Los coordinadores nacionales y delegados de las fiscalías especializadas y penales del Ministerio Público advirtieron que las investigaciones enfrentan un “serio riesgo” ante los insuficientes recursos económicos asignados a su sector por el Ejecutivo.
En una declaración publicada en la plataforma X, explican que el Poder Ejecutivo ha rechazado de manera repetida el financiamiento requerido que asegure el desempeño de todas las divisiones fiscales.
“El Ministerio Público necesita para este año 81 millones de soles para no afectar el trabajo de todos los subsistemas fiscales y las áreas de apoyo a la labor fiscal. Desde la Fiscalía de la Nación se han realizado ocho demandas para lograr contar con el presupuesto adicional, pero siempre han sido denegadas”, advirtieron y señalaron que la Constitución les confiere la responsabilidad de impulsar la acción penal en defensa de la legalidad.
Crisis amenaza operaciones contra el crimen organizado
Los voceros del Ministerio Público alertaron que desde este setiembre están en serio riesgo todas las diligencias fiscales, incluyendo intervenciones contra la delincuencia organizada y la extorsión, la identificación temprana de casos de trata de personas, el rescate y protección de víctimas, además de las investigaciones en materia ambiental vinculadas a la minería ilegal y tráfico de animales silvestres.
También resultarían afectadas las indagaciones contra redes de corrupción, casos de lavado de activos y extinción de dominio junto a las pesquisas sobre desapariciones forzadas y violaciones de derechos humanos ocurridas en las protestas de 2022 y 2023.
“No podríamos seguir ubicando e identificando a las víctimas de desapariciones forzadas y los grupos de personas vulnerables quedaría más expuestas”, advirtieron.
Destacaron que el Ministerio Público ha evidenciado efectividad en el manejo de los recursos económicos. “El año pasado se logró una ejecución presupuestal del 97% y, a la fecha, se cuenta con una ejecución de más del 60%”, recordaron y reiteraron su solicitud: “No podemos exigir a los fiscales que trabajen sin las mínimas condiciones. Solicitamos atender el pedido presupuestal del Ministerio Público, a fin de garantizar que exista justicia para todas las personas. La justicia no es un gasto, es una inversión indispensable para fortalecer nuestra democracia”, indicaron.
El representante de las Fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, Mirko Cano Gamero, precisó que la Fiscalía ha realizado ocho demandas para intentar contar con el presupuesto adicional, pero todas han sido denegadas.
Se afectaría la lucha contra la extorsión, el crimen organizado, trata de personas
Las acciones necesarias para atender los casos de cada fiscalía especializada se verían afectadas. “Se podrían paralizar operativos importantes contra el crimen organizado y la extorsión y los de detección temprana en caso de trata de personas”, advirtieron.
“Las redes de corrupción seguirían creciendo por falta de profesionales y recursos»” expresó Cano. Rosario Isabel Quico, fiscal superior titular y coordinadora de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad, indicó que no podrían “seguir ubicando e identificando a las víctimas de desapariciones forzadas y los grupos de personas vulnerables quedarían más expuestas”. Tampoco podrían concluir investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en las protestas del 2022 y 2023.
El coordinador de la Oficina de Coordinación y Asistencia en Justicia Intercultural del Ministerio Público, Andrés Montoya, expresó: “El Ejecutivo ha declarado que debemos luchar juntos contra la minería ilegal y contra el crimen, que no es momento de enfrentarnos entre instituciones y estamos totalmente de acuerdo con ello. Nuestro éxito es parte de un trabajo conjunto, pero no podemos exigir a los fiscales que trabajen sin las mínimas condicione”».
La fiscal superior provisional Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas, Rosa Romero indicó: “Solicitamos atender el pedido presupuestal del Ministerio Público a fin de garantizar que exista justicia para todas las personas. La justicia no es un gasto. Es una inversión indispensable para fortalecer nuestra democracia”.
