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El Pleno del Congreso aprobó, por unanimidad, la moción que exhorta a los 130 legisladores a que se realicen un test de titulación de anticuerpos neutralizantes postvacuna para descartar que alguno de ellos se haya vacunado con el lote de vacunas proporcionadas por el laboratorio Sinopharm para ensayos clínicos.
111 parlamentarios se pronunciaron a favor. No hubo votos en contra ni abstenciones en la sesión conducida por el segundo vicepresidente, Luis Roel Alva.
“(…) Los congresistas asumirán el costo del test de titulación de anticuerpos neutralizantes postvacuna”, señala el documento aprobado.
También se exhorta a los titulares de la Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la Republica, Presidencia de la Corte Suprema, Junta de Vocales Supremos, Fiscalía de la Nación, Junta de Vocales Supremos, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, altos mandos del Comando Conjunto, miembros del Jurado Nacional de Elecciones para que se realicen dicho peritaje
Así también, a los titulares de la Oficina Nacional de Proceso Electorales, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Junta Nacional de Justicia, magistrados del Tribunal Constitucional, gobernadores regionales, alcalde de Lima Metropolitana, así como los ministros actuales, viceministros y exministros de Estado del Gobierno actual y anterior (Vizcarra).
La moción plantea, además, constituir “un grupo especializado de congresistas para la evaluación del test”, el cual estará conformado por Felipe Castillo Oliva (PP), Posemoscrowte Chagua Payano (UPP) y Absalón Montoya Guivin (FA).
El grupo tendrá un plazo de 15 días hábiles para la evaluación y coordinación del test al que se someterán los altos funcionarios arriba mencionados.
Precisamente, Manuel Merino De Lama (AP), ponente de la Moción 13857, solicitó en el inicio del debate que los integrantes de las diversas bancadas incorporen sugerencias para mejorar la iniciativa, que tiene el fin de reivindicar al Parlamento.
Arón Espinoza Velarde (PP) manifestó de inmediato que, de acuerdo con información recibida, hay un laboratorio argentino, de costo bajo, que las realiza, y pidió que se incluya en el texto sustitutorio que los congresistas asumirían el costo de dicha prueba, que sería de 18 dólares.
Ricardo Burga Chuquipiondo (AP), más adelante, respondió que no es necesario viajar a la ciudad de Argentina para hacerse la prueba; más bien, podría realizarse un convenio con dicho laboratorio; y planteó elegir una comitiva de tres congresistas médicos para la elección del laboratorio, lo que se incluyó en el texto sustitutorio.
Lenin Checco Chauca (FA) pidió recordar que la crisis de la salud pública es culpa del señor Vizcarra y continúa durante el actual Gobierno. “No hay cambios, todo continúa como siempre, en la misma situación caótica, esto no es de ayer, este es de un espacio sistémico. Tiene un nombre: una Constitución que no permite, en estos tiempos, controlar los precios”.
Diethell Columbus Murata (FP) señaló que su bancada está plenamente de acuerdo con la moción presentada, porque nadie va a discutir la necesidad de transparentar la verdad; sin embargo, había que pensar en las formalidades, porque la Constitución no obliga a que una persona se someta a un examen médico.
En segundo lugar, dijo, hay que ser prudentes, porque no vaya a ser que aquellos parlamentarios que ya han tenido COVID-19 el resultado les salga positivo y todos los van a querer linchar. “No vaya a ser que, por el ímpetu de la moción, resulte algo peor, y eso provocaría una ola de desprestigio contra el Parlamento”.
Carlos Almerí Veramendi (PP) indicó que hay que aclarar el derecho a la confidencialidad y a la intimidad personal, por tanto, ninguna ley seria obligatoria para cualquier ciudadano o cualquier parlamentaria, pero el objetivo es dar una muestra de transparencia al ciudadano
Daniel Oseda Yucra (Frepap) exigió que, si alguien se vacunó en secreto, debe dar la cara, y de que allí la necesidad de que se fortalezca el principio de transparencia, que debe ser transversal en toda la función pública.
Daniel Olivares Cortez (PM) dijo que, a pesar de que apoya la moción, es lamentable que sea necesaria. Hay una crisis de desconfianza, indicó, y eso nos afecta mucho como país. Si seguimos adelante, hay que hacerlo bien. Por ello, estuvo de acuerdo con lo propuesto por Martha Chávez de convocar a un infectólogo para que brinde asesoramiento.
Rolando Campos Villalobos (AP) dijo que respecto a la COVID-19 no se conoce nada, es un enemigo desconocido.
“La efectividad de la prueba que nos hagamos de repente nos lleva a confundir. Eso preocupa. Debemos pedir asesoramiento. Si no vamos a quedar muy mal ante la opinión pública”.
Napoleón Puño Lecarnaque (APP) lamentó que el sentido de la veracidad se haya perdido, pues “habiendo presentado una declaración jurada, ahora se nos exija una prueba, como si no sirvieran para nada”.
Guillermo Aliaga Pajares (SP) ratificó su intención de participar en estas pruebas para verificar que ninguno de los miembros de su bancada se ha vacunado. E informó que ha remitido un oficio al titular de la comisión especial que investigará quiénes se han vacunado, “verifique que en dicha lista existen algunos personajes que tienen afiliación partidaria”.
