Modernización del ejército chileno
La Modernización en los distintos Roles
– Los nuevos escenarios en el ámbito de la defensa.
– El entorno político, social y económico del Estado y del Ejército.
– El análisis situacional del Ejército.
– Los avances científicos-tecnológicos y la necesidad de incorporarlos a la fuerza y sus soportes logísticos y administrativos.
Debe entenderse por lo tanto que el Ejército lleva a cabo el proceso abarcando objetivos de orden político (en el marco de las relaciones político-institucionales), aportando al desarrollo (construyendo caminos con el Cuerpo Militar del Trabajo o entrenando a personal municipal en prevención de crisis mediante ejercicios de simulación, por ejemplo) y asumiendo aquellos de orden castrense que tienen por misión «readecuar, racionalizar y optimizar los potenciales humanos y materiales tendientes a contar con un Ejército altamente profesional, tecnificado, potente y flexible, capaz de cumplir su misión institucional manteniendo los principios y valores que lo sustentan».
Tales objetivos del «Plan Alcázar» se llevan adelante con la cooperación o el no apoyo a las siguientes iniciativas que interrelacionan a la institución con los niveles de la conducción política del país, política-estratégica y estratégica de las Fuerzas Armadas.
– Apoyo a desaparición de Misión Constitucional controvertida: En el Proyecto de Reforma Constitucional el Ejército no demuestra su desacuerdo con el informe de la Comisión de Constitución del Senado que modifica el capítulo X de la Constitución del 80. [Capítulo X: Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad. Suprime los incisos del artículo 90º que establecen que las Fuerzas Armadas, en conjunto con Carabineros, «garantizan el orden
institucional de la República»
– La Defensa de la Relativa Inamovilidad del Comandante en Jefe:
El Gobierno plantea como un imperativo democrático el retorno a la Presidencia de la República de la facultad que permite la remoción de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden en la discusión sobre las reformas constitucionales en el Parlamento, quienes hoy sólo pueden ser apartados de su mando de cuatro años por medio de una acusación constitucional o en «casos calificados» y por acuerdo entre el Jefe de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional. El Ejército manifiesta que el
profesionalismo de los cuadros militares se encuentra garantizado justamente por la inamovilidad y evita su politización sobre la base de antecedentes históricos.
– Extrema cautela por la formación de un Estado Mayor Conjunto:
Sin encontrarse por el momento entre sus prioridades y consciente de las reticencias que despierta en el mundo militar, el Ministerio de Defensa precisa que la necesidad de posicionar el tema de la interoperatibilidad entre las instituciones de la defensa no persigue eliminar las Comandancia en Jefe al estilo de un Estado Mayor Conjunto estadounidense, sino el logro de alcanzar una mayor eficiencia en el uso de los medios militares. Una iniciativa de este tipo no se descarta en el futuro porque la reformulación del Ministerio de Defensa Nacional puede llevar a proponer un Estado Mayor Conjunto que tome en cuenta los factores prácticos e históricos del país y sus Fuerzas Armadas
de los estudios universitarios, pero dado los incentivos establecidos se espera que la voluntariedad aumente paulatinamente hasta alcanzar el número de 15 mil conscriptos requeridos en un plazo de cinco años.
– Respaldo a un Uso más Racional de los Recursos: Ante una solicitud del gobierno enviada a fines de octubre del año 2001 y después de tres meses de estudio el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea llegan a un acuerdo en aquellas áreas donde trabajarán en forma conjunta para reducir los costos de
operaciones. El documento, aprobado por el escalón político, engloba más de 70 tareas-obligaciones en las áreas de logística, educación y personal a lograr en el corto, mediano y largo plazo por cada una de las instituciones Un dato adicional y no menor es la culminación en el año 2000 del pago de la deuda acordada por el Ejército en la década de los años 70 por la renovación del material bélico
– El Apoyo a una Profesionalización Creciente: El cambio generacional que existe en el nuevo cuerpo de generales coopera a la profesionalización encabezada por el General Izurieta pues a la fecha del 11 de septiembre de 1973 todos eran oficiales subalternos. De la misma manera hay que asumir la reducción de sus miembros, de 40 a 33 generales. Otro factor es la adecuación del escalafón: A fines del año 2001 cerca de 2 mil oficiales y
suboficiales dejan el Ejército (el 10% de los cuadros profesionales). Ello contribuye a adecuar los planes de racionalización, da un fuerte «tiraje a la chimenea» y reconstruye una distorsión causada en la pirámide por el aumento significativo de las promociones salidas de las escuelas matrices entre 1974 y 1978.
