La ofensiva para desmantelar el Equipo Especial Cuellos Blancos
31 de enero de 2023. La fiscal de la nación, Patricia Benavides, junto a los integrantes del Equipo Especial Cuellos Blancos durante la presentación de sus avances en la escucha y transcripción de los audios. (Foto: Ministerio Público)
por Romina Mella
El viernes pasado, la fiscal de la nación Patricia Benavides removió, de forma abrupta, a la fiscal Magaly Quiroz del Equipo Especial Cuellos Blancos, que tenía a su cargo 74 investigaciones, una de las cuales es la carpeta principal (o caso madre), cuyos plazos para culminar con la fase de investigación preparatoria vencen el 28 de noviembre y para presentar la acusación fiscal el 28 de diciembre.
Para entender las graves implicancias de su salida, y la de otros fiscales de ese equipo desde que Patricia Benavides asumió la conducción del Ministerio Público –son por lo menos 13 fiscales los que han salido del Equipo Especial–, hay que remontarse al año 2021.
El 3 de marzo de ese año, la fiscal Magaly Quiroz se hizo cargo del segundo despacho de la fiscalía supraprovincial especializada contra el crimen organizado, en reemplazo de la entonces fiscal Rocío Sánchez. El mismo día fueron designados el fiscal Juan Carlos Cabrera en el primer despacho provincial, en reemplazo de la fiscal Sandra Castro; y Jeans Velazco en el tercer despacho, en reemplazo de Roxana Jáuregui, quien había renunciado previamente.
Todos ellos fueron designados por la entonces fiscal de la nación Zoraida Ávalos, quien previamente había removido a las fiscales Sánchez y Castro, tras conocerse que ambas se reunieron con Martín Vizcarra en 2018, cuando este ocupaba la presidencia de la república, en el contexto de la fase inicial de la investigación del caso ‘Cuellos Blancos’.
El fiscal Víctor Tullume permaneció en la instancia superior, el fiscal Jesús Fernández Alarcón en la instancia suprema, y el fiscal supremo y exfiscal de la nación Pablo Sánchez como coordinador del Equipo Especial.
Con esta nueva conformación, los tres fiscales de la primera instancia –Cabrera, Quiroz y Velazco– se empaparon de los casos que habían heredado, bajo la coordinación inicial de Pablo Sánchez, y empezaron a desarrollar lo fundamental para que un equipo funcione: la confianza. Juntos empezaron a entender y a construir un organigrama de lo que llamaron la macroorganización criminal ‘Cuellos Blancos’, y a trabajar sobre una base común y colaborativa, para tener el mismo enfoque a la hora de abordar los casos que cada uno, de forma individual, desarrollaba.
A este equipo se sumaron fiscales adjuntos del despacho de Tullume y dos fiscales adjuntos del despacho del fiscal supremo provisional Fernández Alarcón.
Era fundamental hacer una reconstrucción precisa de las redes de corrupción, sus métodos y la forma en cómo se habían diseminado de forma transversal sobre los órganos de justicia del Estado y otras instituciones públicas.
Los fiscales hicieron hasta cinco versiones, con actualizaciones, del documento con el organigrama de la macroorganización criminal, en las que hubo un consenso. El documento lo manejaban todos los jefes de despacho, en todas las instancias: provincial, superior y suprema. La última versión conjunta del organigrama se hizo antes de que Patricia Benavides asumiera la fiscalía de la nación e hiciera los primeros cambios en el Equipo Especial.
En paralelo al trabajo conjunto para definir la organización y su estructura, el equipo de fiscales liderados por Magaly Quiroz concentró el trabajo de las escuchas y la transcripción de audios con connotación penal. En los últimos dos años y medio, su equipo escuchó más de 63 mil audios y transcribió más de 13 mil. Los fiscales de otros despachos ayudaron en casos específicos, ya que cada fiscal tenía un conocimiento experto sobre los personajes involucrados en sus propios casos. Al ser un caso tan grande y con amplias ramificaciones, era crucial trabajar en equipo. No había otra forma de avanzar.
