El Ministerio Público solicittó 22 años y 8 meses de prisión para el congresista José Luna Gálvez, por las presuntas irregularidades detectadas en la inscripción de su partido político Podemos Perú ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), hechos en los cuales Luna perpetró los presuntos delitos de organización criminal y cohecho activo específico en agravio del Estado
A cargo del caso en el Ministerio Público se encuentra la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (Equipo 3), que además demanda penas de entre 16 y 26 años de cárcel para un grupo personas.
Dicha Fiscalía pide 16 años y cuatro meses de prisión por los mismos delitos para José Luna Morales, regidor municipal e hijo de José Luna Gálvez; 16 años y cuatro meses para José Cavassa, por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias; y 26 años de prisión para los exconsejeros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura ( CNM ) Guido Águila y Sergio Noguera, por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo específico y enriquecimiento ilícito.
Se solicitó también diez años y cuatro meses de prisión, ademas de las penas accesorias de inhabilitación para ejercer cargos públicos por tres años y ocho meses para un grupo de exfuncionarios de la ONPE implicados en el caso.
En cuanto a multas, la Fiscalía solicitó entre 200 y 850 días-multa para los imputados, y para las personas jurídicas: Universidad Telesup, 500 UIT (S/ 2 775 000), así como para el partido Podemos por el Progreso del Perú, 250 UIT (S/ 1 337 500).
Estos requerimientos fueron presentados ante el despacho del juez Jorge Chávez Tamariz, quien conducirá la etapa intermedia o de control, en la que las partes podrán formular observaciones o pedidos sobre este requerimiento acusatorio, a fin de determinar si se cumplen los requisitos que establece la ley para autorizar el inicio de un juicio oral sobre este caso.
Luna Gálvez también afronta una investigación preparatoria en la Fiscalía junto a otras personas por los presuntos aportes ilegales de los ladrones de las empresas brasileras Odebrecht y O.A.S para financiar las campañas electorales de su primer partido político, Solidaridad Nacional, en los años 2011 y 2014.
La Fiscalía describe los ilícitos organizando su desarrollo en tres fases:
Injerencia en la elección ilegal del jefe de la ONPE
La organización criminal, presuntamente liderada por José Luna Gálvez, captó a exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a través de beneficios económicos provenientes de la universidad Telesup con el fin de impedir la ratificación de Mariano Cucho y designar como jefe de la ONPE a Adolfo Castillo, quien habría sido afín para los intereses de la red.
Copamiento de la ONPE
Tras el nombramiento de Adolfo Castillo, se designó en cargos estratégicos del organismo electoral a funcionarios vinculados a la organización criminal, como extrabajadores o vinculados a la referida universidad. Este copamiento permitió ejercer control político interno dentro de la ONPE.
Inscripción ilegal del partido político Podemos por el Progreso del Perú
Mediante procedimientos irregulares y con celeridad en la verificación de firmas, funcionarios de la ONPE facilitaron la inscripción del partido político fundado por Luna Gálvez, vulnerando los principios de transparencia y legalidad electoral.
Finalmente, se ha solicitado impedimento de salida del país por 18 meses para 10 imputados.