– La Necesaria Modernización Previsional de las FF.AA. y Carabineros:
De los 2 mil 507 millones de dólares previstos en el presupuesto de defensa, 897 millones corresponden al pago de pensiones de las Fuerzas Armadas y Carabineros (Mil 60 millones de dólares en el 2003). El colosal déficit constituye una bomba de tiempo y tiene múltiples orígenes. Los analistas del tema coinciden en que tarde o temprano se tenderá hacia un sistema de capitalización individual acorde con las características de la profesión militar pues a mediano plazo el pago anual de los uniformados pensionados podría llegar a superar la inversión propiamente militar.
– Ampliación de la Intervención en Misiones del Nuevo Escenario Internacional:
El Ejército participa en operaciones de imposición de la paz (bajo
capítulo VII de la ONU) en la Administración Transitoria de Naciones Unidas en Timor Oriental con integrantes de la Brigada de Aviación desde el año 2002 (UNTAET). Adicionalmente interviene en operaciones de mantención de la paz (bajo capítulo VI de la ONU) en calidad de observador en el conflicto India-Pakistán desde 1949 (UNMOGIP). La entrada en funciones del Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz (CECOPAC) en el Campo Militar «René Schneider» de La Reina a partir del año 2002 permite la adaptación a una nueva proyección de la profesión militar porque el perfil del soldado de la ONU es distinto al tradicional. A él concurrirán miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros que recibirán una instrucción multidisciplinaria. De las 250 mil minas enterradas en el país, 150 mil se encuentran en el extremo norte y comenzarán a ser desactivadas por la VI División en cuanto comience a regir la ratificación del Tratado de Ottawa (firmado en 1997 por 136 países que se comprometen a erradicar el uso, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales), por un monto que fluctúa entre 250 y 300 millones de dólares en un plazo de diez años. El Ejército adquiere tanques barreminas con el propósito de acelerar un proceso que hasta la fecha realizan manualmente efectivos especializados.
– Modificación de los Planes de Estudio:
La evolución de la malla curricular en la Academia de Guerra del Ejército (a los dos primeros cursos regulares netamente militares se suma un tercero de carácter político-estratégico) y la previa reforma en la Escuela Militar y la Escuela de Suboficiales dan cuenta de una adecuación a los nuevos tiempos en el sentido de la reprofesionalización del uniformado.
El Corazón del «Plan Alcázar»: la Reestructuración y Equipamiento de las Fuerzas
– Centralización de las Academias de Guerra y Politécnica Militar y la Escuela de los Servicios en los terrenos del Campo Militar «René Schneider» de La Reina, junto a la infraestructura habitacional para profesores y alumnos.
– Reorganización del Comando de Apoyo Logístico, centralizando 11 unidades en tres instalaciones de funciones similares y gestión centralizada.
– Creación del Comando de Salud del Ejército prioritario en la agenda l e inauguración de las obras del futuro Hospital Militar en el Campo Militar «René Schneider» de La Reina – Modernización del Comando de Apoyo Administrativo.
La concentración de las unidades para el nuevo diseño del Ejército del Bicentenario pasa de un esquema de presencia territorial concebido en los inicios del siglo XX a otro conformado por divisiones y regimientos de «armas combinadas», organizado bajo consideraciones de orden estratégico, operacionales, económicas y geohumanas (permite una disminución de los servicios logísticos y administrativos) posibilita el uso de fuerzas con un alto nivel de apresto y lleva a cabo los requerimientos de entrenamiento con
el consiguiente ahorro de recursos.
Por su parte la obtención de los recursos para la continuación del «Plan Alcázar» no es un asunto menor. Esta reingeniería se concreta en una primera fase en las divisiones ubicadas en el norte (VI y I) para luego ampliarse hacia el sur del país.
