Ante la norma que establece que los venezolanos deberán presentar visa y pasaporte para ingresar al Perú, grupos de esa nacionalidad permanecen en Chile. Se trata de un asunto que Chile debe resolver y no el Perú, pero la Defensoría del Pueblo, en lugar de preocuparse de los miles de asaltos diarios, asesinatos casi a diario y otros delitos que los venezolanos perpetran contra los peruanos, se dedica ahora a defender a los venezolanos que no pueden ingresar a nuestro país.
Todos los peruanos les pagamos para que defiendan a los peruanos, no a los extranjeros, con mayor razón si se trata de asuntos que deben ser resueltos por el país donde se encuentran, en este caso Chile.
¿Puede garantizar la Defensoría que sus protegidos no asalten o asesine o perpetren otros delitos? No. Cuando los venezolanos matan a un peruano no dicen nada.
Pero la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación debido a las limitaciones que estarían afrontando las personas en condición de vulnerabilidad que no cuentan con dichos documentos vigentes, algunas de las cuales se encuentran varadas en las zonas de frontera. ¡Pobrecitos los venezolanos, de ellos sí hay que tener pena!
Dicha institución dirigió un documento dirigido al superintendente nacional de Migraciones, Armando García Chunga, en el que se señala que es crucial permitir excepciones humanitarias para niños, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas que buscan reunirse con familiares que residen en el Perú u en otro país, para lo cual deben cruzar el territorio peruano.
Como parte del documento se precisa que, si bien la regulación en el ingreso de ciudadanos extranjeros es conforme con el principio de soberanía, no se debe desconocer los compromisos internacionales referidos al derecho al refugio ni los principios establecidos en la Política Nacional Migratoria 2017-2025 y en la Ley General de Migraciones, así como en el Decreto Legislativo 1350, sobre reunificación familiar e interés superior del niño.
En ese sentido, se solicita a la entidad reconsiderar la medida y flexibilizar el ingreso de personas en condición de vulnerabilidad. «Preocupa que la Resolución 000121-2024-MIGRACIONES no contemple la posibilidad de ingreso al Perú, con cédula de identidad y sin pasaporte, a personas venezolanas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad como es el caso de niñas, niños y adolescentes que tienen a sus padres en Perú en situación regular, o el caso de personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas que buscan su reunificación familiar», se lee en el documento dirigido por el adjunto de Derechos Humanos, Carlos Fernández.
Tras recomendar a Migraciones evaluar que se admita, de manera excepcional, el ingreso de niños y adolescentes que buscan reunirse con sus padres, así como de personas en situación de vulnerabilidad, sobre la base del principio de reunificación familiar e interés superior del niño, el documento concluye recordando que el Perú se ha comprometido internacionalmente a la protección de los refugiados, a través de su adhesión al Pacto Mundial sobre los Refugiados del 2018. Asimismo, se precisa que la Defensoría del Pueblo no está de acuerdo con el ingreso irregular de personas extranjeras a nuestro territorio, pues siempre ha abogado por medidas que permitan un ingreso regular, ordenado y controlado.
La presencia de venezolanos en esta condición fue corroborada en una visita efectuada ayer por representantes de la sede de la Defensoría del Pueblo en Tacna a la Línea de la Concordia, donde se pudo observar a cerca de 20 personas varadas por no contar con pasaporte vigente ni visa para ingresar al territorio nacional, entre los que se encontraban adultos mayores y niños. Tras ello se sostuvo una reunión con el jefe de Migraciones del Complejo Santa Rosa y con el representante de la Superintendencia Nacional de Migraciones en Tacna a quienes se explicó la necesidad de brindar atención especial a las personas vulnerables.
