La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) han presentado ante la Corte Penal Internacional (CPI) una denuncia contra la presidente de la República Dina Boluarte por la masacre de 49 personas que protestaban pidiendo su renuncia, el cierre del Congreso y nuevas elecciones inmediatas.
Las citadas organizaciones se reunieron con la Fiscalía de la CPI para mostrar evidencia de que los asesinatos e intentos de asesinato durante las protestas contra el régimen se trataron de ataques sistemáticos.
La denuncia señala como fundamento informes detallados sobre las muertes con especificación de las causas de los decesos y los patrones de las lesiones y argumenta que militares y policías realizaron un uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza, atentando principalmente contra “hombres jóvenes e indígenas”.
Señalan que la represión del gobierno de Dina Boluarte debería ser considerada crímenes de lesa humanidad, según lo establecido por el Estatuto de Roma. Debido a las amenazas al Ministerio Público, las organizaciones han solicitado que esta institución internacional inicie una investigación para indicar sobre lo sucedido en el país, entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
Además de las investigaciones de la Fiscalía de la Nación, las imputaciones se basan en informes de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).
En el documento, criticaron la negación del Ejecutivo por “culpar a los mismos manifestantes de la violencia ocurrida en contra de ellos, tildándolos de terroristas” y consideran acciones del Gobierno que justifican las muertes de los manifestantes con actos como la promoción de algunos militares que participaron en las masacres.
“…se han ido premiando a algunos militares que estuvieron involucrados en realizar acciones, han sido premiados con felicitaciones y agregadurías militares. Todo eso abona una responsabilidad desde el alto cargo que es la presidencia de la República”, declaró a Infobae la abogada de Aprodeh, Gloria Cano.
Comentando las protestas, el Gobierno de Boluarte argumenta que los fallecidos son conseuencia de centenares “manifestaciones violentas” que presuntamente buscaban pervertir el orden constitucional.