Entre los aspectos cualitativos de la reestructuración y equipamiento de las fuerzas debe tomarse en cuenta el incremento tecnológico mediante la renovación del material. Un breve recuento de lo adquirido en los últimos años y programas futuros indica lo siguiente:
1. Proyectos Institucionales: Medios Antiblindaje: Incorporación del misil Mapats de largo alcance y dotado con guía lasérica / Modernización del cañón de largo alcance M-40 de 106 mm. sin retroceso con un nuevo sistema optrónico de puntería / Dotar a las unidades en el futuro con lanzacohetes desechables (o recargables) y misiles de mediano y largo alcance con
munición específica y sofisticados detectores. Medios de Mimetismo: Compra de redes con el propósito de entregar protección a todo tipo de vehículos y piezas de artillería en contra de la observación, localización e identificación de blancos.
2. Proyectos del Arma de Caballería Blindada: Adquisición de 300 unidades Leopard I modernizadas en términos de movilidad, protección y poder de fuego para el combate diurno y nocturno / Se completa la dotación de tanques AMX-30 (30 unidades) con un incremento de las prestaciones en la movilidad y poder de fuego / El tanque M-41 se mantiene en servicio tras el cambio de la planta motriz y la mejora de capacidades en el poder de fuego.
3. Proyectos del Arma de Infantería: La consolidación de un parque de 320 transportes oruga acorazados M-113 (220 adquiridos recientemente en Italia y Estados Unidos) y 300 transportes blindados de tropas del tipo Mowag «Piraña» a ruedas fabricados por FAMAE posibilitan que el programa de mecanización del arma adquiera viabilidad.
4. Proyectos del Arma de Artillería: Incorporación del sistema múltiple de cohetes israelí LAR-160 con 35 kilómetros de alcance / FAMAE y Royal Ordnance finalizan el desarrollo del sistema múltiple de cohetes RAYO con 52 kilómetros de alcance. No ha trascendido alguna orden de producción / Mejora del alcance de las piezas M-101 de 105 mm por el cambio del tubo de 22 calibres por uno de 33 / Puesta en servicio operacional del misil antiaéreo Mistral de corto alcance integrado a sistemas de mando y control / Existe el proyecto de dotar con carros blindados municioneros a los grupos existentes.
5. Proyectos del Arma de Ingenieros: Modernización del Comando de Ingenieros. La entrada en servicio de tres tanques «posapuentes», tres tanques de reparación de blindados, tres tanques convertidos para transporte de secciones de puente y dos tanques barreminas constituye el primer logro en la mecanización de las unidades del arma / Se previene dotar con tecnología de vanguardia a la ingeniería de montaña.
6. Proyectos del Arma de Telecomunicaciones: Concentración de las unidades de Informática, Guerra Electrónica y Comunicaciones en el Comando de Telecomunicaciones / Mejoras en la Red Primaria y Red Secundaria con la compra de equipos de comunicación satelital y guerra electrónica / Mejoras en la interconexión entre las Redes Tácticas y las escuelas mediante la red troncal.
7. Proyectos de la Brigada de Aviación: La compra de helicópteros de ataque para proteger el desplazamiento de las unidades blindadas-mecanizadas se encuentra postergada por razones económicas / Actualización de la flota de helicópteros de transporte y enlace tras la puesta a la venta de 20 aparatos antiguos.
– La aprobación parlamentaria del proyecto de ley que reforma el Servicio Militar de acuerdo a las características ya señaladas.
– La formulación del Libro de la Defensa Nacional de Chile 2002 a partir de la discusión en talleres de su homónimo de 1997. noviembre la versión
– La presentación al Congreso de un proyecto de ley que crea la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio de Defensa, documento fundamental que se encuentra en gestación y aún no ve la luz pública.
– La urgente flexibilización de la Ley Reservada del Cobre, herramienta necesaria para decidir sobre las próximas compras militares y con efectos sobre las compensaciones económicas, la industria nacional, el desarrollo regional y la economía a escala.
– Continuar los procesos de homologación de los gastos anuales en defensa con los países vecinos.