Cuando Patricia Benavides hizo la primera purga en el Equipo Especial Cuellos Blancos, en julio de 2022, se dio la salida del fiscal Víctor Tullume. En su reemplazo ingresó el fiscal Jorge Díaz Cabello, quien también asumió la coordinación del Equipo Especial (en lugar de Pablo Sánchez). En la instancia suprema, salió el fiscal Jesús Fernández Alarcón (en su puesto ingresó el fiscal Franklin Tomy) y fue removida la fiscal adjunta suprema Fanny Quispe, adjunta de ese despacho.
Al asumir el cargo, Díaz Cabello le renovó la confianza a la terna que inició el organigrama de ‘Cuellos Blancos’. Entonces los fiscales Cabrera, Quiroz y Velazco le informaron del documento sobre la base del cual trabajaban. Díaz impulsó una nueva actualización del documento, teniendo en cuenta los avances de las investigaciones, pero solo a nivel provincial. Esto se debió, de acuerdo con fuentes de IDL-R, a que Jorge Díaz y Franklin Tomy no llegaron a desarrollar una buena relación.
Fiscales Jorge Díaz y Franklin Tomy. (Foto: Ministerio Público)
El fiscal Velazco, que heredó dos carpetas fiscales –el caso de los empresarios Mario Mendoza y Antonio Camayo–, e inició más de 30 casos; incorporó en la carpeta fiscal del caso de Mendoza (44-2021) el documento de trabajo consensuado sobre la macroorganización criminal ‘Cuellos Blancos’.
La fiscal Quiroz también incluyó el documento de trabajo en la carpeta del caso madre (5-2018), a través de una disposición fiscal del 9 de marzo de 2023.
De acuerdo con diversas fuentes entrevistadas para este reportaje, el fiscal Díaz Cabello permitió a los fiscales provinciales y a sus equipos trabajar con cierta tranquilidad y fluidez; y fue, de alguna forma, una especie de cortafuegos entre la fiscal de la nación, con sus eventuales presiones, y los fiscales que buscaban desarrollar su trabajo con independencia.
Sin embargo, el 4 de noviembre del 2022 se dio la primera remoción a nivel de los despachos provinciales, bajo la coordinación de Díaz. Aquella vez salió Juan Carlos Cabrera, a quien, de acuerdo con fuentes de IDL-R, Benavides culpó de la filtración del informe de la Diviac que contenía un listado de registros de llamadas telefónicas, donde figuraban siete llamadas suyas con el empresario Antonio Camayo, y ocho llamadas entre el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol Edwin Oviedo y su hermana, la jueza Enma Benavides. Ese informe había sido elaborado por la Diviac en diciembre de 2020 y remitido a la entonces fiscal Rocío Sánchez el 12 de enero del 2021.
En reemplazo de Cabrera entró el fiscal Andy Junior Rodríguez, quien se integró rápidamente al equipo e incorporó el documento de trabajo consensuado sobre la macroorganización criminal ‘Cuellos Blancos’ en la espinosa investigación contra el abogado José Luis Castillo Alva, por organización criminal, que está en la carpeta 9-2019. Sin embargo, Rodríguez no duró mucho en el cargo: fue removido pocos meses después por la fiscal de la nación, junto con su adjunto Max Castro, el 15 de julio de este año.
Su salida no fue cubierta con otro fiscal sino hasta el 29 de setiembre pasado, en que la adjunta Angie Távara Roque fue nombrada como titular de ese despacho.
El fiscal Jeans Velazco renunció al Equipo Especial en mayo de este año al haber obtenido la plaza de juez penal en Lima. En su puesto ingresó el fiscal Cristhian Alfaro, quien permanece hasta hoy. A la fecha, ese despacho tiene 37 investigaciones en curso.
