El Decreto de Urgencia (DU) Nº 003-2017, emitido por el Ejecutivo para impedir que el dinero producto de prácticas corruptas cometidas por las empresas brasileñas salga del país y respalde la continuidad de proyectos y obras de inversión, no garantiza el resarcimiento económico a favor del Estado, ni tampoco incluye a las compañías consorciadas con las extranjeras materia de investigación.
Así opinó el economista Juan Mendoza ante la Comisión Lava Jato del Congreso, donde agregó que la pérdida en rentabilidad social por el proyecto de las Interoceánicas (IIRSA) impulsado en el gobierno de Alejandro Toledo es de aproximadamente mil millones de dólares. “Se debería olvidar el (DU) 003, esa sería mi recomendación y empezar de cero”, agregó.
“No garantiza que haya un resarcimiento económico adecuado al Estado. La reparación civil que se estima en el decreto de urgencia y que es depositada en el fideicomiso, es un estimado de la reparación que va a obtener el Estado porque es el Poder Judicial el que determina el monto de la reparación. Más aún, la reparación no se calcula de manera global sino por proyecto”, afirmó.
Mendoza Pérez puso como ejemplo el caso del proyecto Olmos, del cual señaló que no se podría calcular una reparación civil, ya que la empresa Odebrecht no ha reconocido hechos de corrupción, requisito indispensable para la ejecución del dispositivo. “Entonces es un vacío del decreto”, dijo.
Añadió que el monto a resarcir no es fácil de calcular, por lo que se requieren peritos al no conocerse si la concesión valía o no lo que se pagó. Además, afirmó que la Procuraduría no conoce el convenio de cooperación fijado entre la empresa Odebrecht y la Fiscalía.
“En el decreto no se detalla cómo sería la comunicación entre la Procuraduría y el Ministerio Público. Sabemos que hay un acuerdo con Odebrecht, pero la Procuraduría no conoce dicho acuerdo, entonces está limitada para fijar el monto de la reparación civil”, sostuvo.
El analista, quien fue invitado a la sesión del grupo indagador del Congreso para que brinde información sobre la implicancia económica en los diversos proyectos de inversión, los cuales se investiga, agregó que el DU tampoco limita la identidad de quien compra bienes y derechos de las personas comprendidas en el proceso.
“Podría darse el caso de una venta simulada. Si yo soy a una empresa corrupta, por qué no podría simular venderme los activos que tienen problemas a mí mismo, con otra razón social. Es harto difícil determinar la estructura societaria de los compradores porque pueden ser fondos de inversión. No determina parámetros y precios de compra”, consideró.
Las consorciadas
Juan Mendoza dijo estar de acuerdo en que otro vacío del decreto de urgencia es el referido a la ausencia de la responsabilidad de las empresas consorciadas de Odebrecht que conocían del pago de coimas.
Como es público, el ex hombre fuerte de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, aseguró que las empresas Graña y Montero (GyM) y JJC Contratistas Generales sí conocían el acuerdo para pagar millonarias coimas al expresidente Alejandro Toledo a fin de que el consorcio que integraron se adjudique los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica.
En otro momento, Mendoza afirmó que el país perdió un promedio de mil millones de dólares con el proyecto IIRSA que, según dijo, se estructuró para favorecer a la empresa brasileña Odebrecht.
“Los beneficios de la carretera son por lo menos mil millones de dólares inferiores a los costos y soy bien conservador como economista [que soy]. Es muy sencillo darse cuenta que hay pérdida, otra es precisar, no solo es el mal diseño del proyecto, sino los arbitrajes y otros”, añadió.
No se sabe –dijo Mendoza– cómo es que el Gasoducto del Sur no tuvo desde el 2008 ingresos garantizados y que, en su lugar, ha tenido hasta el año 2014 un costo de ejecución de 7,300 millones de dólares. Durante ese periodo, el Estado tampoco ha cobrado ninguna carta fianza por incumplimiento de contrato.
Jorge Castro
“Existe ánimo de ocultar información”
El congresista Jorge Castro, del Frente Amplio, denunció un ánimo obstruccionista de parte de algunas instituciones del Estado en contra de la Comisión Lava Jato.
“Nosotros estamos observando claramente que hay una situación de tratar de ocultar información para esta comisión no camine, ese es el tema de fondo. Ahora, si estarán vinculados al Gobierno o no, es muy probable”, afirmó.
El parlamentario se refirió que existe una serie de atrasos en la entrega de información como en el caso de la Sunat. “Estamos creyendo lo que ha dicho Odebrecht. Cuando hemos solicitado la información de estados financieros a la Sunat, tampoco se nos ha entregado”, se quejó.
No los toca
En este punto, el congresista Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular, aseguró que existe un cartel de empresas al cual el Gobierno no quiere tocar, como en el caso de GyM.
Expreso, 02.08.2017
