La fiscal de la Nación Delia Espinoza ha solicitado a la Comisión Permanente anular el procedimiento de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que blindando a Patricia Benavides había rechazado a denuncia constitucional contra Benavides por un caso relacionado con “los Cuellos Blancos del Puerto”.
Espinoza alegó un presunto favorecimiento por parte de congresistas investigados, que serían favorecidos posteriormente con las acciones de Benavides dentro del Ministerio Público (MP).
Para solicitar la anulación, la fiscal de la Nación remitió un oficio a José Jerí, presidente de la Comisión Permanente del Congreso, solicitándo se declare la nulidad de todo el procedimiento actuado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales [SAC] sobre la denuncia constitucional presentada contra Patricia Benavides por presuntos actos ilícitos en un caso vinculado a “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
Espinoza había presentado el 12 de junio una denuncia constitucional contra Benavides por la comisión de los presuntos delitos de cohecho pasivo específico, encubrimiento personal agravado y abuso de autoridad, actos relacionados con un supuesto intercambio de favores que la entonces extitular del MP habría acordado con Jorge Luis Castillo Alva, investigado por el caso Cuellos Blancos, por intermedio de su abogado Jefferson Gerardo Moreno Nieves.
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, el 25 de junio suspendió a Benavides de sus cargos de fiscal suprema y fiscal de la nación, por 24 meses, por lo cual Benavides no fue restituida en dichos cargos, pese a que había sido exigido por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
El 26 de julio, la denuncia contra Benavides fue agregada en la sesión de la SAC a pedido del congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular). Se expuso el informe final que recomendaba “admitir a trámite por procedente” esta denuncia. Para burla, con 7 votos en contra, el informe fue rechazado sin debate previo, por lo cual Espinoza señala que el incumplimiento de motivación de la decisión y la ausencia de debate “vulneran de manera flagrante las reglas que rigen el procedimiento parlamentario”, y que la SAC no expresó razón alguna que justificara la negativa de admisión de la denuncia, lo cual “desnaturaliza la función de control político y convierte el acto parlamentario en una manifestación de arbitrariedad institucional”.
Debido a lo anterior, solicita que la Comisión Permanente declare la nulidad de lo actuado en la subcomisión y admita a trámite la denuncia y cuestiona que la subcomisión haya decidido abordar precisamente esa denuncia constitucional cuyo caso estaba pendiente de una resolución judicial, cuando había otras denuncias presentadas previamente contra Benavides que permanecían sin siquiera ser calificadas.
“Cabe preguntarse cuál es la razón para otorgar atención prioritaria a esta denuncia, en detrimento de otras 5 denuncias mucho más antiguas […] La única circunstancia particular entre todos estos casos es que la carpeta fiscal que dio origen a la presente denuncia constitucional contenía una medida cautelar de suspensión preventiva de derechos contra la investigada […], cuya audiencia de apelación ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema estaba programada para el 30 de junio de 2025”, cuestionó.
“¿Fue acaso esta situación la que motivó su tramitación preferente? ¿Se pretendía que un eventual archivo parlamentario influyera en la decisión judicial pendiente? Interrogantes como estas ponen de relieve la necesidad de un examen objetivo y transparente del proceder seguido en este caso”, argumentó.
La sala presidida por el juez César San Martín declaró improcedente la sanción contra Benavides, aduciendo, entre otros, que “no está autorizada la promoción de la acción penal” contra la magistrada “mientras el Congreso no declare haber lugar a la formación de causa”, por lo que “no es posible pedir y otorgar la medida solicitada de suspensión temporal en el ejercicio del cargo”.
Espinoza también destaca que el legislador Ventura compartió la mesa con Benavides el pasado 8 de diciembre, en una ceremonia de apoyo a Benavides tras ser suspendida.
“Posteriormente, es justamente el congresista Héctor Ventura […] quien solicitó la ampliación de la agenda de la sesión [de la SAC] para incluir el tratamiento de la denuncia constitucional […], votando luego por su no admisión a trámite. La coincidencia entre un respaldo político público y la actuación parlamentaria en favor del archivo de la denuncia introduce una apariencia razonable de parcialidad y de utilización de la función legislativa para proteger a la persona investigada”, señala Espinoza, y agrega que “cinco de los siete congresistas que rechazaron el informe […] mantienen investigaciones preliminares a cargo de la Fiscalía de la Nación”, como sería el caso de Jorge Montoya, Esdras Medina, Martha Moyano y el propio Héctor Ventura.
Espinoza subraya que el Reglamento del Congreso prohíbe expresamente que congresistas “comprendidos en procesos penales” puedan integrar la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, e incluso, quien era president” de dicho grupo de trabajo, María Acuña, estaba inmersa en un proceso judicial.
Finalmente, la fiscal de la Nación afirma que todo el procedimiento actuado en la SAC es “jurídicamente inválido, dado que fue emitido por un órgano […] que no estaba válidamente constituido, al integrar a miembros inhabilitados por mandato expreso del Reglamento del Congreso”.