Como se ve, el equipo de fiscales que conduce el caso más importante de corrupción del sistema de justicia peruano ha estado sujeto a una enrevesada serie de cambios.
A esto se suma la reciente salida de Jorge Díaz Cabello, el coordinador del Equipo Especial, quien apenas en enero de este año había sido felicitado públicamente por Benavides en una conferencia de prensa. “Con el trabajo célere y eficiente de los fiscales por entregar respuestas a la ciudadanía, se ha determinado que el 21% de los audios procesados, esto es 13.081 audios, tienen relevancia penal”, dijo Benavides, quien utilizó precisamente los avances del equipo de fiscales para justificar la primera purga que hizo en el Equipo Especial, que ha sido objeto de investigación en la JNJ: “algunos, en alianza con las esferas corruptas del poder de turno, criticaron nuestras decisiones iniciales señalando una falsa desarticulación del equipo especial ‘Cuellos Blancos’, mintiendo y jugando a oscuros intereses”.
¿Qué fue lo que cambió en los meses siguientes? ¿Qué pudo generar la salida de un fiscal que dirigía un equipo cuya producción era notable?
El 21 de setiembre Díaz Cabello renunció al cargo indicando que fue por “motivos personales”, de acuerdo con la resolución publicada por el diario El Peruano.
Sin embargo, de acuerdo con diversas fuentes de IDL-R, el motivo real de su salida tendría que ver con que su despacho envió un informe al fiscal supremo provisional Franklin Tomy a raíz de la publicación de Hildebrandt en sus Trece, del 15 de setiembre pasado, que dio cuenta de los registros de llamadas entre el exjuez César Hinostroza –uno de los personajes principales de la trama de ‘Cuellos Blancos’– y el fiscal Javier Huamaní, así como las transcripciones de audios entre ambos. De acuerdo con las mismas fuentes, el despacho de Díaz anexó a la publicación periodística nueva información que implica a Huamaní en el caso.
El prófugo exjuez César Hinostroza
Javier Huamaní, un fiscal cercano a Patricia Benavides, había sido recientemente nombrado fiscal adjunto supremo provisional transitorio en el despacho de la segunda fiscalía suprema penal. De acuerdo con otra publicación del semanario, Huamaní fue compañero de Benavides en el doctorado de la Universidad Alas Peruanas; y, apenas asumió el cargo de fiscal de la nación, esta lo designó coordinador nacional de las fiscalías en prevención del delito y representante del Ministerio Público ante el grupo de trabajo multisectorial a cargo de implementar la “Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 2030”, pero su nombramiento quedó sin efecto debido a una “incompatibilidad por razones de parentesco”.
El factor JNJ
La única fiscal que había permanecido hasta ahora en su cargo en el nivel de fiscalías provinciales era Magaly Quiroz, quien conducía hasta hace unos días 74 investigaciones –71 de las cuales las inició durante su gestión–, que comprenden a más de 180 personas investigadas. Cuatro están en fase de acusación, 18 en etapa de formalización de investigación preparatoria, y el resto en fase de investigación preliminar.
De acuerdo con fuentes de IDL-R, ante la salida de Jorge Díaz de la coordinación, era previsible la remoción de Quiroz, porque era percibida como una fiscal incómoda, que no podía ser controlada.
De acuerdo con la resolución publicada en diario El Peruano del viernes 29 de setiembre pasado, la fiscal de la nación justificó la decisión de remover a Quiroz con un oficio (155-2023-MP-FN-CG-EE-CBP) hecho por el nuevo coordinador del Equipo Especial, Elmer Ríos Luque, que llevaba apenas una semana en el puesto, en el que atribuía la decisión de sacarla a la “especial necesidad de contar con un buen clima laboral”.
Un episodio que puede ayudar a entender mejor, y en parte, la remoción de Magaly Quiroz es el que acaeció el miércoles 21 de junio pasado, en su despacho del local asignado al Equipo Especial Cuellos Blancos, en Lince. Alrededor de las 9 de la mañana, el aún coordinador Jorge Díaz Cabello fue a visitarla para hablar sobre varios asuntos.