Junto al logro de tales propósitos quedan otros temas pendientes a impulsar por la secretaría de Estado y con efectos sobre el proceso de modernización:
– El fortalecimiento de la racionalización en el uso de los recursos por parte de las Fuerzas Armadas y la construcción de un presupuesto plurianual de defensa sobre la base de proyectos y programas.
– Impulsar como país la reforma de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas en orden a potenciar el trabajo conjunto y obtener mejores resultados por la cooperación e interoperatibilidad, reduciendo los espacios de las instancias
burocráticas y generando mejores condiciones para un uso más eficiente de los recursos.
– El perfeccionamiento el sistema previsional de las Fuerzas Armadas y Carabineros para corregir las distorsiones y disminuir de manera paulatina el colosal déficit.
– Consolidar la instalación de la comunidad de defensa desde una clara aproximación interdisciplinaria, abriendo espacios para la investigación a través de los fondos concursables y concitando la elaboración plural de conocimiento.
– Precisar el acceso al perfeccionamiento de los civiles en materias de defensa.
– Clarificar el futuro de las empresas públicas de defensa: Famae, Asmar, Enaer.
La Modernización y la Autonomía de las Fuerzas Armadas en la Seguridad del país
cuestión de policías y militares.
Así ocurrirá mientras no encuentre arraigo en el país un concepto de seguridad que vaya más allá de los marcos estrechos de la Seguridad Nacional tradicional (constreñida a la defensa unilateral del Estado y basada en el recurso fuerza) ampliando la participación a todos los actores involucrados en la socialización de una política pública y de Estado desde la base.
El nuevo concepto debe asumir las dimensiones económicas, sociales, culturales, ambientales y políticos de la seguridad del Estado, el Pueblo y la Persona en una expresión de seguridad externa (conjugando política exterior y política de defensa) y otra expresión de seguridad interna (conjugando la regulación del orden público y privado en la aplicación de una política de salud, de educación, de economía, del trabajo, de transporte, de minería, de agricultura y otras).
La sobreestimación del policía y el militar en la visión tradicional es evidente pues la función defensa y la función policial ( quienes comprenden a su vez las instituciones que gozan del monopolio legal de la fuerza) asumen una mayor capacidad de respuesta sobre aquellas propiamente civiles frente las inseguridades que afectan al único actor reconocido, el Estado.
Lo señalado, sin embargo, no explica a cabalidad la autonomía que disfruta la profesión militar. Ella se explica también por sus características originarias (alimentadas básicamente de manera endógena) y el devenir expansivo de las instituciones castrenses en Chile, ligado a la escasa importancia histórica que han prestado los grupos políticos al tema defensa en el desarrollo económico, social, político, cultural y ambiental del país
Hoy, se debe impulsar democráticamente lo que difunde el Libro de la Defensa Nacional en orden a que la política de defensa es una política de Estado, sometida al escrutinio público y dotada con el propósito de asegurar el máximo compromiso ciudadano
Si no fuera por los montos requeridos para las adquisiciones de algunos sistemas de armas (en el caso del «Plan Alcázar» son claramente menores a los solicitados por la Armada y la Fuerza Aérea) los procesos de modernización tendrían escasísimo impacto en la opinión pública.
Una sociedad democrática tiene mayores posibilidades de involucrarse en el debate cuando participa en un escenario razonablemente transparente y cuando percibe que sus representantes tienen alguna posibilidad de intervenir en la gestión. Una comunidad de defensa consolidada y un rol más activo del Congreso son vitales porque desde allí se coopera a legitimar la función defensa, se impulsa el escrutinio público y se tiende a asegurar el compromiso ciudadano.
En concreto, el sentido que el autor entrega a esta parte final del documento tiene que ver con una cualidad no deseable de la profesión militar en Chile: Si bien el «Plan Alcázar» refleja un proceso de normalización institucional creciente, su materialización también refleja una gran autarquía que se expresa en la capacidad de definir, seleccionar, gestionar, evaluar y sancionar propósitos y cursos de acción sin el concurso de la autoridad civil competente, aunque se cuente con su conocimiento y aprobación.
