El presidente de la República, José Jerí, participó esta madrugada en un show de una requisa realizada en el penal Ancón I, una de sus primeras actividades oficiales, en medio de sus ofrecimientos de lucha contra la criminalidad.
La diligencia busca frenar delitos como la extorsión y sicariato que se gestan desde los penales, informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
El INPE señaló que además se realizaron operaciones similares en penales como Lurigancho, Trujillo y Challapalca.
En las requisas, se encontraron celulares, accesorios de equipos telefónicos, armas punzocortantes y hasta droga, detalló el ente estatal.
Sólo show
Tal vez Jerí cree que esta es una forma efectiva de combatir la criminalidad dentro de las cárceles, que a su vez irradia en forma creciente hacia la sociedad con la existencia de núcleos de cabecillas de bandas dirigiendo delitos desde las prisiones, pero no es más que una medida decorativa
Mientras se realizan estas requisas, las mafias de peligrosos criminales y sus cómplices, empleados carcelarios que trabajan para ellos deben estar riéndose, pues pasado el show continuarán en las mismas andanzas, es decir, introducir a los penales, a cambio de dinero, celulares, armas, drogas y toda clase de objetos prohibidos. Pero estarán más felices porque despojados de sus objetos ilícitos, correrán a ellos con ansias y dineros renovados para reabastecerse.
Única medida posible
Para evitar la burla del hampa carcelaria y del hampa de empleados penitenciarios la única y urgente medida capaz de paliar esta situación es la supresión total de visitas carcelarias. Allí se acaban no sólo las gollerías para los presos, sino la fuente de ingreso de las mafias del INPE.
La medida sería totalmente justificable pues de estado de crisis de criminalidad, la situación está pasando a la de calamidad ante la imparable ola, donde un papel importante lo juegan los cabecillas desde las cárceles, haya o no bloqueadores de celulares, haya o no ubicación de reos en reclusiones de “alta seguridad”, igual actúan y todo tiene su origen en las visitas.
La situación carcelaria no sólo se agrava por la existencia de empleados del INPE que más bien son otros delincuentes sino por el hacinamiento, lo cual con mayor razón justifica la medida de supresión total de visitas. ¿Hasta cuándo? Como mínimo hasta que desaparezca el hacinamiento y hasta que se haya depurado al personal del INPE.
Como siempre, los empleados a sueldo de las ONG que defienden delincuentes y nunca a la ciudadanía de bien clamarán por los derechos de los presos. No hay que escucharles, más importantes son los derechos de los ciudadanos de bien cuyas familias están siendo atacadas por el hampa, situación agravada por la delincuencia venezolana que invade el Perú.
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