Ley Reservada del Cobre y armamentismo chileno

Considerando el aumento anual de excedentes, en los cuatro años de gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), por esta ley las FF. AA. recibirán alrededor de US$ 6,000 millones, adicionalmente al presupuesto anual de defensa de más de US$ 3,300 millones, que equivalen al 3.5% del PBI chileno. Nunca en su historia las FF AA chilenas dispusieron de tantos recursos, ni siquiera durante los 17 años de dictadura militar.

La Ley Reservada del Cobre nació en 1958 como Ley del Cobre (N.° 13.196) y gravaba a las grandes mineras privadas con 7.5% de sus ventas para las FF AA. Al nacionalizarse el cobre, en julio de 1971, Codelco empezó a aportar estos fondos. Posteriormente en 1973, a comienzos del Gobierno Militar, se promulgó la ley N.° 18.445, disponiendo el aporte de 10% de las ventas de cobre al exterior y designando 90% a las FF AA y 10% al Consejo Superior de Defensa Nacional (Consudena) para proyectos conjuntos.

Con los exorbitantes recursos provenientes de esta ley —cuyo proceso se ejecuta mediante decretos supremos reservados exentos de toma de razón y refrendación y con cuentas secretas— las FF. AA. han efectuado la adquisición masiva de unidades de combate, armamento y sistemas y equipos de combate de última tecnología y netamente ofensivos, lo cual, además de ocasionar un desequilibrio estratégico en la región, desdice las explicaciones chilenas de reemplazo de material obsoleto o de una política de defensa compatible con la cooperación internacional.

En este contexto, Chile se sigue armando, mejorando su seguridad fronteriza con la compra de un satélite de US$ 70 millones, y además, las comisiones de RR. EE. y de Defensa de la Cámara chilena intentan demostrar anticipadamente su posición en caso que el fallo de La Haya les sea adverso, ya que realizarán el próximo jueves 12 una extraña "sesión conjunta" en el Hito N.° 1, buscando dar una fuerte "señal de soberanía". Sin embargo, el ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, ha manifestado que el Perú confía en lograr con Chile un acuerdo "dentro de la línea de generación de confianza" para que reduzca su gasto militar y evitar que se distorsionen las pretensiones de paz en la región.

Lo preocupante es que por falta de recursos nuestras FF. AA. continúan debilitándose, y hasta la fecha no se ha concretado la entrega de ningún fondo para iniciar el proceso de mejorar su capacidad operativa, de entrenamiento y capacitación que les permita dar cumplimiento al mandato constitucional (Art.165) de "garantizar la soberanía e integridad territorial de la República".