estos últimos dos días”, señala Jorge Pérez, presidente de ORPIO.
Un análisis legal que realizó el abogado Juan Carlos Ruíz, del Instituto de Defensa Legal (IDL) señala que el MTC no entregó ni presentó de manera adecuada los principales contenidos y resultados del estudio de factibilidad, y que solo se difundió información sobre los grandes beneficios de Hidrovía y una afectación mínima y temporal sobre los pueblos indígenas y el ecosistema de los ríos, pero no se explica cómo es que el estudio llega a esa conclusión. “Utiliza un lenguaje altamente técnico y nunca se entregó una versión resumida poniendo en desventaja a los pueblos indígenas”, cita el análisis.
Carhuatocto cuestiona el proceso de consulta previa: “el Ministerio de Transportes y Comunicaciones quiere realizar al ‘caballazo’ la consulta previa, quieren entrar al diálogo con la comunidad indígena aún cuando todas las bases de las comunidades indígenas han sostenido que por falta de información quieren volver a la primera etapa. No ha habido la transparencia del caso”.
Por su parte, Pérez señala que están pidiendo al Estado mayor información sobre los impactos que podrían causar los dragados, ya que el río va a arrastrar arena y sedimentos. La obra demanda constante dragado, de ese impacto no se ha hablado”.
Consulta inició por acción de amparo
Debido a la postergación del proceso de diálogo, la concesión a cargo de Proinversión tendrá que esperar hasta que se concluya el proceso de consulta previa informada. Además, es importante mencionar que la consulta previa en el proyecto que atravesaría los ríos Ucayali, Marañón, Huallaga y Amazonas; se lleva a cabo gracias a la acción de amparo que la organización indígena ACODECOSPAT presentó contra Proinversión y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ya que el proceso de diálogo no fue una iniciativa del Estado.
“El Ministerio de Transportes y Comunicaciones en ningún momento tuvo la intención de llevar a cabo una consulta previa, esta es una decisión del juez que ha sido ratificada por la Corte Superior de Justicia que obliga al MTC a suspender la ejecución de Hidrovías, y que obligó al Estado a consultar a todos los pueblos indígenas afectados por el proyecto”, sostiene López.
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que solo cuando se tengan los resultados de un Estudio de Impacto Ambiental, hecho por personas técnicamente capaces e independientes, los pueblos indígenas podrán conocer los impactos que tendrá un proyecto o actividad sobre sus territorios y derechos.
