Herbert Mujica Rojas-Diario Uno
Pertinente es subrayar que los integrantes del Servicio Diplomático del Perú son personas a las que les paga el Estado que recauda de los contribuyentes para cubrir las necesidades propias de un empleado. Son, por tanto, iguales ante la ley como cualquier otro integrante de las planillas que paga la administración pública.
Infiérese, de manera inequívoca, además, que las leyes y sus disposiciones, tanto en el Código Civil cuanto que penal, se aplican a quienes las violan o cruzan los límites allí consignados y que permiten, en la mayoría de casos, el castigo al réprobo.
El año 2018 se hicieron en el local de la embajada del Perú en Israel, grabaciones ilícitas, en un recinto privado, fuera de horas de trabajo y con un marcado direccionamiento de presentar al dueño de la voz registrada, el diplomático y titular de la Misión, Fortunato Quesada, como un abusador contra los empleados y que merecía toda la censura mediática por el suceso.
No fue todo. El asunto, sin que fuera materia de denuncia y proceso interno y administrativo, de manera urgente y reservada, aterrizó en la redacción del programa televisivo Panorama que lo sacó tal cual le fuera entregado y con el evidentísimo propósito de aniquilar a Quesada.
¿Se logró el objetivo? Pues vaya que sí. El embajador Quesada, condenado por la gravedad del informe propalado, devino en pararrayos de los “tribunales mediáticos” y a las pocas horas, a partir del lunes luego de las imágenes, numerosos “jueces” se encargaron de demoler no sólo a la persona del embajador Quesada sino también el prestigio propio de una misión diplomática a la que había que cuestionar de manera dura e inflexible en la persona de su titular.
Quesada tuvo que volver al Perú, le fue planteado un juicio administrativo que ya tenía veredicto anticipado y lo pusieron, literalmente, de patitas en la calle. Con los meses y la actuación de pruebas, denuncia penal y sanciones, desproporcionadas y monstruosas, se empezó a comprobar que existieron manos negras desde muy altos niveles y que el ministro consejero Rubín no actuó por sola iniciativa (confesó y señaló a los responsables) sino que un ex ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio, su viceministro Hugo de Zela y un embajador José Boza, formaron parte del despropósito por ojeriza, antipatía, satisfacciones a un excanciller, Ricardo Luna, retirado desde muchos años ha, del servicio, ¡vaya a Dios a saber del origen de tantas bajezas!
Quien armó o fue operador del complot ya ha confesado en torno a la responsabilidad de personas en Cancillería de muy alto mando. El chofer en Tel Aviv hizo lo propio. El plan era traerse abajo a un embajador cuyo desempeño en la organización de numerosas conferencias internacionales tuvo un notable rendimiento. ¿Y por causa de qué? El canibalismo no reconoce fronteras y he aquí que en el recinto en que se planea la acción diplomática del Perú se produjo un tema tal cual podría haber ocurrido en los más bajos niveles de la sociedad. Ni más ni menos.
El excanciller Néstor Popolizio se lavó las manos con el edulcorado lenguaje del castellano que no dice nada, porque no sabe nada y porque él es ajeno a cuanto ocurrió. En términos similares, casi idénticos, dice lo mismo el embajador Hugo de Zela. Claro el testimonio de Rubín, dice lo contrario y narra con pelos y señales cómo el embajador Boza le entusiasmaba para comunicar el asunto a Panorama, hasta le dio el número de celular para acelerar la andanada de “noticias”.
Leamos algunos puntos resaltantes de la denuncia por Delito contra la Administración Pública, en la modalidad de cohecho pasivo específico, planteada por el embajador Quesada:
“En el considerando sexto, de la Resolución ViceMinisterial 0221-2021, fecha 4 de junio del 2021, el cual refiere “De la evaluación el Despacho ViceMinisterial”, se evidencia que de manera tendenciosa el Embajador Claudio Hugo de Zela Martínez, no habría tomado conocimiento, conforme a lo previsto en el Art. 152 del Reglamento No. 28091; sin embargo, la Falta Administrativa consistiría en habese concertado con los Funcionarios Diplomáticos: Néstor Popolizio Bardales, José Boza Orozco, Pedro Alberto Mario Rubín Heraud, con la finalidad de no realizar el Procedimiento Administrativo Regular, conforme lo establece el Art. 152 del Reglamento No. 28091; sino de buscar grabaciones y difundirlo en los medios de comunicación del Programa de Televisión “Panorama”, conforme se puede corroborar de la Declaración del chofer Sr. Víctor Levy (chofer de la embajada) y de lo referido por el Sr. Guillermo Hernán Gómez Guiulfo, abogado defensor del Ministro Consejero Pedro Rubín; quien en el informe oral, que se llevó a cabo el 26 de mayo del 2020 y el descargo complementario presentado el 28 de mayo del 2020, refiere que el Embajador José Boza, habría actuado en el año 2018, en cumplimiento de las indicaciones de su jefe directo, el entonces Canciller, Embajador en el Servicio Diplomático de la República, Néstor Francisco Popolizio Bardales y con la anuencia del entonces Viceministro, Embajador en el Servicio Diplomático de la República Hugo Claudio de Zela Martínez”.
Como es fácil deducir, el asunto no es de poca monta. Por el contrario, como Cancillería decidió contra el embajador Fortunato Quesada separándolo del Servicio Diplomático y los testimonios escritos por numerosos hombres de prensa con muy rica e imbatible información, esclareciendo el tema y desbrozando la maleza que precisaban los pormenores de lo que no pudo haber sido otra cosa que un complot maléficamente armado, hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene tras de sí la responsabilidad de corregir el entuerto en todos sus extremos, admitir públicamente que se equivocó y sancionar a todos los que estuvieron metidos en el asunto, de capitán a paje.
Es hora que Cancillería demuestre que NO se ha disparado a los pies en el caso humano y profesional que ha perjudicado el proyecto de vida y trayectoria profesional del embajador Fortunato Quesada.
21.04.2022
