Gobierno sigue aumentando penas de prisión sin construir más cárceles, ahora por bloqueos

Peligro para la democracia en caso de aportes para marchas

Como si fuese la panacea, el gobierno se ha dedicado a utilizar las facultades que se le otorgó para legislar en materia de seguridad para promulgar normas que lo que hacen es sólo noticia, pero no una lucha efectiva contra el crimen, como el incremento de años de condena para ladrones de teléfonos celulares y ahora para quienes bloqueen carreteras, esto sin siquiera construir más cárceles.

No sólo el gobierno no construye más cárceles, sino que promulgó una norma para combatir el hacinamiento en las prisiones liberando a reos sentenciados por delitos con penas de prisión de hasta diez años, lo cual aumentará la inseguridad ciudadana. Si bien es cierto que la construcción de cárceles toma tiempo, por lo menos el gobierno debería buscar alquilar prisiones en otros países, como sucede con varios países europeos como el Reino Unido, que alquila cárceles en el exterior.

Nueva norma incrementa hasta por 15 años las penas por bloqueo de carreteras

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda, anunció la aprobación y publicación del decreto legislativo 1589, que modifica el Código Penal para garantizar la seguridad y la tranquilidad pública. “Este decreto recoge una serie de modificaciones a las penas por bloqueo de carreteras. Estas se han agravado a 15 años de pena privativa de la libertad”, dijo.

Esta condena, comparando en duración es por ejemplo:

• Igual a la que se aplica al homicidio calificado, 15 años
• Mayor que el favorecimiento al sicariato, cinco a ocho años,
• Mayor que homicidio por emoción violenta (tres a 10 años)
• Mayor que homicidio culposo (de uno a ocho años)
• Trata de personas, excepto formas agravadas (ocho a 15 años)
• Proxenetismo (cuatro a seis años), lo cual parece responder a un lobby de proxenetas en el Congreso, pues debería ser cadena perpetua. Ver; Proxenetas felices con fallo de Villa Stein en favor de la prostitución de menores y Congreso lo tolera, y Más congresistas involucrados en casos de proxenetismo
• Mayor o igual que violación sexual, excepto formas agravadas (14 a 20 años)

Como vemos, la falta de proporcionalidad es grotesca.

Otárola explicó que el decreto sanciona con pena privativa de la libertad, no menor de diez ni mayor de quince años, la afectación de las vías terrestres y fluviales, y de la infraestructura portuaria, ferroviaria y aeroportuaria, y la vinculada a la distribución de energía, hidrocarburos y minerales, entre otras.

También habrá condena, con no menos de ocho ni más de diez años de prisión, a quienes causen graves daños sobre los recursos, las infraestructuras y los sistemas esenciales para el desarrollo y el mantenimiento de las capacidades nacionales vinculadas a servicios públicos.

Peligro para la democracia

Además, considera hasta seis años de cárcel a los que de manera voluntaria colaboren con el delito de disturbios, a través de la provisión de bienes muebles, objetos o instrumentos, o de la aportación de recursos financieros.

Sancionar con cárcel los aportes dinerarios o bienes cuando hay disturbios es una amenaza para la democracia, pues hay muchas causas justas por las cuales las personas protestan, donde se suele recaudar fondos. La protesta puede devenir en disturbio por acción de infiltrados, los propios manifestantes, o por provocaciones policiales. La persona que aporta no tiene la capacidad de ver el futuro para saber si esto sucederá, por lo cual este acápite constituye una violación a la libertad de expresión. Es más, se ha visto que malos policías fabrican hechos falsos y podría darse el caso de que se incluya falsamente en la lista de aportantes a personas que nada tienen que ver con una marcha, incluyendo opositores políticos e intelectuales.

“El marco legal ahora es bastante claro. Hacemos un llamado a las autoridades competentes, en este caso al Ministerio Público, para que, a partir de la fecha, a través de este nuevo marco penal, puedan aplicar las penas y abrir las carpetas fiscales correspondientes”, proclamó Otárola.

Sin duda, la ciudadanía y prganizaciones democráticas deben rechazar estas aberraciones. El bloqueo de carreteras debe ser castigado con prisión, pero sin exagerar. Además, existe el pago de reparación por daños, lo cual es también sanción. Lo que se necesita es hacer cumplir la ley, pues en pocos casos se ha sancionado a los bloqueadores de carreteras como la ley manda.