El abogado de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, Carlos Rivera, aseguró que los funcionarios del Congreso que aprobaron otorgar pensión vitalicia al delincuente Alberto Fujimori han perpetraro “hechos delictivos” y que la Fiscalía deberá encargarse de ello.
En declaraciones a Exitosa, precisó que los delitos cometidos serían peculado y patrocinio ilegal.
Como se sabe, la defensa de Fujimori argumentó que se le debe conceder la pensión por carecer de denuncia constitucional, sin embargo, dicha denuncia si se efectuó, y además fue sentenciado por graves delitos como homicidio y latrocinio, con lo cual no se cumple la excepción para los expresidentes con denuncia constitucional, pues sólo puede otorgárseles tal beneficio en caso de ser declarados inocentes.
Para mayor burla, Fujimori renunció a la presidencia vía fax cuando se asustó por la difusión de los famosos vladivideos y otras evidencias que llevaron a su condena. Por ello huyó cobardemente a Japón, desde donde envió la renuncia. Escogió ese país porque no hay tratado de extradición del Perú con Japón.
Carlos Rivera explicó que “los funcionarios del Congreso han cometido hechos delictivos, peculado, patrocinio ilegal, han dispuesto de presupuesto público de una manera absolutamente indebida, existiendo un mandato expreso y explícito de prohibición de que se otorgue este tipo de pensión”.
Rivera también se refirió a la carta que envió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a la presidente de la República, Dina Boluarte solicitando el cumplimiento medidas provisionales en los casos Barrios Altos y La Cantuta, ante la aprobación del proyecto de ley que prescribe los delitos de lesa humanidad.
Calificó dicha carta de “categórica y educativa”, debido a que le recuerda a la mandataria las obligaciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “Le dice al Estado peruano que lo que disponen los órganos de los tratados como la Corte IDH y la CIDH son la base de un principio fundamental del derecho internacional, es decir, que los Estados firman de buena fe, no porque alguien les puso una pistola en la cabeza. Nadie obliga a un Estado a firmar un tratado”, dijo.
