En un acto de reivindicación histórica y justicia social, el Pleno del Congreso de la República aprobó, por mayoría, una norma que garantiza el derecho a una pensión proporcional y digna para los maestros jubilados y cesantes de la Carrera Pública Magisterial, en correlación con la Remuneración Íntegra Mensual (RIM).
La iniciativa, contenida en los proyectos de ley 64/2022-CR, 4786/2022-CR, entre otros, busca corregir las brechas y desigualdades previsionales que por años afectaron a los docentes del país.
La propuesta dispone el pago de la pensión para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes de la carrera pública magisterial, mediante el otorgamiento de una pensión equivalente a la Remuneración íntegra Mensual correspondiente a la primera escala magisterial, que es como sigue:
Profesores con 30 horas semanales de trabajo: 3,300.60
Profesores con 40 horas semanales de trabajo: 4,400.80
Además, garantizará que los maestros jubilados y cesantes de la carrera pública magisterial obtengan una pensión adecuada que cubra sus necesidades básicas y les permita mantener un nivel de vida decente.
El texto sustitutorio establece una pensión proporcional para los profesores retirados de la educación básica regular, alternativa, especial y técnico-productiva, comprendidos en los regímenes de los Decretos Leyes 19990 y 20530, así como para los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) y la Ley 29944.
Asimismo, los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) recibirán estas pensiones las cuales serán equivalentes al monto de la RIM correspondiente a la primera escala magisterial y serán establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el Ministerio de Educación.
Durante la sustentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, congresista Ilich López Ureña (AP), explicó que el actual sistema previsional es fragmentado e inequitativo, afectando particularmente al magisterio.
«Los docentes cesantes perciben pensiones muy por debajo del salario mínimo, lo que atenta contra su derecho a una vejez digna y afecta la motivación de ingresar o permanecer en la carrera docente», sostuvo.
López Ureña remarcó que el caso de los maestros afiliados al SPP es crítico, pues sus pensiones dependen exclusivamente del ahorro individual, sin garantías estatales ni mecanismos de nivelación.
«Es hora de que el Estado reconozca el valor del trabajo educativo y su impacto en el desarrollo nacional», enfatizó.
Durante el debate, congresistas de diversas bancadas expresaron su respaldo a la norma. Segundo Montalvo (PL), Alex Paredes y Paul Gutiérrez (BMCN), y Waldemar Cerrón (PL), destacaron la necesidad de reparar una deuda histórica con el magisterio.
Sin embargo, también se escucharon voces que alertaron sobre el impacto fiscal de la medida. El congresista Alejandro Cavero señaló que la norma podría representar un costo de hasta 4 mil millones de soles anuales para el Estado, advirtiendo que la propuesta cuenta con opinión negativa del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Educación. Planteó una cuestión previa para que el dictamen regrese a la Comisión de Presupuesto.
En la misma línea, los congresistas César Revilla y Patricia Juárez hicieron un llamado a la prudencia fiscal. “No podemos caer en excesos en un contexto de déficit fiscal”, indicó Juárez.
El dictamen fue aprobado, en primera votación, con 54 a favor, cero en contra y 12 abstenciones. La propuesta será materia de segunda votación transcurridos los siete días calendario.
