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Esta semana se culminó con la instalación de las comisiones ordinarias en el Congreso y ha llamado más que la atención la elección de ciertos parlamentarios con acusaciones pendientes en la Fiscalía, sean parte de la comisión especial que se encargará de la elección de nuevos magistrados al Tribunal Constitucional. Hecho que sería claramente un conflicto de intereses.
El caso más reciente tiene que ver con Jorge Montoya Manrique, como se recuerda el legislador de Renovación Popular emitió mensajes públicos incitando a desconocer los resultados de la segunda vuelta electoral que dieron como ganador al actual presidente Pedro Castillo.
A mediados de julio el fiscal superior Gustavo Quiroz Vallejos emitió una resolución ordenando incorporar en la investigación preliminar a Montoya Manrique y también al legislador José Cueto. Wilmar Elera García, legislador del partido de Somos Perú-Partido Morado, es el segundo legislador que tiene hasta cuatro carpetas por el presunto delito de corrupción según el Ministerio Público.
El tercer congresista con procesos pendientes es Eduardo Salhuana Cavides de Alianza para el Progreso enfrenta tres carpetas aún en curso: N.º 1469-2016, 609-2017 y 872-2018. El último caso es por el presunto delito de malversación de fondos.
Con información de Diario Uno
