Precisó Walter Gutiérrez., Defensor del Pueblo
La Defensoría del Pueblo, en el esfuerzo de contribuir con la lucha anticorrupción, declaró que el gobierno debe tomar medidas inmediatas y enérgicas en relación al caso Odebrecht.
Ayer, el gobierno informó que adoptará medidas para evitar que la empresa brasileña vuelva a contratar con el Estado, anuncio que el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, considera positivo, aunque añadió que no sería suficiente.
“Es necesario que el gobierno, en el marco de las facultades delegadas, establezca la obligatoriedad de colocar la cláusula anticorrupción en todos los contratos que celebre el Estado. Ella permite que ante un acto de evidente corrupción, los contratos puedan resolverse de inmediato, sin mayor trámite”, señaló. “Esta cláusula habría ahorrado millones de soles al presupuesto del Estado, que se han perdido en corrupción”, anotó.
Gutiérrez recordó que a través de esta cláusula, bastante difundida y aplicada en otros países, las partes dejan constancia que ni el concesionario, sus accionistas, socios, asesores o empresas vinculadas ha incurrido en ningún pago ilegal como soborno en relación a la concesión, el contrato o el concurso; y que su incumplimiento permite la resolución inmediata del mismo, sin sentencias de por medio.
“De los 94 contratos de concesión celebrados por el Estado desde 1993, que comprometen inversiones por más de US$29 mil millones, solo el del Gaseoducto del Sur, que involucra a la brasilera, ha sido noticia por su cláusula anticorrupción. Al no estar establecida en la ley, la incorporación de la cláusula anticorrupción no era obligatoria en ninguno de estos contratos”, destacó Gutiérrez.
El Defensor del Pueblo precisó que, actualmente, los contratos del Estado tienen cláusulas tipo para resolver las controversias o aplicar las penalidades, que son obligatorias, pero no se ocupa ni da una salida inmediata a casos flagrantes de corrupción”.
Finalmente, pidió al gobierno aprobar un marco general y único aplicable al sector público, que considere todas las modalidades de contratación, incluidas las que se dan hoy bajo el modelo de asociaciones público-privadas (APP), pues eso facilitaría el rol supervisor y fiscalizador y la sistematización de la información para garantizar la transparencia en el gasto.
