El Poder Ejecutivo presentó este jueves al Congreso de la República un proyecto de ley mediante el cual solicita se le otorgue facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana y otras por un plazo de 60 días.
La solicitud al Congreso piden disponer el trámite de la propuesta con carácter de muy urgente, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Constitución Política.
En su artículo primero, el proyecto de ley señala: “La presente Ley tiene por objeto delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en la materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada y crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional por el plazo de 60 días calendario, contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley”,
Argumenta que el objetivo de esta delegación de facultades es garantizar la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad organizada, así como impulsar la economía responsable y el fortalecimiento institucional, en beneficio de la ciudadanía.
Las facultades solicitadas comprende estas tres materias:
– Seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad organizada
– Crecimiento económico responsable
– Fortalecimiento institucional
El proyecto de ley del Ejecutivo indica que el pedido “tiene como finalidad fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar la inseguridad ciudadana y la criminalidad organizada, mediante la emisión de normas con rango de ley que optimicen la respuesta institucional y mejoren la eficacia del sistema penal, policial y penitenciario”.
Comprende 23 medidas, de las cuales serán priorizadas la creación del Subsistema Especializado contra la extorsión y sus delitos conexos (SEEDC) y la creación y regulación de la Brigada Canina de Seguridad Penitenciaria del Instituto Nacional Penitenciario.
Según el documento, estas medidas se aplicarán de manera progresiva y se financiarán con cargo al presupuesto institucional de las entidades competentes, mientras que las otras medidas no irrogarán gastos.
El Gobierno sostiene que estas medidas serán efectivas. “En consecuencia, se espera un impacto positivo en los indicadores de seguridad ciudadana y una mejora sostenida en la eficacia de las políticas públicas de prevención y control del delito”, dice en su exposición de motivos.
