La Fiscalía denunció ante el Congreso de la República a la presidente Dina Boluarte y a seis ministros por asesinato y lesiones graves de 160 manifestantes que exigían su renuncia, el cierre del Congreso y nuevas elecciones entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
Los ministros deunciados son los ex presidentes del Consejo de Ministros Pedro Miguel Angulo Aranda y Luis Anlberto Otárola Peñaranda, el ex ministro de defensa Jorge Luis Chávez Cresta y los ex ministros de Interior, César Augusto Cervantes Cárdenas, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández.
En un comunicado, la Fiscalía precisa que los hechos están referidos a las protestas ocurridas de el 7 de diciembre de 2022 al 9 de febrero de 2023 en Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad.
Suman 44 personas fallecidas [41 por proyectil de arma de fuego y 3 por golpe con objeto contundente (impacto de bomba lacrimógena)] y 116 personas con lesiones graves y leves (78 ocasionadas por proyectil de arma de fuego, 27 por golpe con objeto contundente, 6 por bomba lacrimógena y 5 por otros objetos.
El Ministerio Público señala que Boluarte y dichos ministros tenían poder de mando sobre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por lo que pudieron evitar la represión violenta de las protestas. Al no cumplir con sus funciones constitucionales y legales, cometieron un delito por omisión impropia con dolo eventual y son responsables de las 44 muertes y 116 heridos graves y leves que dejó la represión.
Esta denuncia constitucional del Ministerio Público es la segunda Boluarte por las muertes en las protestas que se realizaron en Lima y las regiones del sur del país tras declararse la vacancia y producirse la detención del expresidente Pedro Castillo. La primera denuncia data del 27 de noviembre de 2023 por la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, pocas horas antes de la detención de sus asesores por un caso de corrupción y que ella fuera apartada de la conducción del Ministerio Público. Esa denuncia incluyó el delito de genocidio.
Este mes, el 18 de julio, Boluarte fue blindada por el Congreso y la denuncia de Benavides contra Boluarte fue rechazada por la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, con 14 votos en contra y cuatro a favor.
En vista de la protección del Congreso a los denunciados, el Poder Judicial no pudo procesar el caso por no haberlo autorizado dicho poder del Estado.
La nueva denuncia fue presentada por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena y no incluye el delito de genocidio, como fue el caso en la denuncia anterior.
La fiscalía indica que no se evidencian órdenes concretas de las altas autoridades ejecutivas para evitar la muerte y agresiones físicas a los manifestantes; al contrario se fomentó el uso de la fuerza indiscriminada y desproporcionada. Entre estos indicios, aparece la designación del ministro de defensa, Luis Alberto Otárola Peñaranda como presidente del Consejo de Ministros.
Sin embargo, el comunicado no aclara si la Fiscalía valoró el hecho significativo de que tras las matanzas, en lugar de destituir al ministro Otárola, Boluarte lo premió promoviéndolo al cargo de Presidente del Consejo de Ministros, al mismo estilo en que el delincuente Alberto Fujimori premió a los homicidas del Grupo Colina.
Como se recuerda, el 10 y 11 de diciembre de 2022, tras seis muertes en Andahuaylas, Boluarte, ni el Comando de la Policía Nacional, ordenaron cesar el uso de las armas de fuego, según un informe de la fiscal Rosa Retamozo Eguía, del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales, que fue incluido en la denuncia constitucional.
Ante la grave omisión de cesar con el uso de armas de fuego, el 12 de diciembre la policía disparó y mató a Robert Medina Llanterhuay , de 16 años, y dejó herido de gravedad a otro niño, Einer Quispe Navarro, de 13 años, además de Alcides Barzola Huamán, de 23 años, en Chincheros.
