Según un informe de la Contraloría General de la República (CGR) enviado al Congreso, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social y vicepresidente de la República, Dina Boluarte, habría incurrido en infracción constitucional al haber participado en la gestión del Club Departamental Apurímac siendo ministra al mismo tiempo.
Si el Congreso constata la infracción podría recomendar se inhabilite a Boluarte hasta por 10 años a Boluarte para ejercer cargos públicos. El informe fue recibido por el Congreso este 20 de mayo y también habría sido entregado a la imputada.
El documento precisa que Boluarte infringió el artículo N.° 126 de la Constitución Política del Perú, que dice: “Los ministros no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa. (…) Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.
titución por realizar labores externas en el ámbito privado mientras era una funcionaria pública.
Adicionalmente, Boluarte no habría consignado en sus declaraciones juradas de intereses que dos familiares suyos, su hermano y su cuñado, fueron contratados por el Estado y recibieron sueldos por más de 50 mil soles. Tampoco reportó los datos laborales de 8 familiares «dentro del segundo grado de afinidad», tal como señala la ley, detalla RPP.
Boluarte fue designada presidente del Consejo Directivo de la asociación «Club Departamental Apurímac» para el periodo entre el 16 de febrero de 2017 al 15 de febrero de 2019. Posteriormente, en una Asamblea General, fue reelegida en ese cargo para el periodo del 16 de febrero de 2019 al 15 de febrero de 2022, cuando ya ocupaba los altos cargos que desempeña en el Gobierno.
El 16 de febrero de 2022, su periodo al mando del club fue ampliado hasta el 15 de febrero de 2024, mediante escritura pública del 20 de setiembre de 2021. Según el reporte de la Contraloría, «no se advirtió el registro de la renuncia al cargo» por parte de Boluarte.
Lo mismo habría sucedido con el consejo directivo de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú. Boluarte, en Asamblea General Ordinaria realizada en mayo de 2019, fue elegida segunda vicepresidente del consejo directivo de la institución. Sin embargo, el 8 de mayo de 2021, «la fiscalizada fue elegida como primera vicepresidenta» de dicho consejo para el periodo 2021-2023. Al respecto, el órgano de control tampoco advirtió «el registro de la renuncia al cargo» por parte de Boluarte.
El informe señala que Boluarte no consignó que dos familiares suyos, su hermano Wigberto Boluarte y su cuñado Alfredo Pezo Paredes, fueron contratados por el Estado recibiendo sueldos que sumarían más de 50 mil soles.
Sobre Wigberto Boluarte Zegarra, la CGR señaló que la vicepresidente «no consignó su lugar de trabajo» en su declaración jurada de intereses y solo indicó que era «abogado independiente». Sin embargo, el órgano de control encontró que, el 4 de agosto de 2021, fue designado en el cargo de «Asesor I» del despacho de la alcaldía de la Municipalidad de Pueblo Libre, bajo la modalidad de Régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).
Por este servicio, según indica el portal de Transparencia de la municipalidad, Wigberto Boluarte recibió, el primer mes, un sueldo de S./ 8’370. Sin embargo, en setiembre, le aumentaron la remuneración a S./ 9’300, sueldo que se mantuvo hasta diciembre de 2021. En total, el hermano de la vicepresidenta de la República habría recibido una remuneración de S./ 45’570.
Por otro lado, la Contraloría encontró que Alfredo Pezo Paredes, esposo de René Boluarte Zegarra, hermana de la vicepresidenta, recibió un pago de S./ 7 360 soles el 25 de enero de 2022, por parte de la «Contraloría-Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades», correspondiente a una orden de servicio de setiembre de 2021. El familiar de Dina Boluarte, en segundo grado de afinidad, fue contratado como docente para la Maestría en Control Gubernamental de la Escuela Nacional de Control.
Dicho familiar, según la Contraloría, declaró bajo juramento «no tener impedimentos ni incompatibilidades para prestar servicios a favor del Estado» bajo la modalidad de locación de servicios de terceros.
La CGR concluyó que «no se ha identificado todos los elementos constitutivos» de un presunto conflicto de intereses real; sin embargo, «dicha situación configura un conflicto de intereses potencial, por lo que se deben adoptar medidas preventivas»
El documento también indica que Boluarte no consignó los datos laborales de 8 familiares dentro del segundo grado de afinidad, por lo cual habría infringido la Ley N° 31227 que establece competencias de fiscalización y sanción a la Contraloría General de la República.
La CGR recomendó al Congreso «realizar las acciones que correspondan» acerca de los «actos de gestión realizados» por Dina Boluarte al integrar el Consejo Directivo del Club Departamental Apurímac mientras ejercía como ministra de Estado. En ese sentido, precisó que habría una infracción constitucional.
Además, recomendó al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado que adopte «las acciones que correspondan» referidas a la contratación de los dos familiares de Dina Boluarte «pese a que se encontraban impedidos de contratar con el Estado» .
Descargos
Ante el informe, Boluarte, vía Twitter, señaló que, como todo ciudadano, «tengo derecho a participar en la vida de asociaciones civiles sin fines de lucro» como, según su versión, serían el Club Departamental Apurímac y la Asociación de Clubes Departamentales del Perú. Asimismo, señaló que solicitó licencia en ambas instituciones antes de asumir las funciones públicas que ejerce.
Además, lamentó que «en su ausencia» se levanten «argumentos sin fundamento legal alguno».
