Inacción del Estado ante agitadores o empresas que incumplen acuerdos

La incapacidad e incumplimiento de la Constitución del presidente Pedro Castillo y su gabinete está promoviendo ña inseguridad jurídica al tolerar a los agitadores que con el pretexto de demandas sociales atentan contra el derecho de los demás de libre tránsito al bloquear vías o contra la producción de empresas, algunas de las cuales, como Las Bambas también tienen culpa al incumplir sus acuerdos.

En el caso de Las Bambas, los comuneros habían permutado sus tierras (a cambio de otros predios que aceptaron conformes) en favor la empresa y ahora regresan a invadir dicha propiedad que ya es de la empresa. No hay ningún argumento válido para invadir propiedad ajena, pues si eso se permite, ninguna propiedad estaría a salvo de invasiones antojadizas o delictivas. ¿Qué valor tendrían entonces las enajenaciones de propiedades, ya sea por venta o permuta, si se tolera estas aberraciones? ¿Para qué están la Constitución y las leyes?

En el caso de las Bambas, los comuneros de Fuerabamba alegan que la comunidad vecina de Chila invadió sus terrenos y el supuesto incumplimiento de acuerdos, pero la permuta fue validada legalmente por ambas partes, se trata de una enajenación perpetua que debe quedar como tal. No obstante, la empresa está demostrando que no hay tal incumplimiento de acuerdos. De 264 acuerdos con la comunidad de Fuerabamba, 143 se han cumplido a la fecha, 66 se encuentran en proceso de ejecución y 55 están agendados, según declaraciones a Exitosa. De otro lado, en ninguna parte del mundo la invasión de un terreno propio es justificación para invadir otro predio, pues la víctima de usurpación debe solucionar su conflicto con el invasor y no con terceros.

Acuerdos incumplidos por empresas

Según los comuneros de la comunidad de Chila, vecina a la de Fuerabamba, Las Bambas no cumplió con los acuerdos que incluyen construcción de hospital, colegios y viviendas, por ello invadieron los terrenos vendidos a la empresa, que ahora son de la comunidad de Fuerabamba.

El Ejecutivo debería actuar de garante de estos acuerdos desde el principio y con un cronograma establecido debería vigilar su cumplimiento y el incumplimiento de estos acuerdos debería estar sujeto a indemnizaciones a los comuneros desde el contrato mismo, además de sanciones pecuniaras a la empresa en favor del Estado, porque empresas como Las Bambas ingresan a nuestro país a ofrecer inversión y respeto a la ley y si no cumplen es perjucio para el Estado, que podría haber autorizado la operación de la mina a otra empresa cumplidora.

Antes Las Bambas era operada por la suiza Glencore, que no causó problemas, pero los actuales operadores chinos de MMG Ltd. no parecen ser igual de respetuosos. Los terrenos pueden ser de los comuneros o las empresas, pero el Estado es propietario de los recursos del subsuelo, por lo cual tiene potestad de fijar reglas. No basta decir que los gobiernos anteriores no hicieron nada, sino que se debe actuar y a tiempo, no se puede esperar el caos para recién intentar hacer de bombero.

Pero no sólo el Ejecutivo resulta incapaz para enfrentar estos flagelos. El Congreso ni el Poder Judicial plantean medidas para estos casos, como sería la instalación de fiscalías y juzgados especiales con jurisdicción nacional para acción sumarísima para sectores considerados importantes para el país, como principales empresas mineras, servicios públicos y otros sectores productivos vitales para el Perú, los cuales deberían ocuparse de solucionar casos de usurpación y otros delitos contra la propiedad, el libre tránsito o la libre actividad productiva, porque los litigios en el Poder Judicial pueden durar no sólo años, sino décadas y un solo día de paralización es perjuicio para el país, las empresas y los trabajadores.

Estos juzgados deberían ocuparse de sectores considerados importantes para el país, como principales empresas mineras, servicios públicos y otros sectores productivos vitales para el Perú, con lo cual se debería poner orden y fin a la ley de la selva.

Además, debe aplicarse sanciones más severas a los agitadores cabecillas que operan socavando la inversión por todo el país, unos con interés de promoverse políticamente, otros con afán de extorsionar a las empresas, y hasta chilenos, pues se ha visto que  casos en que Chile, país enemigo, envía agitadores a las zonas de producción de minera, lo cual les conviene en casos como la producción de cobre, pues si el Perú reduce su producción significa alza de precios de este metal que los chilenos también producen.