En algún punto de la conversación, Díaz Cabello mencionó que la fiscal de la nación le había preguntado sobre una de las 74 carpetas fiscales que llevaba Quiroz, la 51-2021, que involucraba a la exjueza María Zavala, actual integrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Benavides había mostrado un particular interés en que se le diera impulso a esa carpeta, y que las investigaciones de ese caso avanzaran con rapidez.
El punto de partida de esa investigación fiscal fue la declaración de un colaborador eficaz en el despacho del entonces fiscal supremo provisional Jesús Fernandez Alarcón, sobre una reunión que tuvo lugar en el stud del empresario pesquero Óscar Peña, en 2007, en la que participaron María Zavala (que entonces era la accesitaria del consejero Baltazar Morales en el extinto Consejo Nacional de la Magistratura, CNM, ahora JNJ), los entonces consejeros Guido Aguila e Iván Noguera, el comunicador Enrique Vidal, el congresista de Fuerza Popular Rolando Reátegui, el juez supremo Ricardo Vinatea y el propio Peña.
El caso, con respecto a aquellas personas que podían ser investigadas por esa instancia fiscal provincial (no aforados), entre las cuales estaba Zavala, fue derivado al despacho de Quiroz el año 2021.
En una entrevista que concedió María Zavala a IDL-Reporteros, publicada en un reportaje de febrero de 2021 que describe lo ocurrido en el stud de Peña, ella reconoció haber participado de la reunión, pero negó que se hubiera acordado un respaldo de Fuerza Popular hacia ella.
El caso, con respecto a aquellas personas que podían ser investigadas por esa instancia fiscal provincial, entra los cuales estaba Zavala, fue derivado al despacho de Quiroz el 2021.
El particular interés de Patricia Benavides en ese caso se da en el contexto en que estaba siendo investigada por la JNJ por varios hechos: la remoción de la fiscal Bersabeth Revilla para impedir que pudiera formular una acusación fiscal contra su hermana, la jueza Enma Benavides, por el presunto cobro de coimas a investigados por narcotráfico cuando integró el Colegiado E de la Sala Penal Nacional; los cambios en el Equipo Especial del caso ‘Cuellos Blancos’ al iniciar su gestión como fiscal de la nación; los registros de llamadas con Antonio Camayo;; la condecoración que recibió del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, pese a su condición de investigado en la Fiscalía por lavado de activos; y los grados académicos obtenidos en la Universidad Alas Peruanas (UAP).
Para ese momento, la fiscal de la nación lideraba ya una ofensiva contra la JNJ para neutralizar las investigaciones en su contra, y en paralelo, desde el Congreso, la congresista Patricia Chirinos lideraba otra para buscar destituir a los integrantes de la JNJ.
Como consecuencia de la remoción de la fiscal Magaly Quiroz, cuatro fiscales adjuntos han presentado su renuncia.
El volumen de documentación del despacho de la fiscal Quiroz por las investigaciones en curso es enorme. Tiene un acervo documentario de alrededor de dos mil tomos, además de un inventario de más de 13 mil audios transcritos, que deben ser entregados uno por uno en la transferencia de cargo, y la base de datos de los audios.
Los Cuellos blancos del puerto
Pese a ello, el coordinador Elmer Ríos le dio únicamente tres días para hacer la entrega de cargo a su sucesor César Silva, y le negó el pedido de ampliación del plazo. Además, en una clara muestra de hostigamiento la Fiscalía le ha exigido que hoy jueves 5 de octubre esté en su plaza de origen, en Lambayeque.
Un círculo se cierra en el caso Cuellos Blancos, pero no es el que acorrala a los involucrados.
PUBLICADO jueves 05 DE octubre, 2023 A LAS 00:07
ACTUALIZADO jueves 05 DE octubre, 2023 A LAS 07:34
