La ausencia del ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo de la Cruz, marcó la sesión extraordinaria conjunta de la Comisión de Energía y Minas y de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, a la que había sido citado para informar sobre los alcances del Decreto de Urgencia 010-2025.
Dicha norma establece medidas extraordinarias y urgentes en materia económica y financiera para la reorganización patrimonial de Petroperú S.A., así como para garantizar la continuidad de la cadena de producción, aspectos considerados de alto interés público y que requieren una explicación directa y transparente ante el Congreso de la República.
Esta ausencia fue duramente cuestionada por los congresistas, quienes coincidieron en señalar la necesidad de que el Ejecutivo rinda cuentas de manera directa, oportuna y transparente ante el Parlamento y la ciudadanía.
La presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, congresista Silvana Robles Araujo (bancada Socialista), lamentó la ausencia del ministro y la calificó como una falta de respeto al Congreso, así como una señal de falta de voluntad política para transparentar el verdadero alcance del decreto. Asimismo, advirtió que la reorganización de Petroperú planteada en la norma podría constituir una “privatización encubierta”.
“La entrega del control del proceso a una agencia cuya función es estructurar concesiones y privatizaciones refuerza la idea de una privatización fragmentada y sin un debate democrático de fondo”, sostuvo. Aunque reconoció la necesidad de realizar cambios en Petroperú, enfatizó que ello no puede autorizar al Ejecutivo a tomar decisiones estructurales sin rendir cuentas al Congreso.
En ese sentido, anunció la presentación de una moción de interpelación y una posterior censura al ministro de Energía y Minas, invocando a sus colegas a ejercer la función de control político y recordando que “Petroperú pertenece a todos los peruanos y no a un gobierno de turno”.
A su turno, el congresista Jaime Quito Sarmiento (bancada Socialista) expresó su respaldo a la interpelación y a la eventual censura. En la misma línea, la congresista María Agüero Gutiérrez (bancada PL) manifestó su rechazo al D.U. 010-2025, señalando que sus disposiciones ponen en riesgo el carácter público de Petroperú y su rol estratégico para el desarrollo nacional.
Por su parte, el congresista Eduardo Salhuana Cavides (bancada APP) señaló que Petroperú enfrenta serios problemas económicos, recordando que entre los años 2021 y 2025 ha representado una carga superior a los 17,500 millones de dólares para el Estado peruano.
Asimismo, alertó sobre el desabastecimiento de combustible en Puerto Maldonado y otras ciudades de Madre de Dios, debido a que la empresa no cuenta con combustible en sus plantas de Cusco ni Mollendo.
Informó también que una planta de almacenamiento de combustibles de Petroperú en Puerto Maldonado permanece paralizada desde hace casi cuatro años, deteriorándose a la intemperie por falta de recursos. Finalmente, instó a que quienes discrepan con las medidas del Gobierno presenten propuestas concretas y viables sobre el futuro de la empresa.
La congresista Ruth Luque Ibarra (bancada BDP) cuestionó la publicación del decreto sin una explicación pública previa y transparente, y llamó a presentar una moción de interpelación conjunta para los ministros responsables, exigiendo que respondan ante toda la población peruana, y no solo ante las regiones directamente involucradas como Piura y Talara.
Además, criticó al gobierno interino por adoptar decisiones estructurales de gran impacto, cuando debería concentrarse en problemas urgentes como la inseguridad ciudadana o las emergencias sanitarias, como el brote de tos ferina en la Amazonía.
En tanto, la congresista Heidy Juárez Calle (bancada PP) reconoció que Petroperú enfrenta problemas reales, pero cuestionó la forma en que el Ejecutivo viene abordando la situación. Propuso la realización de una sesión extraordinaria en la provincia de Talara, a fin de que congresistas y funcionarios conozcan de primera mano la realidad de la empresa y de la refinería, en lugar de tomar decisiones desde Lima.
Asimismo, anunció que los alcaldes de la provincia de Talara (Talara, La Brea, Lobitos, Los Órganos y Máncora), junto con representantes de la sociedad civil, han convocado a una protesta para mañana 14 de enero.
