Para el circo, diversos personajes apristas se rasgan las vestiduras por la mordaza contra los procuradores, a raíz del silencio impuesto por el ministro de Justicia Gustavo Adrianzén contra la procuradora Julia Príncipe, para evitar que declare sobre las investigaciones abiertas a la cónyuge del presidente Ollanta Humala, Nadine Heredia, envuelta en diversos escándalos de presunta corrupción.

Sobre dicha norma, Diario 16 arroja luces este 10 de julio:

“NORMA PARA SILENCIAR A LOS PROCURADORES FUE EMITIDA DURANTE EL GOBIERNO APRISTA”

Entrevista16. Exprocurador anticorrupción, Christian Salas Beteta

El  Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE), presidido por el ministro de Justicia Gustavo Adrianzén solicitó explicaciones a la procuradora de lavado de activos Julia Príncipe por dar declaraciones sobre las investigaciones contra la primera dama, Nadine Heredia. diario16 conversó al respecto con el exprocurador anticorrupción, Christian Salas, quien considera el conflicto con la procuradora Príncipe pudo haberse evitado. También revela que la norma que permite pedir explicaciones a los procuradores fue aprobada durante el gobierno de Alan García.

Por Carlos Aguilar

—¿Qué opinión le merece la denuncia de la procuradora Julia Príncipe respecto a que el Ejecutivo la quiere censurar por declarar sobre las investigaciones a la primera dama de la Nación, Nadine Heredia?

He tomado conocimiento del caso. Sin embargo, no quiero solamente enfocarme en el caso de la procuradora Julia Príncipe, sino en  el cuestionamiento  hacia la norma que hace que los procuradores tengan que pedir permiso para declarar. Esto no tiene sentido. Es imposible que se pida información y cuenta de que se declara o no. Un procurador tiene que dar su opinión, es su derecho, y eso no se puede prohibir. Por ejemplo, los procuradores hemos dado declaraciones sobre narcoindultos, prensa chicha, etc. Lo que pasa es que este tipo de norma, creo yo, busca que los procuradores den cuenta de sus declaraciones cuando se trata de funcionarios públicos. Esta norma fue emitida, sino me equivoco, en el gobierno del expresidente Alan García.

—¿Es decir que esta norma que se aprobó en el gobierno de Alan García tenía cómo fin evitar que los procuradores hablen de los funcionarios públicos?

No lo sé, pero esta norma tiene esa característica y todo indica que se buscó evitar opiniones en contra de funcionarios públicos del Gobierno. Esa es la principal justificación que veo para que exista esta norma.

—¿Y por qué cree en el gobierno de Alan García se aprobó esta norma?

La única explicación para que esta norma sea una realidad es para silenciar a los procuradores que investigan a funcionarios del gobierno… No creo que tenga otro fin.

—Pero Nadine Heredia no es funcionaria pública y la procuradora Príncipe dice que no conoce sobre las cuentas en Suiza, pero opina que podría investigarse este caso… ¿Se puede decir que adelantó opinión?

Las declaraciones de la procuradora no violan o afectan el principio de inocencia ni de dignidad de la primera dama de la Nación. Yo no veo la razón para iniciar un proceso administrativo en contra de Príncipe y menos respecto a sus opiniones y  peor aún para exigirle un informe sobre sus declaraciones.

—¿Fue una torpeza del Ejecutivo mandar el oficio a Príncipe?

Yo no creo que el sustento del Ministerio de Justicia para emitir ese informe sea la declaración sobre la primera dama… No creo que eso sea el fondo… Supongo que es para pedir información de lo declarado y el por qué.

—¿Pero el pedir explicaciones a los procuradores de sus declaraciones?

 Bueno la norma limita y recorta la expresión del procurador, pero los procuradores deben expresarse libremente  sobre casos de corrupción o de tráfico de drogas, entre otros… En los procesos se necesitan dar opinión. No hay nada de malo que un procurador opine.

—En el Ejecutivo se dice que a la procuradora Príncipe se le envió un oficio  para que tenga presente que sus declaraciones pueden  ser usadas políticamente por la oposición y en este caso más aún ya que se trataba de la primera dama. ¿Le parece sólida esta hipótesis?

Es poco razonable. Las declaraciones de un procurador y más aún de uno de lavado de activos obviamente van a causar repercusiones políticas, eso es inevitable.

—Viendo todo lo que se ha dicho de la primera dama de la Nación, ¿Qué opinión tiene sobre este caso? ¿Cree que hay algo turbio como se dice?

Considero que todas las personas  tienen el derecho a la presunción de inocencia  y tienen que ser sometidos a las investigaciones correspondientes, pero hay que diferenciar el escarnio político  del que quiere sacar provecho electoral que es inevitable. Esto escapa de los procuradores que saben muy bien qué declarar o no, ya que siempre guardan la reserva del caso.

—¿Cuándo fue procurador anticorrupción le han solicitado que no declare o le han pedido explicaciones?

Una vez me pidieron una explicación por una denuncia que me hizo el congresista Heriberto Benítez, pero de ahí no he tenido problemas. Nunca me han pedido explicaciones.

—Le insisto, ¿no ha sido una torpeza del Ejecutivo mandar un oficio pidiéndoles explicaciones a Julia Príncipe?

Creo que se han adelantado, se puede coordinar por teléfono. Se puede consultar y coordinar teniendo por delante siempre la verdad de los hechos y así evitar este tipo de confrontaciones. 

Es importante precisar que la norma a la que hace referencia el exprocurador anticorrupción, Christian Salas, es el Reglamento del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, aprobado en el 2008, durante el segundo gobierno del expresidente Alan García.

En este reglamente se establece es causal de inconducta funcional “realizar declaraciones a los medios sin autorización del consejo”. Pese a ello, el gobierno de Ollanta Humala no ha prohibido a la procuradora Julia Príncipe declarar.