Por Emad Mekay
Inter Press Service News Agency
El polémico proyecto Camisea, cuyo gasoducto de la prístina selva amazónica peruana ya se rompió seis veces, recibió luz verde de su principal inversor, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo que causó alarma entre indígenas y ambientalistas.
El resultado de dos auditorías realizadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) contradice el estudio divulgado el año pasado por E-Tech, una consultora técnica sin fines de lucro con sede en California.
El informe de E-Tech detectó graves deficiencias en la calidad del material y los procedimientos de construcción aplicados en el gasoducto de Camisea, lo que originó reiteradas filtraciones de gas en una zona ecológicamente muy delicada.
El autor del informe de E-Tech, Carlos Salazar Tirado, es un inspector soldador del gasoducto que examinó partes del proyecto en su primera fase de construcción, en 2002 y 2003.
El estudio de Salazar Tirado llevó al BID a congelar la financiación a las empresas constructoras en la amazonia peruana.
Las empresas, encabezadas por SK Corporation, Repsol YPF y Hunt, con sede en Texas, procuran un crédito de 400 millones de dólares para financiar en forma parcial una terminal de gas natural líquido y otras obras de infraestructura.
La finalización del proyecto convertiría a Perú en el principal exportador de gas natural licuado.
El BID había aprobado en 2003 un préstamo de 75 millones de dólares estrictamente para el gasoducto. En 2002, el Banco entregó cinco millones de dólares al gobierno peruano para la construcción de infraestructura y la supervisión del proyecto.
El gas licuado sería exportado a México y posiblemente a Chile y Estados Unidos, donde se devolvería al estado gaseoso.
Pero tras conocerse las conclusiones de E-Tech, el BID se comprometió a esperar el resultado de sus propias auditorías antes de aprobar más fondos.
Ahora que los nuevos informes dan fe sobre la integridad del gasoducto, se espera que el Banco libere más fondos.
La primera inspección encargada por el BID fue realizada por ICF International. La empresa encontró «un rendimiento en general aceptable» en cuatro áreas: seguridad laboral y protección ambiental, social y de salud, y también planes de contingencia y respuestas de emergencia.
Además señaló que las dos empresas responsables del proyecto tenían un rendimiento «efectivo» en el control de la erosión, reforestación y biodiversidad.
La segunda auditoría, a cargo de la firma Exponent, se concentró en la integridad física del gasoducto.
Esa empresa atribuyó la causa de los seis derrames a las condiciones geológicas, más que a la mala calidad de los materiales y del trabajo. Además, señaló que las medidas de estabilización geotécnica redujeron los riesgos.
El BID encargó las auditorías en el marco de su revisión de la financiación del proyecto, el cual fue objeto de intensas críticas por sus consecuencias sobre el ambiente y los derechos de los indígenas de la zona.
El Banco reveló los resultados de ambos informes en la reunión abierta sobre de Camisea que se realiza cada seis meses en forma alternativa entre Lima y Washington.
En la instancia participaron más de 70 representantes de diferentes sectores, organizaciones no gubernamentales, agencias del gobierno y empresas privadas.
A pesar de las garantías ofrecidas por el BID, representantes de organizaciones ambientalistas y de indígenas están convencidos de que el proyecto Camisea es uno de los más dañinos.
Estas instituciones de la sociedad civil mencionan entre las consecuencias negativas deforestación, pérdidas de gas y muerte de peces de los que depende la vulnerable población local, incluidas las cinco últimas comunidades autóctonas que aún permanecen aisladas.
Organizaciones de la sociedad civil temen que si no se resuelven esas cuestiones, el préstamo de 400 millones de dólares del BID para la segunda fase del proyecto Camisea tendrá consecuencias negativas sobre un área aún mayor del Amazonas y sus indígenas.
Para la organización Amazon Watch, contraria al proyecto, las auditorías del BID omitieron criterios fundamentales, como daños a la biodiversidad y consecuencias sobre la salud de las comunidades indígenas.
También señala que la consultora ICF se basó en su investigación de 300 páginas acerca de «indicadores administrativos» que dejaron de lado posibles violaciones de derechos humanos y a la salud de las comunidades autóctonas de la cuenca del río Urubamba, del sur de Perú.
Por último señala que carece de información precisa acerca de las consecuencias sobre el frágil ecosistema de la zona.
Camisea, uno de los proyectos de energía clave de América Latina, incluye extracción, transporte y distribución de gas natural para uso doméstico y su exportación.
El proyecto original de 16.000 millones de dólares se sitúa en una zona tropical ambientalmente frágil y remota en el valle del Urubamba del Amazonas peruano.
«Desde hace años reclamamos una auditoría realmente independiente», señaló Aaron Goldzimer de Environmental Defence.
«Nosotros sugeríamos una panel imparcial de especialistas, pero de acuerdo con la presentación de ayer, fue más bien una auditoría sobre el funcionamiento de planes y sistemas, pero no dice nada sobre las consecuencias del proyecto», añadió.
